El secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR), José Negrón Fernández, advirtió este miércoles que las medidas incluidas en la sesión extraordinaria para enmendar la Ley de Armas podrían agravar los problemas de falta de espacio en las instituciones carcelarias y propiciar condiciones de hacinamiento los próximos años.

Negrón Fernández alertó a los miembros de la Comisión cameral de lo Jurídico, que preside el representante Luis Vega Ramos, que las medidas que buscan fortalecer las penas contra quienes violenten algunas disposiciones de la Ley de Armas provocarían un incremento de la población confinada.

Y es que los proyectos de administración que se discutieron este miércoles en vista pública disponen, entre otras cosas, que quienes violenten los artículos sobre la venta de armas a personas sin licencia vigente o el de portación y uso de armas de fuego sin licencia tendrían que cumplir una pena de cárcel y no tendrían derecho a sentencia suspendida, a libertad bajo palabra o a participar en algún programa de desvío.

Otra pieza legislativa dispone que en los casos de alegaciones preacordadas, cuando se impute alguno de esos delitos tipificados en la Ley de Armas, se tendrá que fijar una condena de, al menos, dos años de reclusión.

"A corto plazo, yo puedo asumir el impacto", dijo Negrón Fernández durante la audiencia pública.

Precisó que actualmente el sistema correccional tiene 1,263 espacios disponibles, pero hay 732 celdas que al momento no son habitables por problemas de filtraciones, falta de inodoros o daños en las camas, entre otros inconvenientes. Acondicionar esas celdas para poderlas utilizar requeriría una inversión de unos $2 millones, estimó el funcionario.

Ante ese panorama, aun sin la aprobación de las enmiendas a la Ley de Armas, el DCR había pronosticado que tendría problemas de capacidad en las cárceles entre finales del 2015 y principios del 2016. De convertirse en ley ambas piezas legislativas, ese momento crítico se acercaría todavía más.

"Este proyecto de ley es posible que adelante un poco el problema. Sin haber considerado nada de este proyecto, ese problema lo estábamos proyectando para finales del 2015 principios del 2016. La aprobación de este proyecto de ley podría adelantar ese problema para mediados del 2015, principios del 2015", dijo por separado a este medio.

"La capacidad del sistema, en este momento, con las celdas que tenemos disponibles, me hace razonablemente concluir que durante el 2014 el sistema no va a tener problemas de capacidad", subrayó.

El titular del DCR recomendó revisar el Código Penal que aprobó la administración de Luis Fortuño el cuatrienio pasado para ajustar las penas y hacerlas proporcionales a los delitos cometidos. Uno de los principales objetivos de los cambios aplicados por la pasada administración era imponer penas más severas que actuaran como disuasivo a la conducta criminal.

Negrón Fernández indicó que la asignación de $2 millones podría hacerse a plazos para ir atendiendo progresivamente las fallas en las celdas deshabitadas. Resaltó que las mejoras pemitirían también cumplir con algunos de los acuerdos contraídos como parte del caso Morales Feliciano sobre hacinamiento carcelario, que tras más de 30 años en litigio, el gobierno aún no ha podido cumplir a cabalidad.

Asimismo, recordó que propuso la aprobación de dos Alianzas Público-Privadas que aliviarían la situación, pues una sustituiría la Escuela Industrial de Mujeres en Vega Alta, y otra serviría para edificar una nueva institución de máxima seguridad para hombres.

Vega Ramos, por su parte, no pudo anticipar cuándo se llevarían ante la consideración del pleno los proyectos de ley, pero dijo que contempla incluir algunas enmiendas. La Cámara sesionará el jueves a las 10:00 a.m., y recesará la semana entrante con motivo del Día de Acción de Gracias. La sesión extraordinaria dura un máximo de 20 días.

El representante popular comentó que analiza si se debe ajustar el texto de la medida para, entre otras cosas, darles discreción al Departamento de Justicia y a los tribunales para que lleguen a acuerdos en algunos casos de alegaciones preacordadas, en los que se evita ir a juicio, de manera que no se le imponga al imputado una pena de reclusión o que, de fijarle una, que sea menor de dos años, como se propone ahora.

"El que carga una pistola sin la debida licencia porque está expirada debe estar expuesto a una sanción, pero debe ser proporcional a la conducta ilegal que hace", puntualizó Vega Ramos al ofrecer un ejemplo de esos casos excepcionales.