La designada secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, tiene previsto presentar un plan maestro durante las vistas de su confirmación en la Legislatura, donde prevé detallar, entre otros asuntos, las estrategias que se vislumbran para dar paso al cierre de seis facilidades correccionales, a fin de cumplir con las imposiciones que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha ordenado para reducir los costos de la agencia de seguridad.

Así lo adelantó la funcionaria a Primera Hora, al descartar que se vaya a cerrar la cárcel de Sabana Hoyos, en Arecibo, tal como lo había anunciado el exsecretario de la agencia Eduardo Rivera Juanatey, durante las vistas de transición del gobierno.

“No recomendamos el cierre del complejo de Sabana Hoyos, en Arecibo. Lo he mencionado desde que me designaron como secretaria porque tenemos programas que no podemos dejar de llevar a cabo porque son parte del proceso de rehabilitación de la población”, dijo Escobar.

En cambio, dijo que sí evalúan las recomendaciones de la Junta y están en la constante búsqueda de ahorros a través de otras estrategias.

“Tenemos que ver la realidad de nuestro sistema correccional en el que tenemos 7,150 confinados y 31 instituciones abiertas... quizá, podamos reubicar algunas facilidades pequeñas a otros espacios de manera que se pueda continuar con el servicio. Eso es algo que estamos trabajando. Estimamos que sería unas cinco a seis facilidades pequeñas, no son complejos correccionales. Esto sería algo paulatino y de manera estructurada sin afectar a la población y sin afectar la situación de empleados en términos de que no sea oneroso en cuanto a reubicación. Son muchos los factores que se toman en consideración. Esperamos no tener dificultad alguna en ese proceso”, reiteró la funcionaria.

En noviembre de 2020 Rivera Juanatey había indicado que un análisis reciente de la agencia estableció que el único complejo que podría cerrar sería el de Arecibo, el cual permanecía con un 19% de ocupación de su espacio. El estimado de ahorro en esta cárcel es de $5.4 millones al año. El exfuncionario había dicho que el personal de la institución podía ser movilizada a otras facilidades en Bayamón o Jayuya. Durante las vistas trascendió que el nivel de utilización de las 17 facilidades de Corrección no especializadas es de un 80%, mientras el nivel de las 11 que sí son especializadas es de un 58%.

Desde el 2017 el DCR ha cerrado cinco instituciones penales dentro de centros correccionales. Estas fueron Ponce 304, Ponce 246, Guayama 945, MDU, Sabana Hoyo 728. Sin embargo, para el ente federal estas clausuras no han sido suficientes en términos de ahorros.

De hecho, durante su presentación, Rivera Juanatey hizo hincapié en que el sistema penitenciario funciona “apagando fuegos” y bajo una presión constante por las restricciones presupuestarias que impone la JSF.

“Sabemos que hay situaciones en la agencia que se presentan de manera inespeerada y que hay que atender... pero para subsanar esos apagones de fuegos estamos finalizando un plan maestro que impactará cada una de las áreas de trabajo de la agencia a fin de evitar ser reactivos, sino proactivos... ese plan se presentará en las vistas de confirmación de esta servidora de manera que todo el mundo pueda tener idea de los proyectos que vamos a trabajar para mejorar la prestación de servicios y la rehabilitación de los confinados”, puntualizó Escobar.

El presupuesto actual de la agencia es de $341 millones. El pasado año fiscal el presupuesto fue de $386 millones. Cabe destacar que el gobierno invierte $115 por confinado, lo que es equivalente a casi $42,000 anuales. En términos generales el total de 7,398 reos que hay actualmente en las cárceles requieren una inversión anual de $310 millones.

Según Escobar para el próximo año fiscal y cónsono con las proyecciones de la agencia se está solicitando una inyección adicional de $15 millones.

Esa partida estaría cubriendo el reclutamiento de 40 técnicos sociopenales, una plantilla que se ha quedado corta de personal, precisamente, porque la JSF no aprobó los fondos de contratación.

Anteriormente, se había señalado que los técnicos sociopenales que laboran en la agencia tienen una carga de hasta 100 casos cuando lo recomendado es tener 50 casos asignados, por disposición del caso Morales Feliciano.

“Precisamente, hoy estuve reunida con la directiva de la unión que cobija a estos compañeros y entre los temas que tocamos fue eso... esperamos y estimamos que para el próximo año fiscal se de ese proceso de reclutamiento de esos 40 técnicos”, detalló.

Además, se vislumbra utilizar la partida de $15 millones en el presupuesto para “la revisión salarial de empleados”,

Hace un tiempo que se han planteado la necesidad de aumentar el salario de los guardias penales, quienes devengan una paga mensual de $1,600 ($26,000 anual), en comparación con los $41,000 que se gana un empleado de esta categoría en Estados Unidos.

“Nuestras expectativas es que tanto la Rama Legislativa como la Junta de Supervisión Fiscal avalen esa propuesta de ese aumento y asignación de esos fondos dirigidos para esos propósitos”, acotó.