Desde el 2013 hasta marzo de este año se han invertido $51.9 millones en algunos de estos servicios costeados por fondos públicos, según datos provistos a Primera Hora por la oficina de Seguridad y Protección de la Policía de Puerto Rico, agencia de donde sale el presupuesto para algunas de las escoltas de funcionarios gubernamentales, según lo estipula la Ley 53.

Según el informe, el promedio anual de gastos de oficiales de seguridad durante el 2013 al 2015 fluctuó entre $10 y $12 millones. En el 2016, los gastos alcanzaron $14.9 millones y el aumento responde a que contempla el servicio de escolta que se le ofreció a los candidatos a la gobernación de los tres principales partidos políticos.

Sin embargo, en el 2017 la inversión pudiera asimilarse a la del año pasado pues, en sólo tres meses (enero a marzo) el gobierno actual a designado $1,116,582 por mes a los servicios de escolta que se ofrecen al Gobernador (Ricardo Rosselló ); a la Comisionada Residente (Jenniffer González); al Secretario de Estado (Luis G.Rivera); al presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz),al  presidente de la Cámara (José “Johnny” Méndez), a los exgobernadores (Luis Fortuño, Pedro Rosselló, Carlos Romero Barceló y Alejandro García Padilla), al presidente de la JSF (José Carrión III) y al representante del Gobernador ante la JSF (Elías Sánchez). Aunque pudiera gozar del beneficio como exsuperintendente de la Policía, José Caldero (quien dirigió la agencia bajo la administración de García Padilla), renunció a su derecho a recibir escolta. Igual ocurrió con los exgobernadores Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, quienes voluntariamente rechazaron tener escolta desde que salieron de sus cargos.

A este ritmo, el cálculo a diciembre pudiera alcanzar los $13.4 millones, esto sin incluir la posibilidad de que a la lista de privilegiados con seguridad personal se les una el recién nombrado secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera; y la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

Pero, ojo, en la partida millonaria tampoco están incluidos otros funcionarios gubernamentales que reciben el servicio de escolta, como es el caso del secretario de Corrección y Rehabilitación (Eric Rolón), la secretaria de Justicia (Wanda Vázquez) y el secretario de Hacienda (Raúl Maldonado), en los que se invierte en oficiales de seguridad $258,600, $135,492 y $178,941  por año, respectivamente, para un total de $573,033.

Lo que sí es una incógnita es saber el número total de oficiales de la Policía que están designados a estas funciones, un dato que este diario pidió insistentemente por varias semanas pero que no fue posible obtener pues, según explicó Yennifer Álvarez, Secretaria de Prensa de la Oficina del Gobernador  “no se puede revelar por motivos de seguridad”.

Primera Hora insistió también  con los portavoces de prensa de la Policía de Puerto Rico, Elliot Rivera y Axel Valencia, para que entregaran los gastos incurridos en horas extras, dietas y transportación durante el 2017, pero nunca se recibió respuesta.

¡Qué mamey!

El tema de las escoltas ha sido durante años objeto de críticas por aquellos que lo consideran un gasto innecesario. Ahora, la discusión de lo que algunos consideran como una inversión “excesiva” está de nuevo sobre el tapete pero con un elemento adicional: el país está en quiebra y la única forma de salir del abismo, según ha dicho el propio gobernador Ricardo Rosselló, es aprobando medidas de austeridad que incluyen recortar beneficios a empleados públicos, privatizar algunas operaciones del Gobierno y aumentar el costo de algunos servicios como agua y luz.

“Ahí está la doble moralidad, la doble vara. Los políticos están siempre en esa zona de confort donde prácticamente no son tocados de ninguna forma. Son intocables porque pueden legislar y pueden esquivar el cantazo”, dijo el economista José Alameda.

El experto no ve mella en el sueldo que reciben los escoltas “porque de todos modos son agentes de la Policía de Puerto Rico”. Pero sí levantó bandera en que la seguridad de algunos funcionarios gubernamentales “está de más porque son gente que no tienen ningún tipo de peligro y esos policías pudieran estar ayudando en otras áreas”. “Si se dijera que estamos en Europa o México, que si se limpian a los funcionarios, pero eso aquí no pasa”, agregó.

Además, dijo, hay que vigilar los pagos de horas extras a escoltas, un gasto que  en los pasados cuatro años sobrepasó los $15 millones.

“Ves, ahí hay un problema porque ese dinero se puede estar utilizando en otros recursos dentro de la Policía”, añadió Alameda.

Primera Hora ha hecho público que, aún cuando la Policía tiene un presupuesto consolidado en el presente año fiscal de $754 millones, hay unas necesidades serias dentro de la agencia ante la falta de dinero para el pago de horas extras, equipo, patrullas, el reclutamiento de cadetes y el pago millonario de la deuda acumulada por más de una década por diferentes conceptos. Además, cabe mencionar los $20 millones que cuesta la Reforma de la Policía.

Por su parte, el analista Néstor Duprey, también coincidió en que los gastos de escolta se deben “reducir al mínimo".

“Nadie puede negar que se está viviendo un momento social intenso, pero aún con este escenario, ¿qué vida de un gobernador o exgobernador está en peligro?”, expresó.

Dijo que la naturaleza de la sociedad política puertorriqueña no propenda la agresión física o asesinato de los políticos.

“Por más tensión que vivamos ahora mismo, no tenemso situaciones que lamentar”, agregó al recordar que el servicio de escolta a funcionarios surgió en los 50 luego de un atentado contra el exgobernador Luis Muñoz Marín  por parte de un grupo de nacionalistas.

“Después de eso, ni en los peores momentos de conflictividad política del país han habido intentos de atentar contra la vida de un Gobernador”, expresó.

De otra parte, para Miguel Pereira, exsuperintendente y exsecretario de Corrección, sugiere que para evitar dar el servicio de escolta a quien no lo necesita, lo mejor es crear una oficina que ofrezca la protección cuando sea requerida.

“Mientras tanto ese policía se utiliza en otra área donde haya deficiencias. Y cuando sea necesario se activa”, dijo.