La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, se reuniría en estos días con el Ejecutivo y con el liderato legislativo para discutir las  objeciones  al proyecto que se cuaja de reforma contributiva.

En tanto, el secretario de la gobernación, Raúl Maldonado, y el secretario auxiliar de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, Francisco Parés,  sostuvieron ayer un “conference call” con asesores legislativos y de la JSF sobre la medida tributaria, aprobada el jueves con enmiendas en el Senado.  Se espera que la Cámara concurra con las enmiendas senatoriales. De lo contrario, la medida iría a comité de conferencias.

El viernes Jaresko le envió una carta al gobernador, Ricardo Rosselló, y a los presidentes de las Cámaras Legislativas advirtiéndoles que la reforma contributiva no estaba alineada con los parámetros establecidos en el Plan Fiscal aprobado.

La JSF advirtió que la pieza legislativa no era  cónsona con los parámetros implementados en la reforma contributiva federal y también cuestionó la manera en que se pagaría por los recortes y corridas (sustitutos) de artículos en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.

“Como siempre, estamos proveyendo la información requerida por la JSF para validar los beneficios que brinda la reforma contributiva al pueblo, manteniendo un proyecto neutro dentro de los requisitos del plan fiscal", indicó Maldonado en declaraciones escritas.

El gobernador, por su parte, defendió ayer la reforma contributiva y advirtió a la JSF que continuará adelante porque es un asunto de política pública.

Rosselló aseguró que veía que “las medidas de la reforma contributiva cumplen. No tan solo cumplen, recaudamos más de lo que se requiere para pagar. Se cumple con tener el amortiguador que también solicitan. Así que pudiéramos ir adelante”.

Rosselló afirmó que la “la mayoría de las objeciones” que tiene la JSF “ya se las habíamos contestado”.

Fue enfático en que, si bien el ente federal “solicita que se ponga” elementos de política pública adicionales, “les reitero, nuevamente, quien establece la política pública es el gobierno, no es la Junta de Supervisión Fiscal. Así que le agradecemos sus recomendaciones, pero la reforma va como la hemos establecido”.

Asimismo, el gobernador abordó el polémico tema de la videolotería, que también cuestionó la JSF.

“Ellos hacen un reclamo de que va a afectar otras áreas, y los recaudos que vendrían de la videolotería serían de otra parte. Creo que tienen que demostrar esa moción, y nuestro equipo y el equipo de la Cámara y el Senado tiene que demostrar lo opuesto”, dijo.

Rosselló reiteró que “nosotros hemos sido conservadores con esto, para cumplir, y para que no exista excusa, que no sea un capricho de política pública u otra cosa, que no exista excusa de poder implementar esto”.

“Que se recuerden que la implementación de esta reforma contributiva lo que hace es que ayuda a crear más empleos, ayuda a que la gente salga de la economía informal a la formal, ayuda a que nuestra economía crezca, le mete al bolsillo a los puertorriqueños sobre $2,000 millones al plazo de cinco años, impacta teniendo entre $300 a $2,000 en el bolsillo adicionales con el bono al trabajo, impacta a toda la clase trabajadora que compra en establecimientos pequeños comida y a esos pymes que son la mayoría también reduciéndole la sobretasa al IVU”, insistió el gobernador.

“Así que esto es una medida que es de beneficio al pueblo. Confío en que podemos llegar a una conclusión que sea de beneficio al pueblo de Puerto Rico y que no se obstaculice por alguna consideración alterna”, añadió.

A pesar de exponer sus diferencias con la JSF, Rosselló dejó la puerta abierta a posibles negociaciones.

“El que tenga diferencias y las establezca claramente y que diga lo que voy a hacer y no voy a hacer, no me va a impedir sentarme en una mesa a buscar soluciones”, afirmó.