Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Aponte Hernández, y Gabriel Rodríguez Aguilo, acusaron hoy al secretario de Justicia, Cesar Miranda, de violaciones a la Ley de Ética por su alegada participación en actividades partidistas y anunciaron la radicación de querellas por los supuestos hechos ante la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente.

Las violaciones, que según los legisladores novoprogresistas, habría incurrido el titular de Justicia fueron su participación en una Conferencia Legislativa del Partido Popular Democrático (PPD) y su reciente comparecencia ante un subcomité congresional de Estados Unidos.

“Esas participaciones, completamente partidistas, del señor Miranda, tanto en la Conferencia Legislativa, al igual que en la recientemente celebrada vista congresional sobre Puerto Rico, demuestran un claro menosprecio por cumplir las leyes, manteniendo la política partidista introducida en el Departamento de Justicia por medio de su Secretario y del Presidente del Partido Popular Democrático (PPD), el gobernador Alejandro García Padilla”, sostuvo Aponte Hernández.

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Argumentó que Miranda participó activamente, el pasado 14 de mayo, de la Conferencia Legislativa del PPD, celebrada en el Centro de Convenciones y citada por el presidente del Partido. 

La denuncia incluye que el pasado 24 de junio se celebró una vista en Washington D.C. de la Subcomisión de Asuntos Indígenas, Insulares y Nativos de Alaska de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal sobre el tema: "Examining procedures regarding Puerto Rico’s political status and economic outlook" y Miranda acudió como representante del gobernador. 

“Otra vez vemos el ejemplo de la participación del Secretario en un acto completamente político como lo fue la vista congresional. Cabe señalar que durante el turno de preguntas a los deponentes, se reiteró que la invitación a participar de la vista era a los presidentes de los tres partidos políticos inscritos, no al Secretario de Justicia”, expresó Aponte Hernández.

Las violaciones que le atribuye el legislador al secretario de Justicia serían a la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, así como la Ley Núm. 178-2001.

 La primera, dijo, prohíbe la participación en actividades políticas y su promoción por parte de servidores públicos mientras se encuentran en sus funciones de trabajo. 

La segunda, agregó, prohíbe la participación a ciertos secretarios del Gobierno de Puerto Rico, en actividades político-partidistas a nivel de Puerto Rico y los Estados Unidos, entre los cuales se incluye al Secretario del Departamento de Justicia. 

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