Tras un irregular y fallido intento de compras de pruebas para detectar el coronavirus en sobreprecio a una empresa de construcción, el Departamento de Salud fijó rigurosas reglas para suplirse de material de protección personal, así como de pruebas rápidas para detectar el COVID-19, según un documento oficial de la agencia en poder de Primera Hora denominado Solicitud de Precios en Mercado Abierto.

La más que se destaca del listado de “Términos y Condiciones” que se fijó en el proceso de recibo de propuestas, que fue extendido hasta ayer, es que "los licitadores interesados en participar de esta 'Solicitud de Precios en Mercado Abierto' deben ser compañías especializadas en bienes y servicios en áreas de la Salud, cuya experiencia no sea menor de un año en el área de la Salud".

El requisito viene a subsanar parte de los problemas que tuvo Salud cuando entre el 24 al 26 de marzo procesó un contrato con la empresa de construcción Apex General Contractors para comprarles un millón de pruebas rápidas a $38 cada una, para un monto de $38 millones. Ha salido a relucir en investigaciones periodísticas realizadas por El Nuevo Día que la empresa nunca tuvo relación en el campo de la salud hasta que comenzó esta pandemia del coronavirus. Sí tenía un contrato de construcción para el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau.

Pero, más allá de que la empresa esté ligada al campo de la salubridad, ahora el Departamento exigirá poder ver las muestras de los artículos que se disponen a comprar en el momento en que se le solicite. Entre otras cosas, se busca constatar que todo artículo a adquirirse esté avalado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés).

Esta nueva solicitud vendría clarificar una de las presuntas irregularidades detectadas en las investigaciones que se realizan sobre el fallido proceso de compra a Apex. Se trata de que la empresa en Australia que fue identificada por la compañía constructora como la que le compraría las pruebas, Promedical, aludió a que nunca fue contactada para realizar ninguna transacción con la Isla.

En una de las menciones, se destaca que "el Departamento de Salud podrá requerir una reunión de presentación de artículos compulsoria para determinar si el licitador ha ofrecido un artículo dentro de las especificaciones establecidas en el Pliego de Solicitud de Precios en Mercado Abierto. Esta presentación será solicitada por la División de Subastas, Oficinas de Compras y Subastas, la cual, será solamente para fines evaluativos y libre de costo para el Departamento de Salud. El Departamento de Salud ser reserva el derecho de rechazar a la Compañía que no asiste a la fecha establecida para esta presentar sus artículos".

Salud no especifica cuándo se concretarían los contratos. En el documento, de 24 páginas, solo se expone que una vez se logre un acuerdo entre las partes “las fechas de entregas de los artículos aquí descritos deberán tener entre 1 a 30 días. Esta fecha de entrega será factor determinante al momento de adjudicación".

El secretario de Salud, Lorenzo González, dijo ayer a Primera Hora que se está formando un grupo para evaluar estas propuestas. El mismo incluirá una persona de la Oficina del Contralor y un representante de la Junta de Supervisión Fiscal para evitar irregularidades.

Otra regla establecida está relacionada a las firmas que deben contener la licitación y los contratos. Se establece que no se permitirán que sean electrónicas.

Este requisito recuerda una irregularidad en el proceso de compras de pruebas que se realizó a finales de marzo. Un empresario, Aaron Vick, informó a El Nuevo Día que su firma había sido falsificada en el contrato de Apex.

“Nunca tuve una relación directa o indirecta (como socio, empleado o inversionista) con Apex. Nunca autoricé el uso de mi firma ni aparecí personalmente para firmar ninguna orden de compra o contrato en nombre de Apex con el Gobierno de Puerto Rico”, expresó el empresario.

El documento no establece nada sobre si el Departamento de Salud estaría dispuesto a dar algún adelanto monetario a la empresa o empresas que se contrate.

A Apex, la agencia le dio un adelanto de $19 millones. Ese dinero fue devuelto el 4 de abril, porque la constructora nunca pudo entregar en los cinco días estipulado el millón de pruebas para el cual formalizaron un contrato.

En cambio, Salud establece en el documento que podría solicitar “evidencia crediticia”. Además, se les pide una “garantía de ejecución” de entre 20% a 35% dependiendo el monto del contrato en cheque certificado o giro postal.

“El Departamento de Salud confiscará la garantía de ejecución de aquel contratista que no cumpla con su contrato. En este caso, el Departamento de Salud podrá utilizar los servicios de cualquier otro suplidor en el mercado y tanto el contratista como su afianzador será responsables de cualquier aumento de costo o daño que tenga que pagar o asumir el Departamento de Salud como consecuencia de dicho incumplimiento, hasta el monto de la garantía", se expone.

Como punto de conclusión, se advierte que la empresa a la que se le comprará el equipo de protección o pruebas rápidas deberán presentar pruebas de que han presentado planillas de contribución sobre ingresos desde el 2015 y que ha cumplido con su obligación con el Departamento de Hacienda.

¿Qué busca comprar Salud?

En esta Solicitud de Precios en Mercado Abierto, Salud busca comprar equipo de protección y pruebas rápidas de COVID-19, entre otras cosas.

El listado precisa que los artículos de protección personal son los siguientes: mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95, gorros quirúrgicos, guantes de nitrilo de todos los tamaños, batas quirúrgicas de tamaño grande y extragrande, 'coveralls', desinfectante de manos de múltiples tamaños, cobertor para el rostro, gafas de protección y cobertor para los zapatos.

Como segunda parte, se piden precios de pruebas rápidas, toallitas de alcohol, gazas, curitas redondas y lancetas de seguridad.

Lorenzo González afirmó que lo más que le urge al gobierno adquirir es el equipo de protección.