La Legislatura aprobó este año tres leyes a favor de las mujeres embarazadas y los pacientes de cáncer, así como para aumentarle el salario a las enfermeras, sin presupuestar dinero, denunció este miércoles el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.

El escenario es más complicado aún, porque la agencia no ha tenido tiempo para preparar los reglamentos que se requieren para algunas de estas legislaciones por estar inmersa en la atención de la emergencia del coronavirus. Así lo reconoció el titular durante su ponencia ante el comité de transición, la cual ofreció durante una vista realizada en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

“Hay trabajo jurídico que hacer, mucho trabajo por hacer”, expuso.

La primera ley que mencionó es “para establecer el derecho al cuidado prenatal, parto y postparto para embarazadas médico-indigentes en Puerto Rico”.

González Feliciano dijo que dicha atención no se puede pagar con fondos del Madicare, como los legisladores pensaron.

La otra legislación es la “Ley especial para asegurar el acceso al tratamiento y diagnóstico de los pacientes de cáncer en Puerto Rico”, la cual dispone normas uniformes sobre el manejo de medicamentos recetados para estos pacientes.

Por segunda ocasión, el titular afirmó que, “cuando se hace esta ley de esta magnitud, se presume que la responsabilidad jurídica es Vital, Medicare”.

Indicó que, para dar estos servicios, Salud tiene que negociar con las aseguradoras y asumir los cargos.

“Si no viene fondos, no se puede generar”, insistió.

La tercera legislación se relaciona al aumento de salario de las enfermeras.

El secretario de Salud señaló que el gobierno entrante tendrá que presupuestar fondos para cumplirla, ya que para el próximo año no habrá fondos federales relacionados a la pandemia del coronavirus, específicamente el CARES Act.

“No se define para accionar en el 2021. No vamos a tener Cares ACT para adjudicar estos costos”, dijo, al explicar que el dinero sería para pagar a las enfermeras del sistema publico.

Pero, más allá de estas regulaciones, González Feliciano informó que el gobierno entrante debe presupuestar dinero para pagar el síndico federal del programa de discapacitados.

Informó que se trata de $1.5 millones para pagar al monitor federal, el licenciado Alfredo Escalera, así como otros $1.5 millones para pagar a los abogados de Salud en este caso federal, el bufete McConnell Valdés.

También deben presupuestar dinero para una demanda impuesta por los centros 330. Se trata de $19 millones trimestrales que Salud tiene que pagar por este pleito, dijo.