Guaynabo. Los operadores de máquinas de juegos de azar en ruta celebraron este martes una primera reunión, abierta a todos los operadores de Puerto Rico, en donde discutieron los logros y las proyecciones de la industria de entretenimiento.

Entre sus metas, todos promueven la fiscalización contra negocios que operan máquinas de manera ilegal, sin contar con la certificación de operador emitida por la Comisión de Juegos.

En la asamblea, convocada por la Asociación de Dueños y Operadores de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta (DOMAR), participaron 65 operadores debidamente certificados por la Comisión. El cónclave se llevó a cabo en el Centro Yolanda Guerrero en Guaynabo.

“Estamos dando pasos agigantados para que esta industria se posicione ante las nuevas tendencias de juegos, pero aún más importante, como una fuente de actividad económica creando empleos directos en la manufactura, programación, mantenimiento de máquinas, así como indirectos en las panaderías, colmados y otros pequeños comercios donde estas operan. Además, nuestra industria representa una manera más de allegar nuevos recursos al fisco para el retiro de policías y otros servicios esenciales. Queremos continuar entreteniendo a la ciudadanía y, al mismo tiempo, operar bajo la ley como lo estamos haciendo”, sostuvo el portavoz de DOMAR, Rafael Hernández al tiempo en que insistió en que es momento de proteger la integridad y estabilidad de la industria.

Los operadores reconocieron que el obstáculo principal para la implementación de la ley que protege la industria y los operadores locales ha sido el requisito de una conexión a un sistema central de computadoras, que no existe actualmente y que para ser implementada requiere sustituir las máquinas fabricadas en la Isla por equipo importado de grandes empresas. Razón por la cual, apoyaron abrumadoramente una moción para elevar su petición a la Rama Legislativa y el Gobierno para que se les permita la operación de las máquinas sin estar conectadas al sistema central de computadoras.

Al momento, existen cerca de 100 operadores certificados en conformidad con la Sec. 10 de la Ley de Máquinas de Juegos de Azar, Ley 11 de 22 de agosto de 1933 y una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El costo anual de la licencia para la operación de la máquina es de $1,500; cuyos pagos son en tres plazos. El primer pago de $500 fue completado en el mes de agosto. Mientras que, restan otros dos pagos de $500 por máquina que deben realizarse antes de febrero de 2022.

La segunda moción presentada y avalada fue a favor de la fiscalización contra aquellos negocios que poseen máquinas de juegos de azar sin contar con un operador certificado por la Comisión de Juegos de Puerto Rico.

En el 2018, la Ley Núm. 257 legalizó el uso de las máquinas de juegos de azar en ruta, entre otros juegos, a tono con las nuevas tendencias mundiales. Sin embargo, a casi tres años de aprobada la ley, no ha sido posible sacar del mercado la maquinaria ilegal que se mantiene por la libre bajo el radar del Gobierno.