Cuando demandó, a María Morales Fonseca le ofrecieron $40,000 por transar y ella, en el ánimo de no ir a juicio por jurado, decidió aceptar. Poco después, el mismo alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, ordenó retirar la oferta y el abogado de la demandante, José Quetglas, decidió proseguir con el juicio.

Terminaron ganando $450,000, más costos de abogado.

Ese es uno de los casos que ha tenido que enfrentar el ayuntamiento por patrones de acoso sexual. El caso de Morales Fonseca se vio entre julio de 2007 y septiembre de 2010. La mujer, quien llevaba casi 30 años laborando en el municipio sufrió el acoso sexual de su supervisor, Edwin Ramos Yordán, quien falleció en el transcurso del recurso legal y por ello quedó excluido en la demanda enmendada por Quetglas.

Morales Fonseca laboraba desde 1978 como “Oficinista Dactilógrafo I” y en 2003 fue asignada al Centro de Servicios Múltiples de Juan Domingo. En 2006, Ramos Yordán pasó a ser su supervisor  y, según la demanda, comenzó un patrón de acoso sexual. La mujer habría rechazado continuamente los avances.

Ese mismo año, radicó por escrito una querella contra Ramos Yordán ante el Departamento de Recursos Humanos y, según la demanda, el supervisor de Morales Fonseca llegó a tomar acción contra ella, “aislándola en su lugar de trabajo, maldiciéndola, humillándola y castigándola injustamente”.

El municipio supuestamente investigó la querella de hostigamiento pero nunca le informó los resultados. Por ello, en noviembre de 2006, Morales Fonseca se querelló ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés). Poco después, “el municipio tomó represalias transfiriéndola a un nuevo cargo”, reza la querella. Terminarían despidiéndola.

El municipio, contestando la demanda, negó las alegaciones. El mismo estuvo representado por la firma Martínez, Odell y Calabria, que mantuvo seis contratos por servicios legales con Guaynabo desde 2006 hasta 2011. En total,  facturaron  $220,000.

Según el expediente electrónico del Tribunal Federal, el bufete Manuel López Fernández Law Office trabajaron el caso de María Morales Fonseca, pero sus contratos no aparecen en el Registro de Contratos del Contralor bajo el Municipio de Guaynabo.

Un azote de casi $10 millones

El caso de Zoraida Pérez Delpín contra el municipio de Guaynabo corrió del 13 de noviembre de 2008 al 6 de abril de 2011. El bufete que representó al municipio fue Aldarondo & López Bras, quien ha trabajado otros casos similares y durante el periodo de tiempo mencionado, manejó al menos siete contratos facturando un total de $354,980. Los abogados que representaron al municipio  fueron Claudio Aliff-Ortiz y Marla Nikole Hadad.

Otro bufete, del letrado Michael C. McCall, también participó en la defensa del ayuntamiento. No se pudieron obtener récords en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

El eje de la controversia con Pérez Delpín, quien era agente municipal, fue su orientación sexual. Según la demanda radicada por  Quetglas y Pedro Vázquez, tanto hombres como mujeres participaron en el patrón de hostigamiento  contra su representada.

Cuando Pérez Delpín acudió ante el teniente Wilfredo Martínez para denunciar el acoso, “la reacción fue de desdén hacia Pérez, marcando el inicio de un ambiente laboral hostil”, según el recurso legal.

La agente terminó en tratamiento psiquiátrico a finales del 2006 y acudió al Fondo del Seguro del Estado. El municipio, según la demanda, también interfirió con los servicios negándole días por enfermedad y amenazando con acciones adversas.

El 2 de febrero de 2007, la mujer radicó una querella ante la  EEOC  y reclamó la cantidad de $9,700,000 por diversos daños, pérdidas de ingresos, daños mentales y gastos de abogado, entre otros.

El 14 de enero de 2011 se llegó a un acuerdo confidencial entre las partes.