Unos $269 millones fueron destinados al Puerto de Ponce sin que hayan rendido alguna utilidad, según informó la Oficina de la Contralora en un informe presentado hoy.

La agencia emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de Ponce, encargada del proyecto.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe revela que la Junta de Directores de la Autoridad de Ponce cuenta con sólo dos de los siete miembros que dispuso la Ley 176-2016 del 12 de agosto de 2016. La falta de estos nombramientos se debe a la dificultad de nombrar un arquitecto y un economista, certificados, residentes bonafide y domiciliados en Ponce.

La alcaldesa de Ponce tampoco había realizado los nombramientos correspondientes porque indicó, que el Municipio no había sido notificado de la aprobación de dicha ley. Esta situación atrasó el proceso de transferencia de los activos de la Autoridad, a la Autoridad del Puerto de Ponce, e impidió que se ratificara el nombramiento de director ejecutivo.

La auditoría de dos hallazgos señala, que se desembolsaron $269 millones en el proyecto del Puerto de Ponce, que no han tenido utilidad, ni han redundado en beneficio del interés público. El hallazgo devela que el Puerto no es utilizado como puerto de transbordo ni como puerto de tercera generación. El uso del puerto se ha limitado al recibo de cruceros, y luego del huracán María, a recibir y almacenar la carga de recuperación.

Durante el periodo de construcción del Puerto de Ponce, del 2000 hasta el 2015, se habían desarrollado otras instalaciones portuarias de transbordo en mejores condiciones competitivas en República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Panamá.

El informe determina que las 10 grúas instaladas para el manejo de carga marítima, no eran utilizadas por deficiencias mecánicas, falta de mantenimiento y de servicio de energía eléctrica. Además, dos grúas adquiridas por $22 millones, no estaban certificadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, y 15 meses después, en una segunda visita de los auditores de la Contraloría, seguían sin estar certificadas. De hecho, el ascensor de una de las grúas estaba averiado y en una segunda visita, 14 meses después, seguía averiado.

La Autoridad de Ponce invirtió $2.8 millones para la rehabilitación y remodelación de un edificio para alquilar a las entidades relacionadas con la administración del Puerto. Sin embargo, el edificio no era utilizado y las instalaciones estaban deterioradas.

La auditoría menciona que el sistema de refrigeración adquirido por $2.7 millones para el manejo de la carga marítima, se encontraba almacenado y no era utilizado. Además, las propiedades adquiridas por $19.4 millones para desarrollar un parque industrial, no habían tenido utilidad ya que no se desarrollaron las estructuras planificadas.

Contrario a las leyes y la reglamentación vigente, los documentos no eran almacenados adecuadamente y fueron dañados por el comején. El director de operaciones había informado del estado deplorable de los documentos y una exdirectora ejecutiva de la Autoridad indicó que, tras asumir el cargo, tuvo que solicitar los documentos del proyecto a los contratistas ya que no aparecían en la Autoridad.

Estas situaciones se atribuyen a la falta de continuidad gerencial de los planes de trabajo establecidos, la falta de experiencia en el área marítima, los atrasos en la construcción del proyecto y a la falta de recursos económicos, entre otros.

El informe, firmado por la directora de Asuntos de Auditoría, Edna Velázquez Díaz, incluye ocho anejos de fotos de los hallazgos. La auditoría cubre el periodo del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.