La Ley 8 de 2017, conocida como Ley del Empleador Único, es un ejemplo de muchas leyes que se aprueban y no se ejecutan en la Isla, sobre todo, en situaciones de crisis de personal como la que ocurrió en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) con la avalancha de solicitudes del beneficio por desempleo tras la emergencia del COVID-19.

A pesar de que fue firmada en febrero de 2017 y el reglamento aprobado en julio de ese mismo año, la exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Palmira Ríos, advirtió que esta ley prácticamente no se ha puesto en vigor, aun cuando permite la movilidad de recursos humanos en el servicio público.

Pero, Sandra Torres, directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), agencia a cargo de implantar la movilidad de empleados públicos, dijo en entrevista con Primera Hora que durante la pandemia no ha recibido ninguna solicitud formal de movimiento de personal y sostuvo que la Ley 8 es una alternativa “siempre y cuando el tipo de personal que estén requiriendo lo tengamos con el adiestramiento o el expertise que requiere cada una de las áreas”.

“Esta ley es otro ejemplo de legislación con problemas de ejecución”, puntualizó la doctora Ríos, también entrevistada por este diario.

“No hay que empezar a escribir, ya hay un instrumento y ese debe ser parte del rol de la OATRH, de cómo empezar a implementar la ley en emergencias y no dejar el rol exclusivamente al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), la Policía y Bomberos. Ese es un tema de la gerencia pública en las situaciones de emergencias, cómo mover los recursos humanos. Tenemos un instrumento que no se diseñó en ese contexto, pero puede servir para eso”, destacó la investigadora académica.

“Si esa ley y su reglamento estuvieran en efecto hubiera ayudado mucho a responder a la pandemia y a otras emergencias. Uno de los campos que más están creciendo en la administración pública es el de las emergencias”, subrayó la socióloga y expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles.

Reconoció que el reglamento fue aprobado poco antes del huracán María y que “no ha habido mucho tiempo” para implementarlo. Dijo además, que no ha habido continuidad en la gestión pública, pues la OATRH (antes OCALARH) ha sufrido cambios.

“Esta agencia ha cambiado tanto de nombre y ha habido tantas direcciones, pues en esta administración creo que Torres es la segunda directora y creo que ella tiene dos sombreros, ya que dirige también la Oficina de Reglamentación de las Telecomunicaciones y después del colapso de María, tiene que estar con las manos llenas”, indicó Ríos.

Insistió, sin embargo, en que el gobierno debe mirar esta ley “muy seriamente y no acomodaticiamente”, pues se trata “de un instrumento para mover empleados a donde los necesitas, que puede ser en un huracán, un terremoto, una pandemia, una sequía y un huracán en medio de la pandemia, algo que puede ser una realidad”.

Ríos subrayó, además, que en administración pública se recomienda que se empiecen a desarrollar planes de emergencia que permitan acceso a los servicios ya que la incertidumbre “es parte de la nueva normalidad”.

“Esto no puede ser solo una cuestión de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Desastres), sino que hay que mirarlo como una actividad de todas las instancias públicas”, sostuvo la experta.

“Esta ley fue el primer paso para movernos. Muchos entendíamos que era una buena idea, que requería homogenizar planes, ascensos y evaluaciones para facilitar la movilidad. Creo que en esa parte se ha quedado atascada para mover esas sillas y no se adelantó como se esperaba”, abundó.

La socióloga dijo que puede entender que no se haya ejecutado ya que dos huracanes “pusieron patas arriba todo, pero ahora la urgencia nos debe servir de lección pues, si no, vamos a continuar reaccionando con pocos instrumentos efectivos y este es un instrumento importante que se tiene, que no se puede seguir ignorando”.

“Si algo debimos aprender de esta pandemia es que no hacer ciertas cosas tiene un costo altísimo y a veces es más alto”, dijo para destacar que la reducción de las licencias de enfermedad debe ser reevaluado. “Esto hay que repensarlo y ya he escuchado legisladores en esa línea porque estás obligando a gente enferma a ir a trabajar. Muchas medidas nos van a costar más que el ahorro”, sostuvo Ríos.

Qué dice la OATRH

La directora de la OATRH expresó, por su parte, que, aunque la movilidad de empleados públicos “siempre es una alternativa, tendríamos que ver si en el registro de movilidad voluntaria o en los empleados del gobierno hay personas que tengan ya el adiestramiento o que sean de fácil adiestramiento para referirlos a las agencias”.

Subrayó además, que la petición debe venir de “cada una de esas agencias con unas especificaciones del tipo de personal que necesitan”.

Torres indicó que para la pandemia, la secretaria del DTRH, Briseida Torres, le hizo una consulta informal sobre la necesidad de personal que tenía la agencia en medio del caos con las miles de solicitudes de desempleo sin procesar, pero dijo que no fue necesario aplicar la Ley 8, pues algunos municipios prestaron empleados de los consorcios para aliviar la carga de labores.

“La solicitud de la secretaria del Trabajo fue un diálogo informal en un momento en que tuvimos una reunión en Fortaleza, no hubo una solicitud por escrito. Posterior a esa conversación que tuvimos surgió la voluntariedad de unos municipios que ya tenían personal con consorcios adiestrados con conocimiento. Comenzó primero el alcalde de Bayamón (Ramón Luis Rivera) poniéndolos a la disposición y sucesivamente otros alcaldes”, sostuvo Torres.

Dijo que el empleador único es el concepto que se creó con la Ley 8, mediante el cual el gobierno es el patrono principal y “se acabaron los administradores individuales”. Explicó que la movilidad tiene dos categorías, la voluntaria, solicitada por el empleado, y la obligatoria.

Torres indicó que el pasado año la OATRH hizo un plan de movilidad para la Oficina del Auditor del Inspector General del Departamento de Hacienda y otro para los empleados civiles de la Policía.

Según datos provistos, el Gobierno cuenta con una plantilla de 134,200 empleados.