Rosselló advierte a estados sobre el problema fiscal de Medicaid en la Isla
Afirmó que no atender esa situación podría costarle caro tanto al programa federal como a los estados a los que emigrarían los boricuas.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
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El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, advirtió que si el Congreso no atiende el precipicio fiscal del programa Medicaid en Puerto Rico, los estados pudieran tener un impacto de al menos $26,000 millones en el costo de este programa en los próximos años, sin contar el impacto en el fisco a nivel federal debido a la ola migratoria de puertorriqueños que terminarán solicitando servicios de salud en otras jurisdicciones estadounidenses.
La advertencia del gobernador se dio durante una reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) con el secretario de Salud federal, Tom Price, y la administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), Seema Verma.
“Entre 2006 al 2016 más de 440,000 ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico se mudaron a los estados, motivados por tener un deseo de trato igual que el resto de ciudadanos americanos en los Estados Unidos”, afirmó Rosselló, añadiendo que la mudanza de puertorriqueños a los estados afecta también a la Isla porque reduce la base de contribuyentes, erosiona la base de consumidores y atenta contra la fuerza trabajadora de la Isla, todos elementos cruciales para la reactivación económica de Puerto Rico.
El gobernador exhortó a sus homólogos a apoyar la inclusión de Puerto Rico en las discusiones de la reforma de salud estadounidense. Recordó que, en la actualidad, la versión del Senado de Estados Unidos de esta medida no considera a Puerto Rico por lo que el apoyo de los gobernadores es crucial para la Isla.
El gobernador aprovechó además su participación en el foro “El futuro del sistema de salud” para resaltar los trabajos de su Administración para estabilizar la crisis económica de Puerto Rico al operar un Gobierno fiscalmente responsable.