Poco antes que el gobernador Alejandro García Padilla confirmara que el lunes próximo paralizaría el Tren Urbano (TU) y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Asamblea Legislativa recesó sus trabajos hasta ese mismo día ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo respecto al proyecto de ley que aumentaría el arbitrio del barril de petróleo.

El primer ejecutivo intensificó la presión que ha ejercido los últimos días sobre el Senado y la Cámara de Representantes al anticipar el cese de operaciones del tren y las guaguas de la AMA si las cámaras legislativas no avalan su propuesta a más tardar el lunes, 1 de diciembre.

Sin embargo, la lista de legisladores con reservas u objeciones públicas respecto al alza en el crudo aumentó durante el inicio de la sesión extraordinaria, y ya suman siete los representantes que le han hecho frente a las intenciones del Ejecutivo.

“Hay una responsabilidad que tiene el Ejecutivo y hay una responsabilidad que tiene el Legislativo, y en el Legislativo, las decisiones no son de una sola persona, es producto de muchos legisladores que tienen que dar su voto para que las cosas ocurran”, manifestó el presidente cameral, Jaime Perelló, durante una conferencia de prensa al concluir los trabajos del primer día de la extraordinaria.

La Cámara tiene 28 representantes de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), y toda medida necesita un mínimo de 26 votos para quedar aprobada. Como la representante Luisa “Piti” Gándara confirmó que se inhibirá en la votación, solo un legislador podría votar en contra para que la pieza pase ante la consideración del Senado. No obstante, la lista de opositores incluye a los representantes Luis Raúl Torres, Carlos Vargas Ferrer, Manuel Natal, Luis “Narmito” Ortiz y Javier Aponte Dalmau, quienes este lunes reafirmaron su posición de rechazo.

Mientras, la representante popular Lydia Méndez y su correligionario Luis Vega Ramos expresaron reservas, y dijeron que esperarán a ver las enmiendas que se han anticipado para decidir cómo votarán.

“La realidad era que, cuando se radicó la extraordinaria, a conocimiento del Ejecutivo, todavía no estaban los votos, pues nadie puede pensar que de un día para otro van a aparecer los votos”, insistió Perelló, quien se expresó confiado en que esta semana continuarán las conversaciones entre la delegación del PPD y el Ejecutivo en aras de lograr entendidos.

Minutos antes de que concluyera la sesión legislativa, se vio a Perelló conversar en su banca con el asesor legal del gobernador, el licenciado Ángel Colón.

Perelló rechazó que el receso de ambos cuerpos hasta el lunes pueda interpretarse como un reto al llamado de García Padilla respecto a la inminente necesidad de aprobar el aumento al impuesto del petróleo para garantizar las operaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).

“Eso es una información (la inminencia del cierre) que el Ejecutivo ha presentado, y nosotros respetamos los planteamientos que él hace. No obstante, dentro de ese planteamiento de una fecha certera que empiezan a mermar los ingresos operacionales de la Autoridad de Carreteras, ese mismo espacio nos permite seguir buscando alternativas para que eso no suceda… Aquí no hay un reto ninguno al Ejecutivo, aquí está el trabajo constitucional que tiene el Legislativo y que estamos cumpliendo con la rigurosidad y la responsabilidad que amerita”, enfatizó el presidente cameral.

Indicó que seguirán discutiendo alternativas en busca de hallar una solución que, de inmediato, permita a la ACT seguir operando, y que le dé estabilidad financiera al Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Los recaudos de la medida, que elevaría de $9.25 a $15.50 el arbitrio del barril de petróleo, se utilizarían para pagar la deuda de sobre $2,200 millones que arrastra la ACT con el BGF.

El Senado, en tanto, culminó este lunes sus trabajos en menos de 30 minutos, y solo la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, tomó la palabra para criticar que la extraordinaria se utilice para considerar medidas como las resoluciones conjuntas que asignarían $99.8 millones para obras y mejoras permanentes en 66 municipios.