Solo tres de los 12 casos entablados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para lograr la demolición de estructuras y muelles ubicados en la zona marítimo terreste, pero en fincas privadas cercanas a la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, le han respondido a la agencia para comenzar un proceso administrativo.

Los restantes casos emitidos el pasado 3 de junio no le han respondido al DRNA. No obstante, las personas emplazadas tienen hasta el martes, 5 de julio, para contestar la Resolución emitida por la agencia, ya que los 30 días concedidos se cumplen durante este próximo fin de semana feriado. Al no ser días laborales, se extiende la fecha, explicó el portavoz de prensa de la agencia, Joel Seijo.

La Resolución emitida por la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, estipula, específicamente, que se deben demoler unas nueve estructuras y muelles que se construyeron de manera ilegal en la zona protegida.

“Estas órdenes están sobre terrenos privado. Eso es lo primero que hay que aclarar. Estas órdenes van sobre personas que tienen propiedad privada o sus cantos de terreno privados. Yo tengo certeza que ahí hay algo construido y, según mi análisis y evaluación, no tenían los permisos, así que eso no puede estar ahí construido”, sostuvo, al justificar la orden.

La funcionaria explicó que las estructuras, principalmente muelles, se encuentran en las propiedades privadas localizadas en la comunidad “Camino del Indio”, por la que hay que pasar para llegar a la reserva natural.

Este sería el segundo caso que presenta la agencia ambiental por las irregularidades destapadas por la representante Mariana Nogales el pasado 21 de marzo en torno a las construcciones ilegales en la importante reserva natural.

El primer caso, que se encuentra ante el Tribunal de Primera Instancia de Guayama, fue incoado el 28 de abril para desahuciar a unas 12 personas que, según la agencia, ocupan terrenos ilegalmente en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos.

La secretaria adelantó que este caso está en la etapa final, “de presentar los peritos, informes periciales, los testigos que van a estar en el caso para comenzar todo el proceso argumentativo”.

No pudo detallar cuándo iniciaría el desfile de prueba ante el tribunal.

Asimismo, Rodríguez Vega reveló que en medio de la investigación que se realiza por la ocupación ilegal de los terrenos de la reserva, le llegaron varias querellas por construcciones realizadas en zonas marítimo terrestre de propiedades privadas. Esto llevó a que se decretase la orden de demolición en curso y se diera paso al proceso administrativo.

Información oficial provista por el DRNA establece que una de las tres personas que respondieron a la resolución alegó que la construcción de su muelle es legal. Otro solicitó tiempo adicional, mientras una mujer reclamó haberse divorciado de la persona que quedó en control de la propiedad ubicada en la reserva.

¿Qué reclaman?

En un resumen remitido a Primera Hora por el DRNA se estipula que uno de los que respondió a la orden dada por la secretaria interina fue Enrique Báez, hijo.

“Presentó Moción de Desestimación, alegando que su padre (Enrique Báez) había fallecido y que se construyó el muelle con permiso del Cuerpo de Ingenieros (COE), por sus siglas en inglés”, se informó.

Otro caso se presentó en contra de Luz Negrón González y Johnny Jusino.

“El señor Jusino alegó que había vendido el muelle. La señora Luz Negrón alegó que se habían divorciado y le habían adjudicado el muelle a señor Johnny Justino, según Sentencia del TPI del caso Núm: KAC- 2014-0368, de 21 de octubre de 2015, y contestó la Notificación de 15 de junio de 2022 y en cumplimiento a la referida notificación. La señora Negrón, por conducto de su abogado, envió la Sentencia de División de Comunidad de Bienes. El señor Jusino aún no ha contestado el requerimiento que se le hizo en la referida Notificación”, establece la información concedida por el DRNA.

El último caso con el que el DRNA ha tenido contacto es contra Víctor Rivera Jiménez.

“El 14 de junio de 2022 había un señalamiento de vista y compareció su abogado, el cual alegó que su cliente no había recibido la Resolución Parcial y la licenciada Román le adelantó copia, se le dieron 10 días para someter una información que aún no se ha recibido”, se informó.

Debido a que el plazo concedido no ha culminado, el DRNA no ha tomado todavía determinaciones finales sobre estos casos.

No obstante, la secretaria de la agencia precisó que aquellas personas que respondieron pasarán por el proceso administrativo. El mismo esteblece que un oficial examinador, que funge de juez, evaluará la posición del DRNA en torno a que las estructuras fueron construidas en zonas marítimo terrestre y sin los debidos permisos. También analizará los documentos y expresiones del propietario. La decisión de este oficial examinado pudiese ser cuestionada en los tribunales, según dicta el debido proceso de ley, antes de hacerse final y firme.

Aquellos que no respondan, serían llevados por el DRNA ante los tribunales con una orden de cese y desista, en la que la finalidad también será lograr la demolición de estructuras, dijo Rodríguez Vega.

La funcionaria también explicó que aquel que no cumpla con la orden final de demolición, el Departamento haría la labor.

“Yo tengo autoridad, verdad, como entidad gubernamental, para hacer un recobro así sea enviándole la orden de deuda al Departamento de Hacienda u otra entidad gubernamental. Hay muchas opciones para yo poder cobrar esto. No necesariamente que la persona se va y se sale con la suya, como uno dice, de no pagar y que el Departamento se resuelva haicendo una demolición”, indicó.

Una vez demolidas las estructuras, el DRNA y entidades que se le han acercado se proponen a reforestar las áreas impactadas para mitigar, reveló la funcionaria.

Más investigaciones

La secretaria reveló, de paso, que aún investigan más querellas que pudieran dar paso a otras órdenes de demolición en la zona cercana a Bahía Jobos y otros pueblos de la Isla.

“Hay muchas investigaciones en curso del uso ilícito de las zonas marítimo terrestre y que no haya ninguna duda de que cada caso se está investigando y si esa es la consecuencia, pues así será”, señaló.

También están en curso investigaciones criminales respecto a las ilegalidades que se pudieron haber cometido dentro de la reserva natural Bahía Jobos. Estas pesquisas las realiza el Departamento de Justicia y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

La secretaria no pudo dar detalles de lo que ocurre en ambas pesquisas.

“Sí, es una investigación que continúa activa y el Departamento sigue proveyendo información solicitada por ambas entidades y que todo arroja a que están identificando algunos delitos que van a ser investigados completamente y que van a llegar a las últimas consecuencias”, manifestó Rodríguez Vega.