El Tribunal de Apelaciones dictaminó hoy que la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no podrá insistir en perseguir un proceso administrativo en contra del estudiante Giovanni Roberto. Esto deberá ser así hasta tanto se resuelva el caso presentado por el bufete Mc Connell Valdés, que representa a la institución, en apelación a la determinación de la jueza Rebecca De León quien declaró inconstitucional la suspensión del alumno, así como la prohibición de marchas en el recinto.

“Ahora la universidad está jurídicamente impedida de hacer trámite alguno en la esfera administrativa en contra de Giovanni, no procede nada que tenga que ver con el proceso administrativo”, dijo el abogado del alumno, Frank Torres Viada.

De acuerdo a la administración universitaria, en contra de Roberto existen querellas y evidencia ligada a su participación en la huelga estudiantil. Así las cosas éste radicó un pleito impugnando su suspensión en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Luego de celebrarse el juicio, la jueza Rebeca De León declaró inconstitucional la suspensión de Roberto así como las sanciones y prohibiciones de marchas decretadas por la rectora del recinto riopedrense Ana Guadalupe.

La administración universitaria acudió al Tribunal Apelativo y pidió que paralizara los efectos de la sentencia de De León lo que fue concedido por dicho foro judicial.

Torres Viada denunció que la administración continuó señalando vistas en contra de Giovanni por lo que acudió al Apelativo y solicitó también la paralización de dichos procesos, lo que fue concedido hoy.