El Departamento de Salud solicitará esta tarde dos semanas para pagar los $9.4 millones que adeudan para parear los fondos de Medicaid a los Centros de Salud Primaria 330.

La información la indicó esta mañana la secretaria de Salud, Ana Ríus, en una entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio), al reaccionar a la amenaza lanzada por el juez federal Gustavo A. Gelpí de que las cuentas de la agencia pudieran ser embargadas si no paga la deuda.

“Nosotros vamos a ir a vista con el juez esta tarde y se le va a ofrecer cuándo se va a poder pagar, que no es más tarde de dos semanas. Nosotros entendemos que se puede llegar a un arreglo”, sostuvo.

El juez federal citó a funcionarios del Departamento de Salud para que expliquen la razón por la que no ha cumplido con los pagos correspondientes a estos centros desde marzo pasado, y verificar a cuánto asciende la deuda.

Ríus precisó en la entrevista radial que la deuda ascendía a $5.4 millones. No obstante, luego la oficina de prensa de Salud aclaró mediante un correo electrónico que la cifra correcta eran $9.4 millones.

“Existe la buena intención de que se va a pagar, tan pronto exista la liquidez que sería la semana que viene”, añadió la funcionaria.

En 2003, 17 centros de salud 330 demandaron a nivel federal a Triple C, Inc., Triple S, Inc., Medical Card System Inc., al Municipio de San Juan, al Departamento de Salud y al Gobierno de Puerto Rico por no emitir los correspondientes pagos, dado a que debe parear fondos de Medicaid y pagarles. Los pagos comenzaron a emitirse, hasta hace poco más de tres meses, cuando la agencia estatal informó que no tenía los fondos para poder pagarles, ya que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no les presta dinero. Con esa línea de crédito era que pagaban anteriormente.

Este retraso del pago, provocó que los centros de salud 330 regresaran al Tribunal federal a exigir que Salud pagara lo adeudado. De no pagar o, mínimamente, establecer un plan de pago, el juez podría emitir un embargo de las cuentas, según indicó ayer, martes.

Gelpí indicó, de antemano, que no se embargaría el salario de los empleados.

Ríus, sin embargo, señaló que la agencia no tiene cuentas bancarias, sino que los fondos salen del Departamento de Hacienda. Con su explicación, expuso la complicación que se enfrentaría para imponer una directriz de embargo.

Fue en el 2002 que se estableció la ley para parear fondos federales y pagarle a los llamados centros 330, que ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, dentista, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros.

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La deuda del trimester enero a marzo 2015 asciende a $9.4 millones. No son $5.4 millones como informado por el Departamento de Salud.

El proceso judicial es contra el Gobierno de Puerto Rico. No contra aseguradoras en específico como informado.

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