En momentos en que muchísimos inmigrantes viven bajo temor por la políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), haciendo valer su política de puertas abiertas a la salud, anunció una alianza con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), así como otras organizaciones relacionadas con servicios de salud, para que toda persona, sin importar su condición migratoria, tenga acceso libre de interferencia con sus derechos humanos y constitucionales a los servicios de salud y los lugares donde se brinden.

Los profesionales de la salud enviaron un mensaje de tranquilidad a las personas que aún no tienen su estatus migratorio definido y de exhortación para que no dejen de recibir los servicios médicos que necesiten. De igual forma, los galenos se comprometieron a defender ese derecho, aunque admitieron que las autoridades federales tienen la potestad de hacer valer sus leyes.

El grupo insistió que el CMCPR “había reclamado desde la primera ola de arrestos en enero la política de puertas abiertas a la salud, para atender a la población médico indigente y a las personas que por las razones que sea no tengan acceso a estos servicios”.

“Ante las redadas que han condenado al encierro a miles de inmigrantes y ante la ausencia de muchos a citas programadas en la búsqueda de tratamiento, el Colegio a convocado a sus miembros a defender el derecho a la salud”, afirmó el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del CMCPR.

“Los esfuerzos de esta alianza con la ACLU se dan en un clima de temor (infundido entre los migrantes, sus familias y la comunidad) que está afectando la salud, lo que produce una notable merma de actividades en las comunidades donde se concentra, visitas a oficinas médicas, laboratorios y farmacias”, agregó.

“Como siempre he dicho, todos somos pacientes, no hay distinción de nada, no nos divide ni lo políticos, ni lo económico, ni nada, ni la raza, ni lo religioso. Aquí todos somos pacientes y es por lo que más velamos. Y es por nuestro juramento de Hipócrates, que así lo determina; la vida es una y hay que defenderla no importa lo que sea”, insistió.

Al esfuerzo se han unido también otros grupos de profesionales de salud, como enfermeros, tecnólogos médicos, laboratorios y farmacéuticos.

Para atender la situación, el CMCPR, en colaboración con la ACLU, han organizado las siguientes iniciativas:

• Utilizar la telemedicina para dar seguimiento a pacientes que teman acudir a sus citas presencialmente.
• Organización de turnos para brindar orientación vía telefónica.
• Organización de visitas médicas donde residen o estén los inmigrantes y sus familias.
• Preparación y difusión de materiales educativos para pacientes y profesionales de la salud sobre sus derechos.

“Estamos gestionando con agencias federales que se declare a oficinas médicas, dentales, laboratorios y farmacias lugares exentos de operativos e intervenciones. Asimismo, que se prohíba recopilar información médica y personal del expediente del paciente para conseguir su detención”, indicaron.

El CMCPR estará difundiendo a través de sus redes y medios talleres preparados junto con la ACLU por especialistas en derecho para miles de médicos colegiados, personal de sus oficinas, profesionales de la salud, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Además, aprovecharon la oportunidad para resaltar que el CMCPR y la ACLU están impulsando la aprobación del Proyecto de la Cámara 331, que cuenta con apoyo tripartita, y “que establece salvaguardas y protecciones fundamentales acorde a los objetivos mencionados”.

Según indicaron esta medida establecería “áreas santuario” alrededor de sitios donde se ofrezcan servicios de salud (hospitales, clínicas, laboratorios, centros de terapia, farmacias’, oficinas médicas y dentales) y otras áreas consideradas sensitivas, como escuelas, iglesias y tribunales, donde no se intervendría con inmigrantes cuya situación migratoria no esté regularizada.

A preguntas de la prensa sobre cómo se llevaría a cabo está iniciativa, cuán seguro era para los inmigrantes y para quienes les ofrecieran servicios de salud, el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU Puerto Rico, explicó que los profesionales de la salud están protegidos por la Ley HIPAA, que “les da unas garantías para que ustedes puedan proteger la información médica y la información personal de sus pacientes”.

“El llamado inmediato a toda la comunidad, la comunidad médica y cualquier tipo de profesional es que ningún agente del orden público, ya sea de ICE, del FBI, de la DEA o de las autoridades estatales o municipales, tiene la autoridad de entrar en ningún establecimiento donde ustedes estén dando servicios médicos para requerir información de pacientes o requerir que identifiquen pacientes a menos que tengan una orden firmada por un juez”, afirmó el abogado, agregando que es importante fijarse en la fecha de esa orden y, en caso que sea una orden de registro, qué lugar específico, o qué tipo de expediente o de qué persona en particular está autorizando el juez a inspeccionar en la orden.

“Si esto no existe, ustedes no tienen por qué permitir la entrada ni el acceso a dichos expedientes”, insistió, alertando “que la mayor parte de las intervenciones de ICE, del FBI, de la DEA y de todas las agencias del orden público que están colaborando se están presentando en los lugares sin órdenes judiciales. Estamos hablando de acciones totalmente inconstitucionales que están dirigidas y orientadas por un perfil racial, y eso es inconstitucional”.

Arraiza explicó que, “la única prohibición legal a nivel penal, por los estatutos federales es cuando una persona transporta, incita a la entrada ilegal, o esconde con el objetivo de burlar a las autoridades federales, a un inmigrante”, nada de lo cual ocurre al ofrecer servicios médicos.

Aclaró también que, en casos de servicio de telemedicina, no debería ocurrir ningún tipo de interceptación de llamadas, “a menos que haya una orden de un tribunal”.

Admitió, sin embargo, que podría ocurrir que autoridades comoquiera procedan a entrar a un lugar sin una orden judicial o intervenir con personas “de manera ilegal” por ofrecer asistencia a personas con situación migratoria irregular o sin documentos. En ese caso, exhortó a “que no resistan intervenciones, aunque sea ilegal”. Aclaró, sin embargo, que “uno puede grabar esa intervención. Están totalmente legitimados a grabar esa intervención, pero no se pueden resistir”.

Asimismo, Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de ACLU Puerto Rico, sostuvo que el PC 331 sería la primera ocasión que en Puerto Rico se establecería “una política pública de protección a la persona migrante y su familia”, lo que “quiere decir que todas las ramas del gobierno de Puerto Rico se tienen que comprometer a garantizar y desarrollar las medidas que sean necesarias para proteger a la persona migrante en Puerto Rico, sin importar su estatus migratorio, y a sus familias”.

Aún así, podría haber escollos

Por otro lado, Arraiza aclaró que “las autoridades federales no tienen autoridad alguna para obligar a las autoridades estatales y municipales a que colaboren” en sus operativos contra inmigrantes. Agregó que incluso “ha sido decidido ya por la Corte Suprema de los Estados Unidos que, en el ámbito de los poderes que tienen los estados para declarar lugares santuarios, la jurisdicción federal no puede intervenir”.

No obstante, admitió que el gobierno federal puede comoquiera “poner en práctica sus leyes” a través de oficiales del orden público federales o incluso “chantajear con los fondos federales, que es lo que están haciendo”.

De todas formas, Arraiza exhortó a todo aquel que entienda que su deber humanitario va primero que las ordenes ejecutivas presidenciales, a participar de los talleres que estará ofreciendo ACLU para protegerse de todo esto que está ocurriendo en estos “tiempos de totalitarismo”. Alertó además a estar preparados porque “vamos a ser víctimas de señalamientos, vamos a ser víctimas de persecución, vamos a ser víctimas de chantaje”, como está ocurriendo con la amenaza de que se van a eliminar los fondos federales si no se respetan las órdenes ejecutivas de Trump.

El doctor Díaz Vélez indicó que, con esta coalición, las medidas que están tomando y el proyecto que impulsan en la legislatura, buscan asegurar a los pacientes migrantes, y a los profesionales que les dan servicios, “a que no interrumpan sus tratamientos, que no interrumpan sus pruebas, que no teman a ir a esos sitios, porque van a estar protegidos. Y a los médicos que no teman a atender a sus pacientes porque van a estar protegidos”, y de igual forma, “que estén claros de qué van a hacer en caso de una escena como esta (una intervención de agentes), pero no podemos parar el tratamiento, no podemos parar las visitas médicas. Y si hay que comunicarse por teléfono, se habla por teléfono; si es por telemedicina, por telemedicina; si hay que visitarlos a las casas, se visitan a las casas. O sea, cualquier medida que sea en pro del paciente”.

“Tenemos el corazón abierto para los inmigrantes, 24/7 y en las circunstancias que sean, y para cualquier ser humano que así necesite nuestro servicio, el Colegio estará siempre con manos libres y de política de puertas abiertas”, insistió el doctor Díaz Vélez, quien exhortó a cualquier persona que requiera más información a comunicarse con el CMCPR al 787-751-5979.