Aún cuando el gobernador Ricardo Rosselló podría coincidir con las posturas de rechazo a las medidas impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal  (JSF), rechazó que vaya a  tirarse a la calle y unirse como manifestante al paro nacional que se llevará a cabo mañana pues "desde mi silla tengo mucho trabajo que hacer". 

El Gobernador aclaró que no participará de la protesta masiva,  luego que un miembro de la prensa le cuestionó su falta de liderato en alguna de las diversas  protestas que se llevarán a cabo durante el día de mañana, en su mayoría dirigidas  a la Junta, creada por el Congreso a través de la Ley PROMESA para controlar las finanzas gubernamentales. 

"Porque yo lo que estoy haciendo es trabajando para tener resultados. Respeto a manifestantes,  he sido parte de manifestaciones en el pasado y ese  es uno de los grandes beneficios de vivir en una democracia...", respondió Rosselló luego de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Fortaleza para resumir las gestiones realizadas durante las pasadas semanas en un viaje que realizó a diversas ciudades de Estados Unidos. 

¿Pero,  por qué no se mezcla con el pueblo para llevar el mensaje?, se le ripostó.

"Perdóneme,  pero yo me mezclo con el pueblo a diario...", comenzó a contestar cuando se le interrumpió para insistir por qué no lo hacía en la calle con el pueblo manifestante.

"Mi mecanismo  es uno de trabajar,  uno de posición clara con las distintas políticas públicas que se están estableciendo y un compromiso de ejecutar para que podamos cumplir con objetivos fiscales...desde mi silla tengo mucho trabajo que hacer", manifestó el Gobernador. 

De paso, urgió al diálogo entre los líderes de los diversos grupos que se manifestarán y el secretario del Departamento de Seguridad Pública,  Héctor Pesquera, para evitar incidentes y lograr mejorar coordinación.

Aseguró que de ocho grupos de portavoces (establecidos a manifestarse en esa misma cantidad de áreas en la zona metropolitana),  sólo los de la Central Puertorriqueña de Trabajadores  (CPT) accedieron a la reunión. 

"Llevamos una semana invitándolos a que vengan a la mesa para poder trabajar el proceso con ellos...es importante que se pueda dar ese diálogo", insistió. 

De otra parte,  se le inquirió al Gobernador  garantizar si las medidas de seguridad que se implantarán durante las protestas se llevarán a cabo sin menoscabar los derechos civiles de los manifestantes,  como ocurrió en algunas instancias en el paro del 1ro de mayo del año pasado. 

En el 2017,  tras finalizar la protesta,  surgieron enfrentamientos entre miembros de la Policía y unos manifestantes.  Los agentes lanzaron balas de goma y gas pimienta para ahuyentar a los manifestantes del área de la Milla de Oro. A algunos, incluso,  se les acorraló de tal forma que no podían salir del lugar, comprometiendo su salud y seguridad. Mientras, algunos edificios terminaron vandalizados.

Respecto al tema, Rosselló dijo que se trató de un "evento bastante novel para Puerto Rico" que provocó unas autoevaluaciones internas. Y agregó lo siguiente:

"Yo estoy bien orgulloso de cómo la Policía reaccionó en aquel momento. Era un momento de mucha dificultad y utilizaron la enseñanza que se le dio en la Academia para no utilizar la fuerza, sino otros mecanismos para poder evitar que la violencia se diera", dijo el Gobernador. 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Puerto Rico,  señaló una serie se violaciones en las que incurrió la Policía en el manejo de multitudes durante el Paro Nacional de 2017, como que los agentes no emitieron una alerta a los manifestantes por altoparlante para advertir sobre el uso de gases lacrimógenos, tal como establece la política de la Reforma de la Policía. 

Tampoco tenían personal médico disponible para atender a los afectados por los gases. 

Además, muchos de los policías no estaban identificados.  Incluso, miembros de la ACLU destacaron que algunos integrantes de la Unidad Especial de Armas y Tácticas  (SWAT) tenían la insignia del personaje PUNISHER (una calavera), algo que incita a la violencia bruta sobre la población. Esta acción fue rechazada  en aquel momento por la misma exsuperintendente de la Policía,  Michelle Hernández.