El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó este martes el Proyecto de la Cámara 2112 para centralizar las compras en el Gobierno de Puerto Rico mediante una sola Junta de Subastas, a fin de lograr ahorros millonarios al adquirir mayor volumen de bienes y servicios a mejores precios.

 Dicho proyecto -el cual crea la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019- es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, según un comunicado difundido por La Fortaleza, sede del ejecutivo.

 Rosselló agregó que esta nueva política pública "producirá ahorros de casi 77 millones de dólares para el 2020, mientras que la centralización del proceso permitirá la eliminación de cerca de 25,000 contratos duplicados".

 La ley dispone que ningún miembro de la Junta de Subastas podrá adjudicar asuntos en los cuales tenga algún interés personal directo o indirecto; o que esté relacionado a cualquiera de las partes solicitantes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

 La medida establece mecanismos de adquisición que fomentan la transparencia gubernamental y una sana competencia entre los licitadores; y adopta los mismos métodos de licitación incluidos en el Modelo de Compras del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA, en inglés), a fin de simplificar el proceso de compras.

 El Gobierno de Puerto Rico y las corporaciones públicas, salvo aquellas exentas, deberán realizar sus compras por medio de la Administración de Servicios Generales (ASG) y seguir su método y procedimiento uniforme.

 Por otra parte, aunque los municipios no están obligados a hacer sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales mediante la ASG, sí deberán adoptar los métodos de licitación y compras excepcionales, así como seguir los procedimientos establecidos al comprar y subastar bienes, obras y servicios no profesionales.

 La ley establece que en la página electrónica de la ASG se deberán publicar todos los documentos relacionados con los procesos de publicación, celebración y adjudicación de subastas de toda obra pública y adquisición mediante subasta de bienes y servicios de todas las entidades gubernamentales.

 La medida también adopta el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales, un registro electrónico en el que se harán constar los nombres, direcciones y toda información que requiera la ASG sobre las personas naturales o jurídicas cualificadas y clasificadas como proveedores de servicios profesionales por la ASG para contratar con el Gobierno de Puerto Rico.

 De igual forma, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 1327, de la autoría de los senadores Migdalia Padilla y Larry Seilhamer.

 Dicha medida extiende el plazo que tiene la Oficina de Gerencia y Presupuesto para evaluar solicitudes de prerretiro hasta el 1 de agosto de 2019, conforme a la Ley 211-2015.

 Asimismo, garantiza la liquidación de los balances acumulados de licencia de vacaciones, enfermedad y tiempo compensatorio que tenga el participante en un periodo de 24 meses luego de que se apruebe la solicitud de prerretiro.

 A su vez, el proyecto permite a aquellos participantes mayores de 61 años que puedan participar del Programa de Prerretiro, siempre que no estén participando de otro programa de retiro.