El secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado González informó que el grupo que tendrá a su cargo la evaluación e implementación de la Ley del Salario Mínimo en Puerto Rico, celebró su primera reunión.

La reunión de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), dio paso a que el también presidente de la Comisión Evaluadora discutiera las disposiciones de la nueva ley y el historial legislativo relacionado al salario mínimo a nivel federal y estatal, así como las facultades, deberes y funciones del referido organismo y asuntos administrativos relacionados a este.

“Los miembros de la Comisión tenemos el deber de evaluar aumentos prospectivos al salario mínimo, así como otras circunstancias particulares que dispone la ley, basándonos en datos y estudios económicos que habrán de ser encomendados a una o varias firmas de economistas y expertos en la materia quienes, sumados a la pericia de los miembros de la Comisión, habrán de guiar nuestras determinaciones de manera colegiada y con el fin único de asegurar una mejor calidad de vida a través del trabajo”, expresó el titular del DTRH

Entre las funciones de la Comisión se encuentra evaluar la necesidad de mantener o emitir un decreto mandatorio para variar el próximo aumento al salario mínimo promulgado bajo la mencionada ley, que está programado a ascender a $10.50 por hora a partir del 1 de julio de 2024. De igual forma, sus miembros tendrán que analizar la necesidad de aprobar decretos mandatorios que contemplen aumentos al salario mínimo a modo prospectivo, emitir un decreto mandatorio especial aplicable a los trabajadores agrícolas y otro para aquellos trabajadores que reciben propinas. Asimismo, debe auscultar la posibilidad de aprobar un decreto mandatorio para los administradores, ejecutivos y profesionales, quienes tradicionalmente se conocen como empleados exentos.

Conforme a la ley, el organismo debe reunirse al menos mensualmente y debe realizar un informe anual respecto a los salarios, horarios, beneficios, remuneraciones y las condiciones de trabajo que prevalecen en las distintas industrias, así como recomendaciones puntuales sobre cuál debería ser el salario mínimo para dicho año natural. El informe anual debe contener un análisis comprensivo del costo de vida, inflación y tomar en consideración el valor monetario de los distintos programas de beneficencia social y el impacto del salario mínimo sobre ellos, así como su interacción con el crédito por trabajo, el crédito por dependientes, indicadores del mercado laboral y otros relacionados al desarrollo económico. Dicho informe servirá como base y guía para la toma de decisiones a cargo de la Comisión Evaluadora.

Entre los miembros de la Comisión figuran el doctor Iyari Ríos González, quien fue recomendado por el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Indira Luciano Montalvo, economista propuesta por la Universidad de Puerto Rico y la Asociación de Economistas y el Wilkins López del Valle, en representación de los trabajadores, quienes fueron nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado de Puerto Rico y Jaime M. Núñez Acosta, quien fue nombrado como representante de los intereses de los patronos.