La escasez de pruebas de antígenos para diagnosticar COVID-19 se ha agudizado en algunos municipios donde el inventario se ha quedado en cero, según advierte el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.

En entrevista con Primera Hora, el también alcalde de Villalba, dijo que llevaba días advirtiendo lo que ocurriría, precisamente, en momentos en que hay una alta transmisión del virus, cuando circula la variante Delta la cual es mucho más contagiosa y cuando es importante hacer cernimientos en escuelas y centros de trabajo.

“Es una locura... lo llevo explicando durante semanas: no hay pruebas de antígenos. Y nos ha pasado ahora con la apertura de escuelas. Mi inventario ahora mismo está en cero. Hablé con el Departamento de Salud y me dicen que me pueden dar 50 a 100 pruebas. Imagínate... nosotros estamos realizando 500 pruebas diarias. Estamos como al principio, que no había pruebas y hubo que encerrar a todo el mundo en sus casas”, expresó Hernández.

Se solicitó una reacción al Departamento de Salud, pero al cierre de esta edición no habían hecho expresiones. La semana pasada el secretario de la agencia, Carlos Mellado, admitió que los abastos de pruebas de antígeno estaban “limitados”, pero enfatizó en que la situación no era para alarmarse, pues había un “buen inventario de pruebas moleculares” para suplir la demanda que existe ante el repunte de casos de coronavirus. Además, dijo que se había logrado un acuerdo con la farmacéutica Abbott para que enviara a la isla 20,000 pruebas de antígeno semanalmente. Se desconoce si los abastos llegaron. Hasta hace poco, la agencia hacía sobre 14,000 pruebas a la semana a través de 37 centros fijos.

Mientras, el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez, señaló que la limitación de pruebas ha puesto en riesgo el rastreo y manejo de casos que se detectan en el municipio.

“Hay brotes comunitarios donde se requiere la realización de pruebas de manera programada, lo que no se está haciendo por la limitación actual. Lo que se necesita es tener certeza de la magnitud de los contagios”, argumentó el alcalde, quien aún estando vacunado se contagió con coronavirus y requirió hospitalización.

Méndez añadió que a los participantes del Plan Vital de su municipio se les está cobrando $30 por la prueba de antígenos, lo que les resulta “oneroso”.

Por su parte, el alcalde de Río Grande, Angel “Bori” González Damudt, señaló por declaraciones escritas que lo apropiado es que se trabaje un plan coordinado con los laboratorios clínicos y el gobierno federal.

“Sabemos que el mundo entero tiene el reto de enfrentar las diversas variantes del COVID y sabemos por experiencia que con la planificación adecuada podemos avanzar, pero hay urgencia de resolver esta situación, necesitamos evitar una crisis”.

El llamado de los alcaldes asociados se suma a los reclamos de los dueños de centros de cuido para personas de edad avanzada, quienes aseguran que el gobierno ha dejado de realizar las pruebas para detectar el virus a esta población.

Esta pasada semana, la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, Juanita Aponte, expresó que, ante la ausencia de pruebas por parte del Departamento de Salud, algunos centros han decido gestionar las pruebas periódicas para residentes y personal, y así evitar que se desaten brotes en las instalaciones. Aponte representa a 1,100 de los 1,300 centros de cuido que hay en Puerto Rico.

“Salud no me ha llevado ni una prueba... hicieron un lugar para que los hogares fueran con un programa chiquito de 8 personas, pero haya que tener casos positivos y no es para cernimiento. Ellos van si se detectan casos y lo que nosotros proponíamos es que fuera algo preventivo... si prevenimos, evitamos brotes”, dijo a Primera Hora al acotar que en su hogar Loma San Agustín se les está realizando a los residentes las pruebas semanalmente. Además, todos los residentes, participantes y empleados están completamente vacunados.