La Cámara de Representantes citó a todos sus miembros a constituirse en comisión total este miércoles en la reserva estuarina y de investigación de Bahía de Jobos, en Salinas, para inspeccionar las alegadas construcciones ilegales en el Camino del Indio.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Edgardo Feliciano anunció que junto con los legisladores deberán trasladarse a Salinas varios jefes de agencias, entre ellos, la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez, quien reconoció hoy en una breve comparencia en la Legislatura que en la reserva se han cometido “crímenes ambientales”.

La alcaldesa popular de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, quien también fue citada a la vista ocular, rechazó que el Municipio haya recibido querellas sobre incidentes ocurridos dentro de la reserva y dijo que entregó todos los documentos relacionados a Bahía de Jobos a la División Legal del DRNA.

La nueva Secretaria del DRNA, la Alcaldesa de Salinas, al igual que el secretario auxiliar de OGPe, Gabriel Hernández, la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán el vicepresidente de Asuntos Energéticos de LUMA Energy, Kevin Acevedo comparecieron hoy a una primera vista pública en el Capitolio en la que se esperaba que la Comisión de Recursos Naturales daría inicio a la investigación de la ocupación de terrenos protegidos en la reserva natural, pero el Presidente de la comisión legislativa pospuso los trabajos en espera de la entrega de los requerimientos de información al DRNA y al Negociado de la Policía.

“No era prudente comenzar a evaluar parcialmente la información con un sinnúmero de dudas y documentos que llegaron en el día de hoy. Hemos dividido esto en dos partes, primero vamos a ir a las facilidades y el lunes después de tener todos los documentos circulados haremos la vista pública”, dijo Feliciano al informar a los funcionarios citados que este miércoles a las 10:00 a.m. deberán estar preparados para contestar las interrogantes que surjan en la inspección de las casas construidas en terrenos protegidos de la reserva estuarina.

El legislador citó también a los jefes de agencias y a la Alcaldesa a una vista pública en torno a la controversia el próximo lunes 18 de abril en la Casa de las Leyes.

Mientras tanto, la secretaria interina del DRNA, quien sustituye al renunciante Rafael Machargo, se comprometió a tomar acción inmediata contra “los crímenes ambientales que han quedado claramente evidenciados” en el área de los manglares de la reserva, donde están enclavadas varias residencias y casas rodantes, con servicios de luz y electricidad.

“Se entregaron más de 87 documentos, son miles las páginas, relacionadas a pasadas investigaciones, informes de los pasados secretarios, de las gestiones que hizo el pasado secretario Machargo,. Se entregaron informes de las escrituras y todo lo que he tenido acceso en las pasadas horas”, dijo la abogada al salir del Capitolio. Rodríguez ocupaba el cargo de sub secretaria del DRNA y tras la salida de Machargo el pasado viernes, pasó a dirigir de forma interina la agencia.

“Identifique que desde que se adquirieron los terrenos en 1981 había una problemática de invasión o habían alertado que había invasores en el momento. No hay precisión sobre la cantidad minada, pero había ya una nota en los expedientes”, sostuvo. Añadió que su prioridad será mantener “la conservación de los terrenos de la reserva y tomar medidas vindicativas inmediatas”.

El presidente de la comisión legislativa le otorgó cinco días, que vencen este viernes, para que entregue los documentos que conforman el expediente de Bahía de Jobos, que le fueron requeridos a Machargo y que éste no les entregó.

“Me alegra que se haya acogido el término (de crímenes ambientales) porque no hay otro término que pueda describir lo que está ocurriendo ahí y en otras partes del País y la gente lo sabe”. Me parece magnífico que se haya citado una vista ocular porque cuando presenté la resolución (de investigación) lo primero que me dijeron a mí fue para allá nosotros no vamos. Tenemos que tomar acciones valientes y no podemos estar a paños tibios”, dijo la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli.

La delegación novoprogresista acusó por su parte, a la mayoría popular de querer proteger a la Alcaldesa de Salinas de la investigación que realiza el Departamento de Justicia sobre las alegadas ilegalidades en los terrenos de la reserva natural.

El expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández y el representante Joel Franqui Atiles exigieron que la Comisión de Recursos Naturales cite a personal del Consorcio CCVS (Cayey, Coamo, Villalba y Salinas) para que brinden explicaciones de cómo se otorgan los permisos de construcción en dicha reserva natural.

“Es imperativo que el Consorcio le brinde explicaciones, claras y detalladas, al Pueblo de Puerto Rico, de cómo se decidieron otorgar los permisos que permitió este crimen ambiental en Salinas. Queremos conocer el proceso completo, incluyendo las personas que trabajaron este asunto en la Oficina de Permisos del Consorcio. Tiene que ser citado a deponer con carácter de urgencia”, dijo Franqui Atiles.

“La información que yo tengo es por las intervenciones y la comunicación directa que tengo con el Cuerpo de Vigilantes que son con los que trabajamos mano a mano. Nos consta de un sinnúmero de intervenciones que ellos realizaron no únicamente por el corte de mangles”, reclamó por su parte, la Alcaldesa de Salinas.

En su ponencia sostuvo que “la Ley es clara sobre el deber ministerial que tiene el DRNA de velar por la protección y uso de los recursos naturales de las reservas y que las agencias federales “United State Fish and Wildlife Service” (USFWS), NOAA-NMFS, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USACE), EPA y el Coast Guard (USCG) son responsables de la conservación y protección de los recursos naturales en la Reserva y zonas protegidas.

Reclamó haber planteado en reuniones y visitas a Salinas, a los Secretarios, funcionarios, comisionados y Vvgilantes del DRNA, “diversas situaciones sobre la reserva y otros asuntos ambientales, que aquejan al municipio.

Sostuvo que el 27 de marzo de 2014 la Legislatura Municipal de Salinas autorizó firmar un acuerdo colaborativo con el DRNA, pero la agencia determinó otorgar el convenio a la organización de base comunitaria Iniciativa de Desarrollo de la Bahía de Jobos, (IDEBAJO, por sus siglas), el cual se firmó en 2015 y vence el 31 de enero de 2023.

“No hay récord en las dependencias de seguridad de nuestro Municipio, entiéndase la Policía Municipal y la Oficina para el Manejo de Emergencias (OMME), de querellas recibidas por parte de ciudadanos o agencias, de alguna violación o incidente dentro de la reserva”, indicó la Alcaldesa.

No obstante, dijo tener conocimiento de “diversas querellas e investigaciones que se han referido a la División Legal del DRNA en la Comunidad Mareas, sobre violaciones a las leyes de navegación, zona marítimo terrestre y bosques”.

Sostuvo que la visita de las agencias federales da paso a un informe publicado por la NOAA en octubre de 2018 que concluye que el DRNA no cumplió con los requisitos programáticos del “Coastal Zone Mangement Act” ni en velar por la aplicación de los reglamentos de operación de la reserva estuarina.

Sostuvo que la NOAA recomendó en el informe al DRNA remover las estructuras ilegales en Las Mareas y el Camino del Indio y que el grupo de trabajo estuviera compuesto por representantes del DRNA, Departamento de Justicia, Oficina de Permisos, Junta de Planificación, Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. “Desconocemos si se constituyó el grupo de trabajo según recomendado ya que el Consorcio de Permisos CCVS no fue citado a ninguna reunión para discutir el tema de permisos”, indicó la Alcadesa.

En 2020 dijo que la entonces Comisión de Desarrollo Integral de la Cámara, a solicitud del Municipio, hizo una vista ocular en la comunidad Las Mareas en la que hubo representación del DRNA. " Es meritorio resaltar, que a pesar de las intervenciones de los vigilantes de las cuales tenemos conocimiento, las querellas presentadas, el informe de la NOAA, los referidos por parte del Municipio y esta Asamblea Legislativa, el DRNA no cumplió con su deber ministerial de atender responsablemente todas estas denuncias. Todo lo contrario, con su inacción permitieron la proliferación en el área protegida, coincidentemente con la pandemia provocada por el Covid-19″, reclamó Bonilla Colón.

Dijo que a raíz de una querella radicada por la representante Nogales Molinelli, el Consorcio CCVS obtuvo conocimiento de que “un Profesional Autorizado aprobó un permiso de uso para una propiedad ubicada en el Camino del Indio”, pero alegó que esta figura, creada mediante ley “radica el caso, aneja los documentos, evalúa el cumplimiento con la reglamentación y aprueba el caso sin que medie intervención gubernamental”.

“De la investigación preliminar de la querella, el Consorcio CCVS entiende que el permiso otorgado por el Profesional Autorizado, no cumple con los requisitos reglamentarios por lo que solicitó a la Junta de Planificación la auditoría del trámite para determinar su validez. En estos momentos, el Consorcio espera por los resultados de la auditoría para proceder de conformidad con las recomendaciones que emita la Junta de Planificación. De igual forma se le solicitó información a LUMA, pero declinaron el proveer información sin orden judicial, tal como exponemos en el Anejo 14″, dijo Bonilla Colón.

Sostuvo que el DRNA “debe sin dilación, establecer el “Task Force” para intervenir con las violaciones de Ley y desalojar a los invasores, conforme lo ha exigido la NOAA desde la publicación del informe en el año 2018; incluyendo al Consorcio CCVS”.