El gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy que el gobierno de Puerto Rico se acogerá a la protección del Título III de la ley federal PROMESA, que implica una protección similar a la de la ley de quiebra.

"Tomé la decisión de solicitarle a la Junta (de Supervisión Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para trabajar de forma estructurada en el pago de la deuda bajo de los parámetros del plan fiscal", dijo Rosselló en conferencia de prensa desde La Fortaleza.

“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar  es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño”, sentenció el primer ejecutivo.

La Junta aceptó el pedido, indicó el gobernador, pero no pudo precisar en qué tribunal se vería esta petición bajo Título III.

El gobernador dijo que hacía eso en momentos en que ya se han radicado diversas demandas en contra del gobierno, que incluso reclamaba todo el dinero en las arcas del Departamento de Hacienda.

“Mientras el Gobierno de Puerto Rico se mantiene con la intención de dialogar y negociar de buena fe con los acreedores, la reciente expiración de la moratoria impuesta por PROMESA contra la aplicación de la responsabilidades de los reclamos de los acreedores dicta que el mejor curso de acción para el Gobierno es entrar en el Título III con el propósito de ajustar sus deudas a un nivel sostenible consistente con el Plan Fiscal”, sostuvo el mandatario.

“Es mi deseo que los procesos del Título III del Gobierno aceleren el proceso de negociación llevando el mayor consenso posible con los acreedores y alcanzando, donde sea necesario, una resolución judicial rápida y eficiente de cualquier asunto o disputa”, concluyó Rosselló Nevares.

El gobernador reiteró que con esta medida se garantiza la continuidad del pago a los empleados y suplidores del Gobierno.