Elías Sánchez renunció a su puesto como representante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sin revelarle al país detalles financieros como clientes a los que representa, corporaciones, bufetes e ingresos devengados mientras ocupaba su puesto, dijo el senador del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres.

"El licenciado Sánchez renunció a su posición sin hacer pública la información financiera que tenía que presentar en sus informes ante la JSF. Es altamente sospechoso que ahora se esconda detrás de una renuncia para no asumir su responsabilidad. La pregunta es por qué no quiere mostrar esta información. Sánchez tiene que contestar qué es lo que esconde. El licenciado sabe que no podía utilizar su posición para beneficiarse él, sus socios y sus clientes, y eso no lo vamos a saber mientras no haga pública ésta información", sentenció Torres mediante comunicado de prensa.

"Hoy en un medio de comunicación, él mismo confirma ser socio de un bufete (Wolf & Popper), que representa a bonistas. Por lo que es pertinente conocer  si utilizaba información privilegiada dentro de la JSF para beneficiarlos, lo que constituye una clara violación ética. La renuncia no lo exime de su responsabilidad pública, Sánchez tiene mucho que explicar aún", dijo Torres en sus declaraciones escritas.

En el mes de febrero, Elías Sánchez presentó un informe ético y financiero como miembro de la Junta, pero en comparación con los demás miembros de la Junta, Sánchez omitió información relevante a sus finanzas y clientes. 

"El informe que presentó Elías Sánchez, está casi en blanco, lo que nos deja a oscuras con relación al manejo de sus finanzas. Si él representaba al país en el la JSF, lo menos que merecen los ciudadanos es conocer el historial financiero de este funcionario", precisó Torres.

Sánchez renunció a la JSF, en una decisión discutida hace dos semanas con el gobernador Ricardo Rosselló, quien a media mañana ya nombró como su sustituto al presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Christian Sobrino. Sánchez ha dicho que se dedicará a la práctica de la abogacía.

Mientras, otros populares que reaccionaron a la renuncia de Sánchez fueron los representantes Manuel Natal, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres Cruz, quienes emplazaron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a rendir cuentas por los conflictos éticos de su representante designado ante la Junta.

“Durante siete meses Elías Sánchez ocupó un cargo público a través del cual pudo haber beneficiado a sus clientes privados. Desde el primer día, señalé la relación contractual de Sánchez con el bufete Wolf Popper, quien ha servido de cabildero para distintos grupos de bonistas", señaló el el representante Manuel Natal Albelo. 

Por su parte, el representante Luis Raúl Torres Cruz llamó la atención a lo que considera el juego de “pitcher y ctcher” entre la administración de Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal, al señalar que el propio Elías Sánchez ha expresado que todas las medidas implementadas por el organismo supervisor han sido parte del programa de Gobierno del PNP.

 “Mientras abandona el barco, Elías Sánchez desenmascara a Ricardo Rosselló y lo hace responsable de todas los sacrificios adicionales que le han pedido al Pueblo de Puerto Rico durante los pasados seis meses”, agregó Torres Cruz.

Por su parte, el representante Luis Vega Ramos sostuvo que aunque el licenciado Sánchez Sifonte haya renunciado a su posición, no cesa la obligación moral de él, así como del gobernador, de rendir cuentas sobre los asuntos éticos de su desempeño. “Ahora se hace más urgente que se divulgue todo aspecto profesional del licenciado Sánchez Sifonte. Precisamente ahora que ‘regresa’ al sector privado es que se hace importante que someta su información y que se ajuste a los parámetros éticos que le aplican a los ex funcionarios públicos.  Eso lo contempla la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico estableciendo unas prohibiciones y un sistema de dispensas.  Las mismas deben aplicársele al licenciado Sánchez Sifonte¨.

Los legisladores de la Pava presentaron nuevamente un proyecto que, de ser convertido el ley, daría paso a la aplicación de las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico a todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.