El secretario de Justicia, Antonio Sagardía, desautorizó hoy a cualquier abogado que utilice su nombre para amedrentar a un fiscal.

"Ningún abogado en Puerto Rico está autorizado a utilizar mi nombre con un fiscal y el fiscal que un abogado le diga eso, tiene que inmediatamente canalizarlo a través del Departamento de Justicia", sostuvo en entrevista radial (WKAQ).

"Esa es mi exhortación, pero no se debe canalizar a través de unos anónimos en la prensa porque eso no abona nada" a la imagen del Departamento de Justicia, acotó.

Se refirió a un artículo que publica hoy el diario Primera Hora en el que fiscales se quejan anónimamente de que son amedrentados por abogados que son amigos de Sagardía y que suelen usar la frase "voy a llamar a Tony".

El Secretario de Justicia sostuvo que él no controla lo que dice un abogado, pero que sí puede asegurar que "las decisiones en el Departamento de Justicia se toman en bienestar del pueblo puertorriqueño".

"Yo llevo muchos años en la práctica privada y litigando fuertemente, yo conozco muchos abogados. Lo importante es que si hay alguna queja de que algún abogado (está) utilizando sin mi autorización que me conoce a mí y que (dice) ’voy a llamar a Tony’, pues yo exhorto a ese fiscal que inmediatamente reporte eso", añadió.

Sagardía señaló que no le parece una casualidad que esas quejas salgan anónimamente justo cuando el gobernador Luis Fortuño le ordena investigar múltiples denuncias sobre supuestas irregularidades en el Departamento de Salud.

Fortuño le ordenó ayer que investigue el proceso de licitación y adjudicación de contratos entre el gobierno y las compañías aseguradoras que participan en el plan de la Reforma de Salud.

Otro diario publica hoy evidencia de que desde La Fortaleza se presionó al director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Domingo Nevárez, y al presidente interino de la Junta de ese organismo, Ramón Cruz, para beneficiar a la aseguradora Cosvi mediante la otorgación de un contrato para administrar dos regiones de la reforma de salud sin tener que ir a subasta.

Los informes provenientes de una fuente del diario confirman que tanto el asesor en Salud del Gobernador, Diego Loinaz, como su ayudante Johan Serrano y el secretario de Política Pública, Alejandro Figueroa, presionaron a los ejecutivos de ASES, para que aprobaran cambios en los procedimientos de selección de aseguradoras de la reforma, sin el consentimiento de la Junta de Directores.

El periódico publica un correo electrónicos del 27 de julio en el que Nevárez señala: "No pudiendo participar de la llamada telefónica el licenciado Loinaz, la licenciada Johan Serrano nos informó que la recomendación de ellos como asesores del área de salud era de que se cerrarán las regiones noreste y sureste para que fueran negociadas directamente en un proyecto de contratación con Cosvi".

La fuente del periódico no pudo indicar las razones por las que desde La Fortaleza se intentó favorecer a Cosvi, pero supo que Andrés Guillermard, cuñado y ex director de campaña del comisionado residente Pedro Pierluisi y miembro de una familia con estrechos y antiguos lazos con el Partido Nuevo Progresista (PNP), es abogado de la aseguradora.