El fallo de la jueza federal Laura Taylor Swain en el sentido de que la entidad de control al Ejecutivo de San Juan, reafirma la condición colonial de Puerto Rico, deja claro que el Congreso tiene poder plenario para rehacer el gobierno del territorio como lo considere conveniente sin el consentimiento de los gobernados y va en contra de la voluntad de los puertorriqueños en las urnas en 2012 y 2017.

Así se expresó hoy el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a través de su cuenta en la red social Twitter, ante la decisión de Swain, quien está a cargo del proceso de reestructuración de la deuda de 70,000 millones de dólares del País.

"Si bien nadie debería sorprenderse con esto después de la decisión en 2016 de Sánchez Valle, es una realidad repulsiva para los valores para los valores fundacionales de Estados Unidos. Y va en contra de la voluntad de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico expresada en 2012 y 2017", agregó.

Además opinó que a "pesar de que es necesario completar la reestructuración de la deuda y la estabilización fiscal de Puerto Rico bajo PROMESA, para que Puerto Rico se recupere completamente y sea próspero, el Congreso debe terminar con el estatus territorial desigual y antodemocrático".

Por último, afirmó que esto representa un asunto pendiente en la democracia estadounidense y debe resolverlo respondiendo a la voluntad libremente expresada por los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico en apoyo a la igualdad, a través de la estadidad".

La determinación de la magistrada divulgada ayer establece que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respeta la Carta magna del país norteamericano, del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, lo que concede a la isla caribeña cierto grado de autonomía pero lo supedita a su Congreso.

El fallo de Taylor Swain responde a una demanda del fondo de inversión Aurelius Investment en nombre de un grupo de acreedores que entendían que la JSF vulneraba la Constitución del país norteamericano, ya que el nombramiento de los miembros, argumentaban, no respetó los procedimientos al no tener como origen la designación del presidente y la correspondiente confirmación del Senado de Estados Unidos.

La jueza determinó que el poder del Congreso en Washington sobre sus territorios, entre los que se incluye Puerto Rico, permitió nombrar los miembros de la JSF sin cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.

La magistrada matizó además que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) establece que la JCF es una agencia del Gobierno de Puerto Rico y no federal.