La senadora Joanne Rodríguez Veve anunció hoy que llevará a vistas públicas un proyecto de ley (P.S. 495), de su autoría, que busca establecer que en los casos en que una menor de 18 años pueda consentir a practicarse un aborto se requiera autorización de al menos uno de sus padres o custodios legales.

La medida fue radicada por Rodríguez Veve el 22 de julio de 2021 y desde agosto de ese año se encontraba referida a la Comisión de Vida y Familia, que la senadora preside.

Rodríguez Veve junto con su homóloga del Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie Burgos Muñiz, anunció que las vistas públicas comenzarán el próximo 2 de mayo y continuarán los días 4, 9 y 15 de mayo.

“Este es un tema que genera grandes controversias. No hay la menor duda que este tema genera y va a continuar generando debate en Puerto Rico”, dijo en conferencia de prensa en el Capitolio. En noviembre pasado, otro proyecto (PS693) que limitaba las terminaciones de embarazo a partir de las 22 de semanas de gestación, que impulsaba Rodríguez Veve con legisladores populares y novoprogresistas, fue engavetado en la Cámara.

La senadora indicó que jurisdicciones en Estados Unidos requieren que los progenitores o custodios legales estén involucrados en todo el proceso conducente a la terminación de un embarazo. “De esta forma, no solo se busca asegurar que la menor sea guiada, ayudada y acompañada por quienes tienen el deber de procurar su mejor bienestar, sino que, además, con ello se busca prevenir y combatir el abuso sexual de menores”, expresó.

“El aborto provocado, práctica que implica la terminación voluntaria de la vida humana en desarrollo, es una decisión permanente e irrevocable. Conscientes de las implicaciones tanto físicas como psicológicas que puedan arrastrar las jóvenes a través del resto de sus vidas como consecuencia de un aborto, el Estado debe procurar, como lo hace para procedimientos médicos de menor impacto y riesgo, que una menor no tome este tipo de decisión sin la intervención de sus padres o custodio legal”, reclamó por su parte, la representante Burgos Muñiz.

Las legisladoras mostraron estadísticas de la Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo del Departamento de Salud que indican que, en 2021, en clínicas de terminación de embarazos se practicaron unos 300 abortos a menores de 18 años y en 2022, otros 268.

Indicaron que actualmente 12 estados de los Estados Unidos prohíben el aborto totalmente, 24 estados requieren algún tipo de intervención por parte de los padres o custodios legales en el proceso decisional de una menor de edad de someterse a un procedimiento de aborto.

También dijeron que la medida establece que en los casos en que la menor no cuente con el consentimiento de al menos uno de los padres para practicarse un aborto, puede acudir con su reclamo al tribunal y en el caso en que una menor de 18 años desee seguir con su embarazo, no podrá ser obligada “por sus padres o persona alguna a realizarse un aborto”.

Las vistas públicas serán presididas por Rodríguez Veve y los citados son Clínica Darlington Medical Associates, Women Medical Pavilion, Clínica Iella, Clínica Planificación Familiar, doctor Alberto de la Vega, del Hospital Universitario, American Civil Liberty Union (ACLU), licenciado Carlos Pérez, Departamentos de Salud, Familia y Justicia, Negociado de la Policía, Proyecto Matria y Aborto Libre, entre otros.

Objetan la medida

“Este proyecto no es nada nuevo, es otro del paquete de Proyecto Dignidad para restringir el derecho al aborto. Me reafirmo en mi postura de que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, incluso cuando es menor de edad”, reaccionó el senador y salubrista, José “Chaco” Vargas Vidot.

El legislador independiente indicó que “es momento de legislar y redirigir la política pública a temas como el sinhogarismo, la licencia de paternidad y maternidad subrogada, derechos de confinados, derechos de la clase obrera, acceso a servicios de salud mental, crisis ambiental y otros más que ameritan la atención y acción legislativa de inmediato”.

“Este es un proyecto radicado por la senadora de Proyecto Dignidad hace casi dos años. Desde entonces está en la comisión que preside sin que se le hubiera dado tracto legislativo alguno. Hoy lo resucita para traer una vez más su discurso de que hace falta regular el aborto en Puerto Rico, cuando reiteradamente la clase médica ha dicho que no hay ninguna crisis que atender y que este proceso está ampliamente reglamentado. Al parecer no quiere entenderlo porque esta es su manera de mantenerse “relevante” en la discusión pública. Es tratar de imponer maternidades no deseadas en menores de edad”, indicó por su parte la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

Agregó que “es otro intento más de atentar contra los derechos de las mujeres que tendremos que combatir, habiendo tantas crisis reales en Puerto Rico.”

La senadora popular Migdalia González, quien preside la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, indicó que el PS 495 “”nuevamente intenta restringir los derechos de las mujeres”.

“Este proyecto al igual que el PS 591 (relacionado al aborto) que estuvo bajo mi consideración impone cargas indebidas que pretenden limitar el acceso de las mujeres a estos procedimientos. El proyecto impone requisitos excesivos particularmente en los procesos judiciales alternos haciéndolos complicados e intimidantes”, sostuvo para agregar que en situaciones anteriores “hemos visto que el Senado está dividido en esos temas, no obstante…son situaciones que debemos analizar con detenimiento”.