Las pesquisas contra los exalcaldes de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, y de Guaynabo, Ángel Pérez, no podrían ser iniciadas por el Departamento de Justicia hasta tanto la Fiscalía federal no culmine sus casos de corrupción en contra de los funcionarios y entregue la prueba que han acumulado en torno a los supuestos sobornos que recibieron de parte del contratista Oscar Santamaría.

Así lo reconoció este martes el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, tras enfrentar insistentes preguntas de la prensa respecto a las acciones estatales que se realizan para encausar a Delgado, quien ya se declaró culpable de recibir sobornos, así como de Pérez, quien enfrenta tres cargos por corrupción.

Según explicó, a su salida de una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi en La Fortaleza, los exalcaldes podrían ser imputados de delito contributivo a nivel local. Pero, reconoció que “ese tipo de evidencia, en estos momentos, está en manos de la Fiscalía federal. Y, ustedes muy bien saben que cuando los fiscales federales están viendo un caso o el caso está en un trámite…, pues, ese tipo de evidencia no la tienden a compartir hasta que se termine el caso”.

“Y no puedo empezar una investigación, inmediatamente, porque a la que yo diga la palabra investigación y rompa a investigar, los 90 días me empiezan a contar y ahí sí que se acaba el tiempo”, agregó Emanuelli, al estipular que por ley tiene este periodo para realizar un informe y someterlo al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Ante tales ataduras, el secretario de Justicia emitió una declaración pública sobre su relación con las autoridades federales, así como anunció una posible enmienda a la ley para lidiar con el término de 90 días que le concede para hacer una pesquisa e informarle una determinación al PFEI.

El primer emplazamiento es para que se entienda públicamente que “yo, personalmente, yo no tengo una competencia con los federales a ver quién radica más casos. Yo lo que quiero es cooperación. De la misma forma que yo coopero con ellos, que ellos cooperen conmigo”.

Indicó que, en forma de cooperación, Justicia les ha dado seis fiscales a las autoridades federales.

“Yo no lo veo como una competencia, sino como un acuerdo de colaboración. Lo que queremos es que se acabe la corrupción, la acabemos nosotros o lo acabemos a nivel federal”, enfatizó.

En este cooperación, Emanuelli dijo que ha solicitado la prueba con la que cuentan las autoridades federales contra los exalcaldes. Reconoció que se recibiría una vez cierren los casos activos en contra de estos funcionarios y otros implicados.

En segundo lugar, expuso que “se está trabajando” una medida para no atar las investigaciones anticorrupción que realiza Justicia a los 90 días que impone la ley.

No expuso por cuánto tiempo se debe extender este periodo. Dijo que ese aspecto le corresponde a los legisladores.

Dejó claro, sin embargo, que más allá de extender los 90 días, sería más importante regular cuándo empiezan a contarse el término.

“Que quede claro. Yo creo en la figura del FEI. Yo creo, verdaderamente, en la confianza que tiene ese organismo y creo en esa figura”, manifestó.

Los casos federales contra Delgado y Pérez se dieron a conocer el pasado mes de diciembre.

El exalcalde de Cataño renunció a su cargo el 30 de noviembre, antes de darse a conocer que se declaró culpable de haber recibido $2,000 semanales y costosos relojes a cambio de dar contratos a empresas relacionadas a Santamaría.

Mientras, Pérez fue acusado por un gran jurado de recibir $5,000 mensuales en sobornos, así como de conspiración y extorsión por un contrato de una empresa de construcción ligada a Santamaría.