Ponce. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares justificó hoy la destitución de varios integrantes de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAICP), con el argumento de que necesita gente de confianza para ejecutar la política pública que le lleve a cumplir con las disposiciones de la ley federal PROMESA.

En su carta a los destituidos, el mandatario novoprogresista señaló que su determinación está sustentada por la Ley para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico. Hoy reiteró esa posición.

“Las acciones que estamos tomando son por una razón muy sencilla. PROMESA faculta al gobernador y al gobierno a tener responsabilidad para ejecutar un plan fiscal. ¿Cómo un gobierno y un gobernador van a ejecutar un plan fiscal si no tienen las personas que van a correr ese plan fiscal que sean de la confianza del gobierno en esas posiciones?”, expresó Rosselló Nevares hoy, miércoles, en una conferencia de prensa donde se anunció el inicio de la construcción del Hotel Marriot Starwood Aloft en Ponce.

La CAICP fue creada por virtud de la Ley 97 de 2015 y sus integrantes fueron nombrados por la Legislatura. El representante Manuel Natal, del opositor Partido Popular Democrático, planteó que Rosselló Nevares no puede sacar a nadie de ese cuerpo  porque viola la separación de poderes.

"Los nombramientos de la Comisión de Auditoría fueron realizados por la Rama Legislativa, según dispuesto en la Ley 97-2015. La Rama Ejecutiva no puede destituir nombramientos realizados por la Rama Legislativa. Este proceder representaría una clara violación a nuestra Constitución y al principio de separación de poderes", expuso Natal.

Entre los destituidos figuran el líder sindical Roberto Pagán, representante del sector cooperativista, constitucionalistas, el director del Instituto de Estadísticas, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento y profesores de economía y estadísticas.

La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés) estableció una Junta de Control Fiscal que tiene dominio absoluto sobre las finanzas del gobierno local. Uno de sus mandatos al gobierno puertorriqueño es la presentación de un plan fiscal, lo que debe hacerse a más tardar el 31 de enero.

La administración de Rosselló Nevares pidió 45 días adicionales para entregarlo, pero la junta no le ha respondido si se los otorgará. La junta compuesta por siete personas no electas por los boricuas se reunirá nuevamente en Puerto Rico este sábado.