La historia de división en el seno del Partido Popular Democrático (PPD) que se dio hace unos meses con relación con la reforma contributiva, está de nuevo a la vuelta de la esquina, esta vez por las enmiendas a las leyes laborales que traería el Plan de Ajuste Fiscal.

Legisladores del PPD que no están dispuestos a apoyar un Plan de Ajuste Fiscal que les quite derechos y beneficios adquiridos a los trabajadores llevan un mes pidiéndole al Gobernador que se reúna con ellos y la cita no se la han concedido, reveló ayer el representante del PPD, Luis Raúl Torres.

“Llevo un mes pidiendo esa reunión de distintas maneras y no nos la han dado. Desde que el Gobernador hizo un llamado a la unidad de todos los sectores del País, inmediatamente yo me comuniqué y le pedí que se reuniera con nosotros a dialogar; a dialogar para poder estar claros en términos de apoyar cualquier plan que él tuviese; de llegar a unos acuerdos efectivos bajo su liderato”, dijo Torres, textualmente.

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Mencionó que Alejandro García Padilla no se reúne con ellos, pero si ha aceptado hablar con líderes del principal partido de oposición, el Partido Nuevo Progresista.

Torres confió que los representantes populares Luis Vega Ramos, Manuel Natal, Carlos Vargas y él, más Jesús Santa –que preside la Comisión de Asuntos Laborales-  se reunieron hace dos semanas con más de 80 líderes obreros y el compromiso de los primeros cuatro fue que no avalarían con su voto “ninguna medida que les quite beneficios o derechos a los trabajadores de los sectores privados o públicos”.

El grupo entiende, de otra parte, que cualquier plan del gobierno tiene que considerar  qué  beneficios en términos de creación de empleos están generando las exenciones contributivas y los incentivos que el Estado le da ahora mismo a las empresas que operan en la Isla.

El representante PPD dijo que un estudio del economista Ramón Cao demuestra que el gobierno deja de ingresar en contribuciones $250 mil por cada uno de esos empleos.

Sobre la posición de Jesús Santa, Torres señaló que en la reunión con los líderes obreros -afiliados a la Federación de los Trabajadores- este dijo que iba a evaluar la propuesta que se supone que García Padilla presente el próximo 30 de agosto; que él no tenía una opinión ni en contra, ni a favor de ese proyecto.

Primera Hora adelantó la semana pasada que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, está dispuesta a tirarse a la calle con los trabajadores si el Plan de Ajuste Fiscal resulta “un facsímil razonable de la Ley 7” de Luis Fortuño; si el mismo les congela beneficios a los trabajadores.

El alcalde de Caguas, William Miranda Marín, dijo esta semana que ese plan de ajuste y las negociaciones a las que llegue el Gobierno con los bonistas son  esenciales para determinar si hay primarias a la gobernación en el PPD.

“Si hay un buen plan y una buena negociación, debemos ponderar si debemos cambiar a nuestro presidente”, dijo.

Este fin de semana el PPD celebrará su convención en Fajardo. El domingo García Padilla ofrecerá un mensaje a los populares y no se ha  precisado si aprovechará la ocasión para reiterarse en su deseo de ir a la reelección.

El Plan de Ajuste Fiscal, a prorratearse a cinco años, surge como respuesta al interés de los tenedores de los bonos de Puerto Rico de que la Isla adelante medidas de austeridad; a que se adelanten iniciativas que propendan a un despunte en la economía del país.

La reforma laboral se daría en ese contexto, bajo la teoría de que serviría como incentivo para la creación de empleos.

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