Ayer se formó un sal pa’ afuera cuando un grupo de estudiantes llegó a la fuerza hasta la oficina donde estaba reunida la Junta de Gobierno y la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, para discutir el plan fiscal de la institución.

Encabezados por algunos miembros del comité negociador del movimiento estudiantil de Río Piedras, los estudiantes rodearon la mesa y exigieron a gritos que los miembros y Fernández que firmaran una lista de “acuerdos”.

Se trata de los reclamos que llevaron a los recintos a declaras una huelga indefinida u otro tipo de paralizaciones y manifestaciones: cero recortes, aumento en la matrícula y sanciones, y un pronunciamiento a favor de una auditoría ciudadana de la deuda pública.

Tanto el presidente de la JG Carlos Pérez Díaz como Fernández firmaron la hoja.

La presidenta interina estaba evidentemente afectada. Entre insultos y reclamos se puso de pie y junto a ella había un oficial de seguridad. Por momentos cerraba extensamente los ojos, se llevaba las manos al pecho y, al final, con ojos llorosos y la nariz roja, dijo a la prensa que acogía “la responsabilidad del cargo que ostento”.

Pérez Díaz, por otra parte, salió diciendo algo así como “ahí les dejo la universidad”.

Los rumores de posibles renuncias ya empezaron a correr.

Los manifestantes reclamaron que durante los pasados dos meses han estado solicitando una reunión con el cuerpo y la presidenta, pero no les fue concedida.

El representante estudiantil graduado ante la JG, Gilberto Domínguez Escalera, pidió a inicios de la reunión que se le permitiera entrar a los seis miembros del comité negociador, entre los que figura la presidenta del Consejo General de Estudiantes riopedrense, Wilmarí de Jesús.

La moción solo obtuvo dos votos; los dos representantes estudiantiles.

Una universidad más chiquita

La junta se aprestaba a aprobar el plan fiscal que contiene un recorte presupuestario de $241 millones, a diferencia de los $512 millones que pidió el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal.

En el documento se contempla una reducción en la cantidad de estudiantes matriculados de 62,000 para el 2018, a 54,200 para el 2022.

Además, uno de los golpes más fuertes lo recibirán los empleados cuyos ajustes, principalmente en seguro médico y bonos de navidad, son la mayor partida de reducción.

En ese renglón se contempla un recorte de $25 millones para los próximos dos años fiscales, para el 2020-21 se reducirían $30 millones y en el 2021-22, $35 millones.

En plan tiene un total de $162.32 millones en ahorros para los próximos cinco años, y $78.68 millones en nuevos ingresos, que incluye un aumento en los costos de matrícula.

Esto suman $241 millones, cantidad aprobada por el Comité de Finanzas de la JG y propuesta por los representantes docentes.