El secretario de Salud, Lorenzo González, se dispone hoy a tratar de convencer a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de que se amplíe -aunque sea por un periodo de 12 meses- la cubierta de Medicaid a unos 200,000 residentes de Puerto Rico que pudieran estar atravesando dificultades económicas en medio de la peor crisis de salud que se vive a nivel mundial y local con la pandemia del COVID-19.

Así lo explicó el titular a Primera Hora en entrevista telefónica desde Nueva York, ciudad a la que arribó en el fin de semana para participar de varias reuniones en las que también ha dicho presente la gobernadora Wanda Vázquez Garced. El lunes ambos estuvieron reunidos con el director de la Región 2 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), Anthony C. Ferreri, discutiendo varios temas, entre ellos cómo garantizar fondos federales para el programa de Medicaid y los planes en la isla para la contención del virus SARS-CoV-2, el cual provoca la enfermedad del COVID-19.

Después de perderse cerca de $1,054 millones en fondos de Medicaid durante el pasado año fiscal federal, que terminó el 30 de septiembre, la JSF prevé que este año fiscal federal se pierdan entre $300 y $600 millones adicionales. El gobierno busca que esos fondos en riesgo se utilicen en la expansión del Plan Vital.

“Necesitamos que los miembros de la Junta, además de la señorita Natalie Jaresko, conozcan nuestro sentir sobre este tema y que ellos también nos dejen saber lo que piensan y aclaren sus dudas. Estamos hablando de un dinero ($5,700 millones) que nos fue asignado en diciembre de 2019 para financiar por dos años fiscales el programa de Medicaid en la isla. Nuestro plan desde un inicio era que se flexibilizara los criterios que hay para que un paciente pueda tener acceso al plan de salud del gobierno (Plan Vital) y para que 200,000 puertorriqueños pudieran beneficiarse de este servicio. Pero los miembros de la Junta no lo aprobaron porque al no ser fondos recurrentes ellos tienen preocupación de qué va a ocurrir en uno o dos años. Nuestra propuesta es que se añadan al plan esas 200,000 vidas, aunque sea por un año, reconociendo la crisis que tenemos con el COVID-19 y que esto ayudaría a un sector de la población que ha perdido sus empleos o que, actualmente, no cualifican porque sobrepasan el ingreso”, expresó González.

El plan propuesto, y que también apoya la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, es que se flexibilicen algunos criterios de cualificación al Plan Vital, entre estos que se le pueda otorgar el beneficio a personas cuyo ingreso sobrepasa los $11,316, pero que permanecen por debajo del índice federal de pobreza.

“Son 200,000 vidas que, actualmente, no tienen los recursos para pagar un plan privado, pero que tampoco cualifican para el plan del gobierno. Son personas que vamos a ayudar en la peor crisis de salud que pasa el país y el mundo en muchísimos años”, acotó el secretario de Salud.

Según González, el director de HHS, se mostró “receptivo” y hubo un acuerdo de enviar una información solicitada por el gobierno federal antes del viernes.

Respecto al COVID-19 y el plan integrado en Puerto Rico, dijo que los miembros del departamento de salud federal elogiaron las estrategias utilizadas en la isla, “en particular lo que hemos hecho en el aeropuerto y el sistema de vigilancia y rastreo de los municipios”.

“La preocupación en este tema es garantizar que todos estos esfuerzos, que también incluyen el sistema de vigilancia en hogares de ancianos, entre otros, se puedan extender durante un periodo de hasta 24 meses. Necesitamos que se extiendan los fondos para garantizar la continuidad de todos esos grandiosos esfuerzos, realizados por una generación maravillosa de científicos, muchos de ellos jóvenes, aunque haya un cambio de gobierno. Estos son asuntos que deben estar fortalecidos -al igual que el sistema de datos- para cuando llegue la vacuna del COVID a Puerto Rico”, manifestó al agregar que ese escenario está previsto para el 2021.

Recientemente, la gobernadora aseguró mediante comunicado de prensa que los desembolsos al amparo del Plan Estratégico de Desembolso para el Fondo de Alivio de Coronavirus (CRF, por sus siglas en inglés) establecido por la Ley CARES ya superan los $1,000 millones y que los mismos se han repartido en 19 programas de asistencia.

Se explicó que los fondos desembolsados al presente son $1,041 millones, que representan poco más del 50% de los $2,200 millones asignados a Puerto Rico.

La distribución incluye $251 millones para brindar asistencia de emergencia a los hospitales privados para gastos relacionados con el COVID-19. Incluye también $190 millones de los fondos disponibles para el programa de asistencia a trabajadores por cuenta propia y, como parte del programa de asistencia para pequeños negocios, se han desembolsado $122 millones, que han impactado el 96% de los negocios elegibles. Del fondo completo se han desembolsado $13 millones para empresas medianas.

Mientras, los municipios han recibido $74 millones para gastos elegibles relacionados al COVID-19. De esa cifra, cuyo monto disponible total es de $150 millones, se han asignado $72 millones para la compra de pruebas de COVID-19 y para el programa de rastreo a pacientes o sospechosos de tener el virus, incluyendo un financiamiento completo del programa de rastreo a nivel municipal.

Por otro lado, se desembolsó la totalidad de los $150 millones asignados para darle liquidez al Fondo de Desempleo del Departamento del Trabajo. Mientras, los hospitales públicos recibieron $16 millones en asistencia de emergencia y quedan disponibles $19 millones bajo este programa.