La secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi y la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, dieron hoy la bienvenida a la propuesta del comisionado residente, Pedro Pierluisi, para que el Congreso incluya a las corporaciones públicas de Puerto Rico dentro de las disposiciones de la Ley de Quiebra federal, pero rechazaron que la “Ley de Recuperación” recientemente aprobada en la Isla, se aprobara de forma improvisada.

“Antes de la radicación de la Ley de Recuperación, discutimos con el gobierno federal, particularmente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la posibilidad de enmendar el Código Federal de Quiebras para corregir la exclusión de Puerto Rico de las protecciones que dicho código le brinda a las corporaciones públicas y otras instrumentalidades de los estados”, manifestaron ambas funcionarias en declaraciones escritas. 

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“Luego de conversaciones al respecto y debido al tiempo que el aprobar una enmienda como esta tomaría, la decisión fue proceder con la radicación de la Ley de Recuperación”, agrega el escrito.

Tanto Vila como Acosta ven como algo “positivo” que el comisionado residente “decida unirse a los esfuerzos que esta administración ha encaminado para resolver la condición financiera de nuestras corporaciones públicas” y agregaron que cualquier legislación propuesta será revisada por esta administración antes de emitir mayores comentarios.

Del mismo modo, invitaron al comisionado para que en el futuro “coordine sus esfuerzos con los de esta administración para así trabajar juntos por la salud fiscal del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

Pierluisi dijo hoy que consultará con líderes del Congreso la posibilidad de impulsar legislación federal que permita a las corporaciones públicas de Puerto Rico acogerse a le ley de quiebra federal.

En declaraciones escritas el funcionario federal sostuvo que dialogará “con los líderes de la Cámara y el Senado, la Casa Blanca y demás partes interesadas, sobre la opción de aprobar legislación federal derogando la disposición en el Código de Quiebras que aparentemente prohíbe a las corporaciones públicas de Puerto Rico acogerse al Capítulo 9".

Según el comisionado residente “el proceso (federal) funciona y está comprobado, pero el Código de Quiebras federal –igual que muchas otras leyes federales- discrimina en contra del territorio de Puerto Rico”.