A 72 horas del plazo anunciado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la certificación del plan fiscal para el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló sometió un nuevo borrador que incumple con una de las exigencias de este cuerpo creado por la ley federal PROMESA, que sería el recorte de las pensiones.

En un aparte con la prensa escrita, Rosselló dijo que este es un tema de política pública en el que no cederá a la JSF y en el que hay diferencias que no se han resuelto con este último borrador de plan fiscal.

"Hay unos asuntos de cantidades, recortes de 30 a 25%, eso es subsanable y hay asuntos que son filosóficos. El asunto principal es lo de las pensiones. Nosotros como política pública queremos velar por los sectores más vulnerables de la sociedad como los pensionados", dijo el gobernador.

En el pasado plan fiscal, también hubo discrepancias con la JSF, que culminó con una demanda en la corte federal contra el gobierno. La demanda no fue resuelta porque fue retirada tras el paso del huracán María.

Sobre el plan, Rosselló habló de áreas de mayor atención, como reducir el tamaño del gobierno, la reforma laboral y la reforma contributiva.

Para el tamaño del gobierno, además del empleador único que permite mover trabajadores entre agencias, podrían crearse ventanas de transición en agencias específicas y, además, extenderse el programa de transición voluntaria, que expiró el pasado 15 de marzo y donde sólo se fueron del gobierno 2,000 personas.

Sobre la reforma laboral, Rosselló dijo que aún hay "conversación" pendiente con la sociedad y la legislatura en temas polémicos, como eliminar el Bono de Navidad, pero que sus propuestas son "menos onerosas" a las de la Junta. Se dijo en la reunión que la USD propone eliminar muchos más días por vacaciones y enfermedad, eliminar la licencia por maternidad, y borrar de inmediato las protecciones laborales de la ley 80.

Para la reforma contributiva, insistió en las rebajas a los que menos ganan y a los que más tributan, reducción del IVU en áreas como alimentos y dijo que se estarían financiando con la eliminación de exenciones innecesarias, que se estima en $600 millones.

El plan fiscal también hace unos estimados de decrecimiento poblacional, que para el 2023 estiman en un 11%, que es un cálculo que toma en cuenta no solo la emigración sino que la tasa de mortalidad es mayor a la de natalidad, y que las proyecciones económicas proyectan una picada de 10.8% este años que, con "las reforma estructurales" que impulsa el gobierno, se reflejará en un crecimiento que estiman en 7.9% en el 2019 y luego mucho menor, pero aún así en alza, de 1% para el 2023.

A pesar de cualquier discrepancia, el representante del gobernador, Christian Sobrino, y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, se expresaron confiados en que la JSF apruebe este lunes su plan fiscal.

"Se va aprobar el lunes", dijo Sobrino. "La gente de la junta debe determinar si quiere un 'power point' o un plan ejecutable", indicó.

"Nos sentimos muy cómodos con este plan. Es ejecutable. Es un plan enfocado en eficiencias", sostuvo Portela.