El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, reconoció hoy que el proceso constitucional de rehabilitación en las instituciones carcelarias del país se ha visto interrumpido por la pandemia, al tiempo que advirtió la fuerte presión que ejerce sobre la agencia de seguridad la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reduciendo presupuestos y ordenando el cierre de prisiones en el país.

En el sexto día de vistas de transición del gobierno, Juanatey indicó que tras decretada a pandemia de COVID-19 en marzo pasado se detuvieron la mayoría de los 73 programas educativos vocacionales y de adiestramiento vocacional.

“Esto sin duda alguna, ha afectado en cierto sentido el proceso de rehabilitación por vigencia de los programas…muchos han tenido que ser cancelados por este tiempo porque es parte de la naturaleza para controlar el virus dentro del sistema. Solo entran oficiales y componentes de rehabilitación”, dijo el secretario.

Agregó que fue hace tres meses que se incorporaron unos módulos para poder comenzar a ofrecer los programas educativos de manera virtual. Dijo que esto permitió que unos 1,350 confinados se graduaran de cursos de electricidad, plomería y construcción.

Entre tanto, mencionó que 26 reos y tres participantes de instituciones juveniles han arrojado positivo al COVID-19 durante la pandemia, una situación que ha podido contenerse debido a los protocolos establecidos en la agencia a nivel de salud y seguridad. Mencionó que a la agencia se le otorgó $10 millones a través de la Ley CARES Act para manejar la crisis de salud pública, y de estos quedan disponibles poco más de $500,000. Sin embargo, explicó que se hacen gestiones para obtener “grants” que garanticen una asignación de fondos adicionales para atender la emergencia en los primeros meses del 2021 y la entrada de la nueva administración gubernamental.

“El sistema correccional vive apagando fuegos por la falta de presupuestos”

De otra parte, el jefe de agencia advirtió al comité de transición del gobierno entrante los escollos que enfrenta el DCR en términos de presupuesto el cual se redujo en $5 millones durante el presente año fiscal. El pasado año el presupuesto fue de $386 millones.

“El sistema correccional vive apagando fuegos por la falta de presupuestos… se trabaja día a día porque no hay una proyección de fondos claros”, expresó Rivera Juanatey.

Sostuvo que se mantienen reuniones semanales con los miembros del ente federal tratando de hacerles entender lo complejo que el sistema correccional, en cambio no ha sido tarea fácil.

“Nuestro sistema correccional es complejo, tiene diferentes custodias, hay grupos que no pueden convivir juntos, entre otros factores que no nos permiten consolidar tan fácilmente instituciones, simplemente, por cuestiones de números de confinados o empleados”, manifestó al explicar que actualmente la población de reos es de 7,398, una cifra que antes de la pandemia era de 8,784 y que se vio reducida por los casos de hábeas corpus en aquellos escenarios en los que a los confinados se les cumplió el término de seis meses para un juicio rápido y los provocados por la Ley 87. Este estatuto firmado en agosto, le da la oportunidad de recibir las bonificaciones por buena conducta y asiduidad, sujeto a las excepciones y porcentajes de acumulación preceptuados en dicho Artículo; para que toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión de noventa y nueve (99) años antes del día 20 de julio de 1989 será bonificado como lo estipula el inciso (b) de este Artículo, en el cómputo máximo y mínimo de su sentencia y será elegible para participar del Programa de Libertad bajo Supervisión Electrónica, siempre y cuando así lo determine la Junta de Libertad bajo Palabra.

Rivera Juanatey dijo que el presupuesto del pasado año fiscal tuvo que aumentarse a $29 millones adicionales pues “no daba para pagar alimentos” y otros servicios esenciales. Además, hubo un gasto no planificado del pago de unos $15 millones en horas extras a oficiales correccionales a causa de la pandemia.

“Nos preocupa que la proyección de la Junta es de $304 millones para el próximo año fiscal… estamos hablando de que será bien complejo manejar la agencia con ese presupuesto”, mencionó.

El gobierno invierte $115 por confinado, lo que es equivalente a casi $42,000 anuales. En términos generales el total de 7,398 reos que hay actualmente en las cárceles requieren una inversión anual de $310 millones.

Acotó que “hay que entrar nuevamente en conversaciones con la Junta para expresar la necesidad de que se necesita presupuesto para cubrir gastos de nónima y de servicios de confinados”.

Actualmente, Corrección tiene 6,647 confinados pero el secretario reconoce que hay déficit de personal en algunas áreas como lo son las instituciones juveniles ubicadas en Villalba y Ponce.

Mencionó también que las prisiones cuentan con estructuras anticuadas, tecnología de seguridad obsoleta (sin cámaras de videovigilancia) y el sistema de prisiones está fragmentada en instituciones relativamente pequeñas y dispersas en cuatro complejos e instituciones. Este escenario, dijo , complica la petición de la JSF de que se cierren cárceles.

“La Junta llega mucho tiempo solicitando el cierre de facilidades y es una exigencia clara… el presupuesto se realiza para obligar ese cierre y abaratar costos dentro del departamento”, dijo Rivera Juanatey al agregar que no ha sido una tarea fácil de concretar.

En veremos cierre de cárcel de Sabana Hoyos

Un análisis reciente de la agencia establece que el único complejo que podría cerrar sería el complejo de Sabana Hoyo, en Arecibo, donde actualmente está ocupado solo el 19% de espacio. El estimado de ahorro en esta cárcel es de $5.4 millones al año. Dijo que el personal de esta institución, así como su población, podría movilizarse a Bayamón o Jayuya. El nivel de utilización de las 17 facilidades de Corrección no especializadas es de un 80%, mienras el nivel de las 11 que sí son especializadas es de un 58%.

Aseguró que había intenciones de comenzar la clausura de la cárcel este año pero el gobernador electo Pedro Pierluisi se opone por razones de seguridad por la emergencia del COVID. Agregó que por “deferencia” se detuvo el proceso para que la administración entrante decida al final de camino lo que ocurrirá.

Desde el 2017 el DCR ha cerrado cinco instituciones penales dentro de centros correccionales. Estas fueron Ponce 304, Ponce 246, Guayama 945, MDU, Sabana Hoyo 728. Sin embargo, para el ente federal estas clausuras no han sido suficientes en términos de ahorros.

Otra alternativa que se ha analizado es la construcción de una institución penal, una alternativa que a juicio de Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón y presidente del Comité de Transición del nuevo gobierno, es “viable” en términos de ahorro de operación. Sin embargo, Rivera Juanatey reconoció que se tendría que cerrar, al menos, unas 10 facilidades penales “pequeñas”. “Este es un asunto que se debe conversar con la Junta y el nuevo gobierno”, dijo.

Exige justicia salarial para oficiales correccionales

Rivera Juanatey aprovechó su ponencia para exigir justicia salarial para los 6,647 oficiales correccionales de la agencia, quienes actualmente reciben una paga de $26,000 anual.

“Esto es equivalente a $1,600… los policías cobran $2,200. Igualarlo sería lo ideal”, expresó.

“Sin duda alguna considero que los oficiales de corrección están extremadamente mal pagos para todo el trabajo que realizan. Son horas fuertes de turnos, a veces de 16 horas, sin hablar de los estresores que sienten”, agregó al mencionar que hubo un intento de aumentar $300 por cada empleado, para una inversión anual de $12.5 millones de impacto presupuestario, pero los fondos identificados no son recurrentes por lo que no se pudo viabilizar.

Tardará más resolver problema de subasta de alimentos

De otra parte, el secretario dijo que entre las iniciativas en proceso se encuentra la contratación de la industria de facilidades carcelarias para optimizar facilidades existentes, desarrollar un programa de conservación y mantenimiento de las estructuras y realizar proyección poblacional penal para identificar y planificar la capacidad necesaria. Este, dijo Rivera Juanatey, ha sido un proyecto impulsado por la JSF.

Además, se trabaja en al automatización de récords penales, asi como e la instalación de videovigilancia en todas las insituciones, un sistema de seguridad que “nunca” ha existido en el aparato correccional. El área de mallas anticontrabando se elabora en Bayamón 705 y 1072, es otra de las iniciativas en proceso.

Acotó que en cuanto al asunto de renovación de contrato para los servicios de comida, lavandería y comisaria, se encuentra en un proceso de evaluación y aseveró que el mismo se ha dilatado por la etapa actual de impugnación que se dio en los tribunales a causa de la controversia sobre el suministro de alimentos en las instituciones penales.

En este pleito, una empresa logró la adjudicación de la subasta hace más de un año pero no operó porque la empresa actual utilize los procesos apelativos como subterfugio par impeder la otorgación del contrato. El lío envuelve a las compañías Catering y Trinity Group Services. Esta última tiene base en Estados Unidos y es la que desde 2012 provee los servicios de alimentos en las cárceles. El contrato en disputa es por $25 millones.

En medio de esta situación, los confinados han hecho un reclamo de mejores condiciones alimentarias y han advertido que iniciarán una huelga de hambre si el asunto no se resuelve antes de Thanksgiving.

“No hay posibilidad de emitir un contrato antes de Acción de Gracias y cuidado si antes de Navidad… ahora mismo estoy impedido de firmar un contrato”, dijo el funcionario al explicar que la decisión de los tribunales fue que la Junta de Reconsideración de Subastas evalúe nuevamente el proceso establecido por Trinity y emita una recomendación. Luego, las recomendaciones pasarían a la JSF, ente que tiene 12 días laborables para decidir si acepta o no la determinación. “Nuestra experiencia es que piden más información, uno la ofrece y tienen 12 días adicionales para evaluarlo o rechazarlo”, dictó.