El gobernador Ricardo Rosselló se opuso al “ataque injustificado” que la Junta de Supervisión Fiscal intentará imponer sobre los pensionados del País y lo calificó como una acción “ideológica e innecesaria”.

Es por eso que pidió una unión del pueblo boricua y de los partidos para confrontar los posibles recortes a una de las poblaciones más vulnerables.  

“Ante el abuso de la Junta a nuestro pueblo, deseo convocar a todos los sectores de nuestra sociedad, incluyendo a los partidos políticos a unirse a las acciones que estaré tomando en defensa de los pensionados de Puerto Rico. Acudiré a todos los foros que sean necesarios para demostrar que ese golpe no se justifica. No descato ninguna acción en defensa de nuestros pensionados”, indicó Rosselló.

Sin embargo, no detalló cuáles serán esas acciones que, asegura, tomará.

Según el primer ejecutivo, su administración ya tomó las medidas necesarias para subsanar el sistema de pensiones de Puerto Rico. Proyecto que, de imponerse los recortes del ente federal, se creará una “crisis”.

“Más de 70,000 pensionados reciben $1,000 mensual o menos... ¿Quién puede pretender que estos pensionados vivan con menos? Muchos ya sufren haciendo arreglos para pagar sus medicinas, comida, casa, luz y agua”, sostuvo.

Rosselló atribuyó parte del estatus actual de los pensionados a la administración pasada, a quien le imputó un recorte de beneficios como la aportación al plan médico y el bono de verano y Navidad. Aunque, no indicó si su administración reinstalaría estos beneficios.

“Para el 2017 el Sistema de Retiro no tenía fondos para pagarle a los pensionados”, indicó.

Y es que la Junta de Supervisión Fiscal dejará que la jueza Laura Taylor Swain decida el destino de aproximadamente 326,000 servidores públicos jubilados y activos, reseñó hoy El Nuevo Día.

El recorte en las pensiones fluctuará entre cero y una cuarta parte del cheque mensual.

Esto significa que, un empleado público con una pensión mensual de $775 podría dejar de recibir unos $75 al mes, lo que equivale a $900 al año, según documentación del ente federal impuesto por el Congreso.

De acuerdo a la directora ejecutiva de la Junta federal, Natalie Jaresko, el gobierno de Ricardo Rosselló –que se ha negado a la reducción de las pensiones y el bono de Navidad– tendría que acatar la orden de la jueza si le da el visto bueno a la reforma.

Sin embargo, si Swain lo deniega, Jaresko proyectó que el País volvería al mismo lugar que se encontraba cuando se firmó la Ley Promesa.

A continuación, el mensaje ofrecido en televisión nacional: 

Hermanas y hermanos puertorriqueños:

Una vez más nuestro pueblo recibe una injusta e innecesaria amenaza de la Junta de Supervisión Fiscal. En esta ocasión, nuevamente, contra los pensionados del sistema público, afectando a sobre 170 mil de nuestros jubilados.

Quiero iniciar mis palabras reiterándoles que me opongo a ese injustificado ataque contra un importante sector de nuestro pueblo.

Más de 70,000 retirados reciben mil dólares mensuales o menos de pensión. Más de 120,000 reciben dos mil mensuales o menos. ¿Quién puede pretender que estos pensionados vivan con menos? Mucho ya sufren haciendo arreglos para pagar sus medicinas, comida, casa, luz y agua.

Debemos recordar que ya a los pensionados los sacrificaron durante la pasada administración, eliminándoles a muchos de ellos la aportación al plan médico, el bono de verano y el de Navidad, y reduciéndole drásticamente a los futuros pensionados su derecho a una pensión digna.

Para el 2017 los sistemas de retiro no tenían fondos para pagarle a los retirados que por décadas se entregaron en cuerpo y alma al servicio público. Por eso aprobamos la Ley Núm. 106, para que el fondo general se hiciera cargo de cumplir con quienes cumplieron con Puerto Rico.

El recorte propuesto por la Junta a las pensiones es injustificado, porque en la operación del Gobierno hemos realizado economías de mil cuatrocientos millones de dólares, precisamente para pagar las pensiones.

Esos ajustes nos han permitido destinar en todos nuestros presupuestos cerca de $2,500 millones para el pago total de cada pensión.

Las economías que hemos logrado en el Gobierno constituyen el recorte más grande que se haya realizado a un presupuesto operacional en la historia moderna de los Estados Unidos.

Hemos tomado medidas dramáticas y sin precedentes para estabilizar el estado catastrófico en que encontramos las finanzas públicas, evitando el colapso total de la economía en Puerto Rico. Por el contrario, de esa crítica situación, hoy nos encontramos en franca recuperación, según evidencian los principales indicadores que miden el comportamiento de la economía.

Ahora que es constatable los signos de recuperación económica; que comenzamos a recibir importantes inversiones del sector privado en nuestra Isla y disminuye la tasa de desempleo en Puerto Rico, la Junta se presenta como un obstáculo en el camino de nuestro pueblo.

 Sus acciones erráticas, cambiando y objetando planes fiscales que están relacionados con las acciones que están levantando a Puerto Rico, lo único que provocarían sería la parálisis del Gobierno y con ello, hacerle daño al pueblo.

Con la Junta podemos trabajar en un objetivo común: rehabilitar las finanzas del Gobierno y lograr estimular la economía en Puerto Rico. Eso es posible sin tener que imponerle a nuestro pueblo medidas abusivas que afecten los servicios esenciales y la calidad de vida en nuestra Isla.

Luego de las economías y el control de gastos que hemos implementado en el Gobierno, el recorte a las pensiones que pretende imponer la Junta es una obsesión ideológica, totalmente innecesaria.

Repito: Ya hemos tomado las medidas necesarias para salvar las pensiones, actuando con responsabilidad fiscal. No es necesario. La Junta debe acabar de comprender que la política pública es responsabilidad del gobierno electo por los puertorriqueños.

El efecto que tendría el propuesto recorte a las pensiones ocasionaría una crisis social, con serias repercusiones en el comercio y la economía.

Golpear a los pensionados, es, además de injusto, una mala política fiscal. Atacar a los más vulnerables mientras el costo de la vida aumenta, tendría el efecto de provocar que el gobierno tenga que auxiliar a esa población. No tiene sentido el recorte que propone la Junta. Constituye un ataque a todos en Puerto Rico.

Ante el abuso de la Junta a nuestro pueblo, deseo convocar a todos los sectores de nuestra sociedad, incluyendo a los partidos políticos, a unirse a las acciones que estaré tomando en defensa de los pensionados en Puerto Rico.

Acudiré a todos los foros que sean necesarios para demostrar que ese golpe no se justifica. No descarto ninguna acción en defensa de nuestros pensionados.

En prácticamente todas las familias puertorriqueñas hay jubilados, que dieron sus mejores días a Puerto Rico. Debemos defenderlos porque nos asiste la razón y la sensibilidad; porque es lo correcto.

Ustedes me han otorgado el privilegio de servirles como su gobernador. El destino nos confronta con situaciones difíciles y complejas para Puerto Rico. Hoy les pido unidad de propósitos para juntos defender a nuestros pensionados y continuar la agenda de cambios que transformará a Puerto Rico.

La injusticia y el abuso no podrán imponerse a un noble y valiente pueblo, si este ejerce con determinación su derecho a un trato justo.

Yo no seré partícipe del sufrimiento que tendrían miles de familias puertorriqueñas con el recorte a las pensiones. ¡Vamos juntos a dar esa batalla!

Que Dios bendiga a Puerto Rico