El gobernador Ricardo Rosselló dijo ayer que en los próximos cien días su administración tiene que desarrollar “varios protocolos” para evitar una reducción de jornada de los empleados públicos y eliminar el Bono de Navidad.

Rechazó sin embargo, que como parte del plan fiscal, su gobierno considere aumentar impuestos, salvo a los cigarillos.

“Va a haber un esfuerzo de reducción de gastos y de los recaudos, pero no va haber aumento en impuestos… Hay una medida y asumo esa responsabilidad que es el aumento al impuesto a los cigarillos”, afirmó el mandatario en entrevista con Primera Hora, en La Fortaleza.

“La gran mayoría de los mecanismos de recaudos que hemos puesto van a hacia las multas. No hay una medida que vaya en contra del pueblo de Puerto Rico”, indicó Rosselló y añadió que los próximos cien días de su gobierno “son de acción y retos”.

Sostuvo que un alza en las tasas del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), no es parte de su plan fiscal y recalcó que eso le toca a los municipios. “Lo que es parte de nuestro plan es la reducción en los subsidios de los municipios”, dijo.

El Primer Ejecutivo indicó que el gobierno central se enfocará en las propiedades que no están tributando. “Eso nos puede allegar cientos de millones de dólares. Estamos dispuestos a trabajar para que los municipios puedan recibir esos recursos, pero lo cierto es que no se contempla un aumento en las tasas. Ese aumento en la tasa sería decisión del municipio, si así lo quieren hacer, pero del gobierno central no lo es”, indicó.

Dijo que hay cientos de millones de dólares solamente por concepto de propiedades “que son invisibles al CRIM hoy día”, unas que “no deben estar exentas, otras que no tienen visibilidad y aquellas que han perdido permisos que no se han actualizado”.

“Hay muchos retos en este gobierno, no solamente uno en particular”, respondió a la pregunta de si la huelga en la Universidad de Puerto Rico (UPR) es el problema mayor de su administración en estos momento”.

Sostuvo que “no dejará a la UPR sola, pero dijo que respetará la autonomía universitaria y que en estos cien días “le compete a la presidenta interina y a la Junta de Síndicos someter su plan fiscal”.

“Estamos en la mejor disposición de colaborar, pero lo cierto es que esa responsabilidad recae sobre ellos.

Rosselló dijo también que evalúa la posibilidad de apelar la determinación de una jueza de primera instancia que ordenó la reinstalación de la Comisión de Auditoría de la Deuda.

“Yo estoy de acuerdo con que se audite la deuda, pero que se haga en el foro pertinente. Ahora se pretende que un comité haga esto. Otras jurisdicciones han tratado y han fracasado grandemente”, indicó. “Lo hay que tener en conciencia es el daño que pueda crear este tipo de comisión ante lo que sería la renegociación de buenos términos de la deuda”, dijo.

Rosselló atribuyó al status colonial de la Isla, los jugosos contratos que ha otorgado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en medio de la precariedad que vive el País.

Sobre sus primeros cien días de gobierno dijo que siempre habrá personas que favorecen y otros que se oponen, “pero los compromisos los cumplimos”.

Reclamó haber convertido en ley unos 21 proyectos y haber emitido unas 29 órdenes ejecutivas que han resultado “en un ahorro de gastos significativo”. Además, dijo que pudo tener un plan fiscal certificado ante la JSF “que pocos esperaban que podía ocurrir, basado en nuestro Plan para Puerto Rico y hemos podido renegociar los términos de la deuda del crédito de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ahorrándole al pueblo de Puerto Rico $1.5 millones sobre la transacción que había establecido Lisa Donahue”.

Añadió que el plan fiscal original implicaba más de 40 mil despidos de empleados públicos y la pérdida de acceso a servicios de salud de más de 700 mil puertorriqueños.