Por entender que atenta contra el derecho a la vida y que podría provocar mayores sufrimientos al paciente y a sus allegados, varias organizaciones representativas de diferentes corrientes religiosas y filosóficas se opusieron hoy al proyecto que crearía la “Ley de Muerte Digna para Pacientes con Enfermedades Terminales”.

La Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico (Frape), la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, que encabeza el arzobispo de San Juan, Roberto González, y el Consejo de Relaciones Espírita Puertorriqueño rechazaron la medida del representante Ángel Matos, pero solo la última de las organizaciones presentó una idea alterna a la propuesta que permitiría que un paciente en etapa terminal ponga fin a su vida con asistencia médica.

Iván Figueroa, presidente del Consejo de Relaciones Espírita Puertorriqueño, entidad que agrupa a varias instituciones espiritistas, planteó que se debe adoptar un proyecto que, en lugar de promover la muerte asistida, fomente la ortotanasia, mediante la cual se le brinda al paciente cuidado paliativo para mitigar el dolor, y a la vez, que atienda sus necesidades fisiológicas, emocionales y espirituales.

“Esto es ‘muerte en su tiempo cierto’. La ortotanasia, a diferencia de la eutanasia, es sensible al proceso de humanización de la muerte, al alivio de los dolores, y no incurre en alargamientos abusivos con la aplicación de medios desproporcionados que solamente producen sufrimientos adicionales”, manifestó Figueroa durante una vista pública de las comisiones de Salud y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

Figueroa asoció la eutanasia con la muerte asistida por ser procesos en los que se produce la muerte a través de métodos artificiales.

“La poca experiencia e información relacionada con el proceso de muerte hace que los individuos consideren la eutanasia y el suicidio asistido como una opción de ‘muerte digna’. Si se hablara más sobre cómo ocurre la muerte –sobre los procesos y los cambios fisiológicos manifestados por el moribundo-, más consideración y énfasis se daría al cuidado paliativo para permitir que ocurra el proceso según su curso”, añadió.

Según el representante de las instituciones espiritistas, la pieza legislativa parte de la “premisa equivocada” de que el dolor que experimentan los enfermos terminales no puede ser aplacado con medicamentos. Argumentó, además, que la condición en la que se encuentran estos pacientes podría dificultar que tomen una decisión informada y racional respecto a si desean o no terminar con su vida.

Figueroa también alertó sobre posibles complicaciones en los procesos de muerte asistida que podrían frustrar los objetivos o prolongar el sufrimiento del paciente, y cuestionó sobre los medicamentos que se utilizarían en el proceso.

“Sin conocer cuál y cómo funciona el método autorizado por el estado para el proceso de muerte asistida, estarían aprobando una medida a ciegas, sin argumentos que apoyen su fin y basada únicamente en aspiraciones y eufemismos como ‘muerte placentera o digna’”, acotó.

El proceso de vistas públicas es encabezado por la representante Lydia Méndez, presidenta de la Comisión de Salud, quien por más de una hora discutió el proyecto de ley sin profundizar sobre sus disposiciones. Por momentos, la discusión se desvió para hablar sobre los protocolos médicos actuales, y las experiencias de la legisladora en su práctica como enfermera.

Méndez expresó su preocupación por que se confunda la intención de la medida y del análisis legislativo.

“No quiero que nadie piense que estamos viendo esto sencillamente porque queremos matar gente, y no quiero proyectar eso de esa forma”, enfatizó.

Mientras, la Frape, a través de su presidente, el reverendo Alberto Rodríguez, señaló que ya existen remedios legales para garantizar que se cumpla la voluntad de las personas sobre el tratamiento médico que recibiría en momentos críticos de salud. Se refirió específicamente a la “Ley de declaración previa de voluntad sobre tratamiento médico en caso de sufrir una condición de salud terminal o de estado vegetativo persistente” (Ley 160-2001).

En tanto, el licenciado Ramón Antonio Guzmán, en representación del Arzobispo de San Juan, catalogó la legislación como “un trasplante jurídico de unas medidas que chocan con el aprecio que nuestro pueblo puertorriqueño prodiga a la vida y al orden natural”.

“Puerto Rico vive unos momentos de gran angustia moral, económica y espiritual. Necesitamos mucha vida, vida digna, no propuestas de una cultura de muerte… Si algo no nos hace falta es coquetearle a la muerte ni entrar precipitadamente en ella”, puntualizó Guzmán al leer el escrito de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.