El secretario de Justicia, César Miranda refutó hoy al arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, y aseguró que tras la determinación del Gobierno de modificar su postura sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, los casamientos civiles no están en riesgo.

“Los matrimonios civiles no pueden estar en riesgo, caen todos cobijados por las determinaciones del Estado. Hay una determinación previa que permite que las Iglesias puedan intervenir en el otorgamiento de licencias matrimoniales, pero casi siempre es en los casos en que posteriormente, hay un tipo de matrimonio religioso”, dijo Miranda.

Tras el anuncio que hizo el secretario de Justicia el pasado viernes de que el gobierno de Puerto Rico no defendería la constitucionalidad del artículo 68 del Código Civil, que prohíbe que dos personas del mismo sexo puedan casarse, González Nieves propuso la celebración de un referéndum para que los ciudadanos expresen sus posiciones sobre el futuro del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.

Además, el líder religioso llegó a establecer que la Iglesia Católica podría dejar de conceder licencias de matrimonio civil si el Circuito de Apelaciones de Boston determinara que es inconstitucional el Artículo 68 del Código Civil, que prohíbe que dos personas del mismo sexo puedan casarse.

Según el prelado católico el deber ministerial del Gobierno “debió ser defender la constitucionalidad de la legislación actual como lo hizo en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico y tal y como resolvió dicho Tribunal”.

Pero, el secretario de Justicia dijo que la determinación del Gobierno se fundamentó en los derechos civiles de todos los ciudadanos.

“Hemos tomado unas acciones que consideramos en deferencia a los derechos de que las personas sean tratadas por igual. No hay ningún tipo de contenido religioso en esta decisión que se toma”, acentuó el funcionario, en declaraciones a periodistas, luego de anunciar la radicación de tres casos de evasión, en una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia.

Sobre la demanda que las organizaciones Puerto Rico por la Familia y la Fraternidad Pentecostal (Frape) dijeron haber sometido, pero que en realidad radicaron ayer, miércoles, un grupo de legisladores del PNP, y que busca obligar al Departamento de Justicia a que defienda la constitucionalidad del Artículo 68, Miranda dijo que aún no ha leído el recurso de mandamus.

“Cada cual tienen derecho a requerirnos lo que según su criterio debe ser una obligación nuestra. Yo tengo la obligación de velar por la Constitución de Puerto Rico y si algo no cae legítimamente dentro de la Constitución que salvaguarde los derechos ciudadanos de cada cual, debo yo respaldarla”, sostuvo.

Añadió que ese es “el ejercicio de conciencia que se ha hecho en 37 otras jurisdicciones y se ha entendido que no era procedente, ética ni jurídicamente, el defender disposiciones que uno sabe que en su aplicación estarían lacerando derechos del ciudadano”.

Al preguntársele si favorece entonces que se derogue el Artículo 68 del Código Civil y si el Ejecutivo radicaría legislación a estos efectos, dijo que esa es una potestad del poder Legislativo. Indicó sin embargo, que si se radicara una propuesta a esos fines, aunque sea legislación ciudadana, comparecería para defender esa posición.

Dijo que el gobernador Alejandro García Padilla “ha sido más que consecuente al asentir a que no defendamos el artículo 68”.

El abogado insistió en que corresponde al tribunal determinar la constitucionalidad de dicho artículo.

“Yo no adjudico si es constitucional o no. Yo digo que tiene todo el perfil de violentar derechos del individuo y en ese sentido nos hemos negado a defender su constitucionalidad, pero quien determina eventualmente si es o no constitucional es el tribunal y hay que esperar a que el tribunal adjudique esta controversia”, subrayó Miranda.

Sobre la posibilidad de que el pleito radicado hoy se eleve al Tribunal Supremo, con un recurso de certificación, el titular de Justicia indicó que los procesos deben seguir el orden instituido.

“Se comienza en el tribunal, se desfila prueba. Hemos dicho en Puerto Rico que lo correcto en derecho es que se desfile prueba para que entonces un tribunal en revisión tenga la oportunidad de adjudicar correctamente. Mientras no se desfile prueba, la verdad del caso es que estamos improvisando”, acotó.