La papa caliente relacionada a la controversia por construcciones privadas en la Reserva Estuarina y de Investigación Bahía Jobos en Salinas está en manos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que desde hace varios años aparenta estar sentado en una investigación inconclusa.

Así lo expuso la alcaldesa salinense, Karilyn Bonilla Colón, quien acusó a la agencia y a su secretario, Rafael Machargo, de arrastrar los pies con las denuncias del daño ocasionado al área protegida ubicada en el Camino del Indio del barrio Las Mareas a donde cortaron mangles y rellenaron la zona marítimo terrestre.

Según Bonilla Colón, “la invasión que se ha dado dentro de la reserva bajo la modalidad de instalación de campers, no tengo conocimiento de quiénes son esas personas, pero el DRNA ha estado investigando”.

“Nosotros lo referimos al DRNA porque esto es una reserva natural que está bajo la custodia del departamento, estos son terrenos adquiridos por el departamento con fondos federales, aparte de que es zona marítimo terrestre”, destacó al señalar que el ayuntamiento no tiene jurisdicción en el asunto.

“Por eso es que ellos inician un proceso de desalojo de estas personas. Nosotros lo que necesitamos es que esa investigación concluya, no tan solo para que se multe, sino para que se pida el desalojo y que se solicite una mitigación por los daños ocasionados y lo último que expresó el secretario es que en mayo esperan radicar en los tribunales el proceso de desalojo”, acotó.

Rechazó que su administración y los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) estén tratando de sacar millaje político a la problemática, según imputaciones de la exlegisladora municipal y presidenta del el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Salinas, Litzy Alvarado Antonetty, la cual aseguró que el asunto fue denunciado hace más de cinco años.

“Las primeras vistas oculares y visitas a la comunidad con el DRNA y los vigilantes se comenzaron entre 2019 y 2020. La denuncia yo la recibo por parte de la legisladora municipal, Jaqueline Vázquez, entonces presidenta de la Legislatura Municipal y las denuncias de los vecinos del sector son los que inician la investigación que comenzó el DRNA”, sostuvo Bonilla Colón.

“El representante Narmito Ortiz también realizó unas vistas oculares en la que participó el DRNA, así que se hicieron los referidos correspondientes que dan pie a la investigación que hace referencia el secretario que necesitamos que se culmine para que se tome acción contra estas personas que no tan solo invadieron, sino que causaron daño en la reserva; corte de mangle, ellos impactaron la zona marítimo terrestre e impactaron zona que está protegida dentro de la reserva natural”, acotó.

Asimismo, la ejecutiva municipal expuso que esta controversia es otro ejemplo de cómo el DRNA se hace de la vista larga con los referidos al no atenderlos con la urgencia que ameritan.

“El DRNA no atiende con urgencia los referidos que se hacen por parte de líderes ambientales, de líderes comunitarios, funcionarios sobre situaciones en reservas naturales y áreas protegidas. Desde el 2015 estamos en la moratoria y declaración de emergencia y todavía no se han hecho los estudios sobre los acuíferos, hemos hecho consultas sobre el Cerro Planadas La Yeyesa, tampoco se han respondido”, lamentó.

“Tampoco se atienden las situaciones con las embarcaciones y así sucesivamente a través de todo Puerto Rico se reseñan referidos e investigaciones que no se completan y no hay acción”, agregó.

Por eso hizo un llamamiento al gobernador Pedro Pierluisi para que “evalúe el funcionamiento del departamento y la ejecución del secretario porque están arrastrado los pies con este caso y con otros más”.

Ante la pregunta si el secretario del DRNA debe renunciar, la alcaldesa de Salinas afirmó que: “Definitivamente, y no tan solo eso, deben evaluar los reglamentos, el alcance de los roles que tiene un secretario y su funcionamiento”.

Denuncias desde el 2015

Por su parte, la presidenta del PIP en Salinas, Litzy Alvarado, insistió en que las denuncias sobre la destrucción a la reserva natural fueron originadas por el Comité Diálogo Ambiental en el 2015.

“La situación de los campers es una extensión de la situación que se ha estado denunciando por años. Esa primera denuncia del 2015 la hizo el Comité de Diálogo Ambiental a raíz de la alerta que dieron los mismos vecinos de la comunidad buscando una ayuda para poder detener lo que estaba sucediendo en su comunidad, personas de fuera de Salinas llegando allí a destruir mangles y a rellenar y a establecer residencias que son de muy alto costo”, destacó.

No obstante, aclaró que la vista ocular realizada en 2019 por la Legislatura Municipal no fue en el área que está ahora en controversia.

“Nosotros fuimos como Legislatura Municipal a hacer una vista ocular a un sector distinto que está a la entrada de la comunidad a mano derecha. Fue una situación similar en aquel momento porque también se estaban quemando los mangles y rellenando la zona marítimo terrestre. No había ninguna construcción levantada en aquel momento”, dijo la exlegisladora municipal.

“Cuando los vecinos se percatan de eso es algo totalmente atípico de lo que hay en su comunidad, levantan la voz y contactan al Comité Diálogo Ambiental ante la destrucción ambiental que se estaba provocando en aquel momento y el Comité estable una denuncia ante el DRNA y otra entidad federal”, aseguró.

Igualmente, lamentó que “eso lo han convertido en un área residencial de personas fuera de Salinas, personas de alto poder adquisitivo y conexiones en las altas esferas”.

“Esto es una comunidad que siempre ha sido lamentablemente marginada y estigmatizada por problemas de droga, por el alto nivel de pobreza que hay en la comunidad.”, añadió.

En tanto, puso en tela de juicio el presunto desconocimiento de la alcaldesa sobre quiénes son las personas que invadieron la zona protegida por el DRNA.

“Lo que estuve escuchando en estos días es que su esposo, el señor Rubén González, que trabajaba con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y tengo entendido que sigue trabajando con LUMA, aparentemente ha hecho unos trabajos a esa gente que está allí. Asumo que, si eso es cierto, ellos deben conocer a alguien de los que están allí”, apuntó.

“En este cuatrienio no se ha hecho ninguna vista ocular en el Camino del Indio, así que la denuncia sigue sin atenderse”, concluyó.