Puerto Rico podría enfrentar un problema de escasez de espacios carcelarios tan pronto como en el año 2016, denunció el secretario de Corrección y Rehabilitación, José R. Negrón Fernández, al adelantar que su agencia trabaja en opciones para enfrentar ese posible escenario.

A esos efectos, no descartó el mecanismo de las Alianzas Público Privadas (APP) para construir nuevas prisiones, así como rehabilitar instituciones que ahora están sin uso porque no están habitables, aunque advirtió que “ahí hay que entrar en unos criterios de cuánto vamos a invertir para añadirle tiempo de vida”.

 La otra opción que presentó este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes es continuar con contratos “como el que dejamos de utilizar en Oklahoma”, a donde se enviaron confinados puertorriqueños.

La advertencia de Negrón Fernández es que “aunque la población en comunidad se ha mantenido estable en los pasados años, la que está confinada ha mostrado una tendencia creciente”.

Explicó que la proyección de la agencia es que con el nuevo Código Penal de 2011, habrá un incremento en la población confinada que la llevaría a cerca de 16,000 para el año 2016.

Indicó a los representantes que la población adulta en instituciones totaliza en estos momentos 12,117 confinados, de los que el 82.4% son sentenciados y el 17.6% están sumariados.

 La enorme mayoría, un 92.8% (11,249) son varones, mientras que un 3.7% (443) son mujeres, y el 3.51% (425) son jóvenes adultos.

Destacó el hecho de que el 21% de la población confinada está en custodia máxima, lo que le crea un problema de distribución a la administración.

“Aunque al presente tenemos espacios suficientes, la población de máxima seguridad tiene características que nos obliga a evaluar alternativas en cuanto a la capacidad del sistema”, expresó Negrón Fernández.

El Secretario presentó un perfil del confinado de Puerto Rico, en el que recoge y dramatiza la realidad social del país. Informó que entre los adultos la edad promedio es de 33 años; el grado de escuela promedio es de 11 años entre los hombres y de 10 en las mujeres; el 35.2% reside en San Juan, Ponce, Bayamón, Aguadilla, Arecibo o Mayagüez; el 61.7% estaba desempleado al momento de su arresto; el 81.7% es usuario de sustancias controladas y el 53.2% es reincidente.

Al detallar las causas para el confinamiento, el funcionario expresó que el 22.8% cumple por un delito contra la vida; el 31% por un delito contra la propiedad y el 20.3% por un delito relacionado a sustancias controladas.

El cuadro de los jóvenes adultos confinados no es muy distinto, según los datos que ofreció: el 72.9% tiene 18 años o menos; el 23.1% tiene un hijo o más; el 70.1% es desertor escolar; el 73.8% ha fracasado en al menos un grado escolar; el 48.5% ha sido objeto de algún tipo de maltrato; el 81.3% es consumidor de sustancias controladas y el 58.6% tienen familiares que consumen sustancias controladas.