El gobernador Ricardo Rosselló anunció ayer una serie de medidas destinadas a insertar más personas en la fuerza laboral y aumentar la competitividad de Puerto Rico, y que incluyen una reforma laboral y una reforma tributaria, entre otras disposiciones. 

Entre las medidas, Rosselló anunció la eliminación en tres años del bono de Navidad, así como la reducción de días de vacaciones y días por enfermedad. 

Según Rosselló, “se van a normalizar, por petición del Gobierno, los días de vacaciones y de enfermedad a 7 días cada uno, permitiéndole al sector privado a que, como hacen otras jurisdicciones, pueda negociar y pueda trabajar con el talento que está atrayendo una cantidad diferente”. 

Respecto al bono de Navidad, expresó que “se pasará la potestad al sector privado, para decidir” si lo paga. 

En cambio, acotó que el “Gobierno se va a comprometer a dar un bono por trabajo”.

Ese incentivo, para que el que se destinarán $200 millones, supone un ingreso extra para toda persona que trabaje, de entre $300 a $2,000, según sus circunstancias, tales como si tiene hijos o está casada. 

Asimismo, el Gobernador anunció un periodo de tres años para “una transición para eliminar de los obstáculos de la Ley 80 (de despido injustificado)” en aras de tener más competitividad. 

Por otro lado, en lo que describió como “justicia a nuestros más vulnerables”, Rosselló declaró un aumento escalonado en el salario mínimo actual de $7.25 por hora. El mismo subiría a $7.75 en el 2019, a $8.00 en 2020, y a $8.25 en el 2021.

Como parte de la “iniciativa para reformar la fuerza laboral en Puerto Rico”, el primer ejecutivo incluyó la necesidad de “una reforma laboral del sector privado”, lograr el código de incentivos, una “reforma contributiva para atemperarnos a la realidad reciente posterior a que se pasara la reforma a nivel federal”, una reforma en beneficiencia, y “un complejo hacia el trabajo donde podamos tener una serie de iniciativas para entrenar a esa fuerza laboral”. 

Rosselló explicó que las medidas buscan atender “una de las situaciones crónicas” de la Isla, la baja participación laboral, que históricamente ronda el 40%. 

“Es imperativo en este momento en nuestra historia que podamos atajar ese problema, para poder provocar que los ciudadanos se puedan quedar aquí en Puerto Rico, que no sigamos viendo el éxodo masivo de búsqueda de oportunidades en otras jurisdicciones”, afirmó.

El mandatario fijó la ambiciosa meta de alcanzar “por lo menos un 60% de participación laboral”; actualmente, está en un 40%.

En el ámbito contributivo, habló de “un nuevo modelo” en el que se reducirían las tasas contributivas a individuos y corporaciones. 

Con esta revisión de las tasas de individuos, que se implementará en el 2019-2020, no se pagará tasa contributiva a los primeros $12,500 de ingreso. De esa cantidad a los $21,000, se pagará 1% en lugar del 7%, y la tasa máxima se reduce de 33% a 31%. 

En las contribuciones corporativas, se reduce su contribución base de 20% a 19%, y la contribución máxima de 39% a 31%. 

Además, se eliminará el impuesto B2B (business to business) en el 2020, luego de una reducción de 4% a 3% en 2019.

Asimismo, se disminuiría el IVU (impuesto sobre ventas y uso) para los alimentos preparados del 11.5% a 7%. 

Este nuevo modelo contributivo se financiaría con unos esperados ahorros que se obtendrían con el Nuevo Código de Incentivos para Puerto Rico, con el que se revisarían los sobre $600 millones que se otorgan como incentivos.

“Queremos evaluar todo ese proceso (de incentivos) de una manera objetiva donde se vea el retorno en la inversión. Y lo que sea positivo para Puerto Rico, se puede incentivar, y lo que no… le vamos a pasar ese ahorro al bolsillo del puertorriqueño”, argumento. 

Como se había anunciado, a los beneficiarios del PAN (Programa de Ayuda Nutricional) se les fijará una condición de trabajo para recibir la ayuda, en busca de que “las personas hábiles puedan comenzar esa transición hacia el empleo”. 

El requisito será de 80 horas de trabajo al mes, que puede ser trabajo, trabajo de voluntariado que se pueda certificar, o entrenamiento para obtener trabajo. En el primer año de no cumplir el requisito, no habría cambios; en el segundo año, de los 12 meses solo se otorgarían nueve, y “posterior a eso seguirá bajando ese porcentaje de otorgación”. 

Luego del anuncio, el Gobernador no contestó preguntas, se levantó de la mesa y se fue sin aclarar las dudas.