El gobernador Ricardo Rosselló insistió en que su administración reducirá el costo de la energía en Puerto Rico y que al final del día se reflejará una mejor tarifa para el ciudadano.

Rosselló reaccionó así a los que alegan que el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con un grupo de bonistas para el pago de la deuda traerá aumentos en la factura.

Dijo que pensar así es no hacerle justicia a lo que se logró.

Diversos grupos, incluyendo a legisladores de mayoría y minorías, así como a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), se oponen al acuerdo realizado por la Junta de Supervisión Fiscal, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), el grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE y la compañía aseguradora Assured Guranty Corp.

Este fue presentado el viernes a la jueza que preside los casos de Título III de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, para que le dé su visto bueno.

Rosselló, luego de ofrecer un mensaje en la cumbre “Puerto Rico, un paraíso de oportunidades”, en el Centro de Convenciones, enumeró en un aparte con la prensa algunos proyectos que tan pronto como en el 2020 promoverán una baja en la factura de la AEE.

“Queremos transformar el sistema energético y uno de los compromisos que estamos llevando es reducir el costo energético, y nosotros vamos a reducir el costo energético. Punto”, sostuvo.

Tras él mismo cuestionarse cómo, respondió que con proyectos como el que están trabajando en las unidades generatrices San Juan 5 y 6, para cambiar de diésel a gas natural.

“Ese cambio representa un ahorro de 1.4 centavos kilovatio hora”, mencionó al expresar que ya esa cantidad de por sí mitiga el primer aumento en la tarifa, para julio próximo, contemplado en el acuerdo.

También mencionó proyectos similares en Palo Seco, que representaría dos centavos de reducción en kilovatios, y otros en Mayagüez sumado a renegociaciones de contratos con las cogeneradoras.

Aseguró que para el 2023, la reducción será de 5.4 centavos kilovatio hora.

“Nosotros hemos llegado a un acuerdo del pago a la deuda que redujo el monto inicial, pero ese pago de la deuda se tenía que dar de alguna forma. Pero encima de eso, en los próximos cinco años... en plata, al plazo del 2023, lo que se establecía con la renegociación del costo a la deuda, que eran 3 chavos kilovatio hora, pues nosotros vamos a ver reducidos, con los cambios transformacionales, a 5.4 centavos kilovatio hora”, mencionó.

Insistió que “el mecanismo va a ser uno de reducción, y tratar de singularizar esto a solamente lo que es el acuerdo no hace justicia”.

El gobernador argumentó que si no se llegaba a un acuerdo y haciendo el pago de la deuda como estaba, el costo del kilovatio hora sería de 30 centavos para el 2020 y 2021.

Parte de lo que se establece en el acuerdo de reestructuración es que tan pronto como en julio próximo se verá un cargo de 1 centavo por kilovatio hora en la factura, representando un aumento de al menos 5%.

Este cargo forma parte de otros esbozados en el pacto.

Mientras, el gobernador insistió en que los ahorros por cambios transformacionales en la agencia tendrán un impacto directo en el renglón de ajuste por combustible, que es donde más paga el consumidor.

Al incorporar fuentes renovables, Rosselló dijo que se deja atrás el “combustible caro y dañino al ambiente” y se opta por uno “más barato y que es mejor para el ambiente… que también nos ayudan a estabilizar ese costo”.

“Vamos a seguir haciendo esos cambios. La transformación nos da un sistema de energía más resiliente, más ‘responsive’, más robusto y más barato y a la medida que tengamos fondos federales para costear algunas cosas de estas, esos costos bajan aún más”, agregó.

Rosselló hizo las declaraciones luego de participar en el foro sobre zonas de oportunidades, donde también convirtió en ley el proyecto que crea el marco regulatorio para el desarrollo de estas zonas.

"Este estatuto nos hace el mejor lugar en la nación para invertir", dijo Rosselló.

El proyecto es en cumplimiento de la reforma contributiva de 2017 y permite a inversionistas diferir la tributación de ganancias de capital por razón de la venta de un activo si invierten una cantidad igual a la ganancia en determinadas circunstancias.

Se estima que generará sobre $600 millones en inversiones de capital.

Según el mandatario, la ley permite acceso a capital en diferentes áreas "que permitirán que Puerto Rico sea aún más competitivo".