Se niegan a revelar análisis de Uber
Permanece en las sombras contenido de estudio del Gobierno sobre la empresa.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 8 años.
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Ni La Fortaleza, ni la Compañía de Turimo, ni el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) quisieron revelar ayer el contenido de un análisis legal que se hizo a través de la Oficina de Asesoramiento Legal del Gobernador sobre el funcionamiento de las empresas de transporte.
Según ese análisis -al que hace referencia en una carta la directora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort- la jurisdicción para regular a la empresa Uber le corresponde a la Comisión de Servicio Público (CSP).
La secretaria de la Gobernación, Grace Santana, reaccionó por escrito diciendo que se analizaron “cuidadosamente los beneficios a corto y largo plazo que brindarían las empresas de redes de transporte”, y a base de esa evaluación de “beneficios”, y contrario a la recomendación previa de la Oficina de Asesoramiento Legal del Gobernador, “esta administración apoya la gestión del DTOP”, agencia que ha dicho que le corresponde velar por el funcionamiento de Uber.
Ni la secretaria de la Gobernación, ni otro funcionario quiso establecer en qué se diferencia el análisis de la Oficina de Asesoramiento Legal del Gobernador, de la evaluación de “beneficios a corto y largo plazo”.
Una fuente dijo que era posible que no existiera el análisis citado por la Compañía de Turismo, pero al cierre de esta edición ningún funcionario emitió tal declaración.
Una carta revelada en exclusiva por Primera Hora entre la directora de la Compañía de Turismo y el Procurador de Pequeños Negocios, Edison Negrón Ocasio, establece que se hizo “un análisis legal minucioso” sobre la jurisdicción de las empresas de transporte, categoría en la que cae Uber.
La directora de Turismo tampoco contestó preguntas de Primera Hora.
Parte de la controversia que está ante los tribunales es si le corresponde al DTOP o a la CSP la jurisdicción de reglamentar a empresas de transporte.
El viernes pasado la jueza Rebecca de León ordenó la paralización de servicio de Uber por entender que arrancaron operaciones en la Isla sin ningún tipo de permiso. Esa misma tarde, el DTOP expidió un permiso provisional para Uber.
La empresa de transporte acudió al Tribunal Apelativo pidiendo que se les permita operar.
Al cierre de esta edición, ese foro no había tomado una determinación.