El municipio de San Juan enmendará la acción legal que presentó recientemente contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en que reclama que esa institución no puede retenerle los fondos provenientes de la Contribución Adicional Especial Municipal (CAE) ni del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM).

El abogado del municipio Frank Torres Viada dijo que buscarán retar la constitucionalidad de dos leyes: la ley 21 de 2016, conocida como la de Moratoria y la ley 5 de 2017, que es la de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal. 

También se cuestionarán varias órdenes administrativas que ahora facultan al BGF a retener el dinero.

Al anunciar su intención ayer durante una vista ante el juez Anthony Cuevas Ramos del Centro Judicial de San Juan, Torres Vieda renunció además a la solicitud de un interdicto preliminar y un mandamus para que se devolvieran los $23 millones del CAE.

Según la alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz, esa retención corresponde a los años fiscales 2014-2015 y 2015-2016.

Adicional a eso, el municipio asegura que hay otra retención del BGF que asciende a $192 millones si se cuentan los fondos del CRIM del año pasado, mientras que el banco certificó que la retención es de $152 millones.

La alcaldesa dijo que se trata de dinero que se le priva a la gente, no a ella, y que corresponde devolverlo para que no se afecten los servicios.

Por su parte, Oreste Ramos, abogado del BGF, alega que las leyes nuevas se sostienen y le dan a la institución la jurisdicción sobre esos fondos.

“El dinero no se puede pasar al Municipio porque  hay unas órdenes administrativas que impiden eso, que son claras y que alteran el deber  ministerial del Banco Gubernamental de Fomento distinto a lo que existía antes”, dijo a su salida de sala.

Hasta que el Municipio no enmiende su demanda, no se esperan nuevas fechas de señalamientos en el caso.

La Alcaldesa no descartó que otros municipios se unan a su reclamo, como lo dijo ayer por separado el ejecutivo municipal de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y como lo han hablado con ella sus homólogos de Caguas, Juncos, Hormigueros e Isabela, entre otros, a quienes también se les ha retenido dinero de las cuentas que tenían en el BGF.

Como parte del proceso judicial, ayer el presidente del BGF solicitó una orden para que se le excusara de declarar en el pleito, lo que la alcaldesa criticó.

“Aquí estoy yo. La pregunta es dónde está el BGF y Christian Sobrino y por qué teme sentarse en el banco de los testigos. (Será que) saben cuál es la verdad: que le deben una suma millonaria a la gente de San Juan”, expresó Cruz.