El representante a la Cámara José “Cheito” Rivera Madera dijo hoy que enfrentará “con tranquilidad” el proceso investigativo de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), organismo que le asignó dos fiscales especiales por, presuntamente, manifestarse en contra de la instalación de una antena de telecomunicaciones en el barrio Indios, en Guayanilla, el pasado 10 de mayo.

“Como he dicho anteriormente, esta es una acusación infundada, llena de falsedades y con una finalidad político partidista con la que buscan manchar mi nombre ante una elección en el Distrito 23 que saben que no pueden ganar con votos”, dijo Rivera Madera al reaccionar al anuncio del OPFEI de acoger la recomendación del Departamento de Justicia de iniciar un proceso legal en su contra.

Rivera Madera, del Partido Popular Democrático (PPD), representa el distrito 23, que comprende los municipios de Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Ponce y aspira a la reelección.

La investigación fue asignada a los fiscales especiales Emilio Arill García e Ileana Agudo Calderón, cuya designación fue cuestionada por Rivera Madera junto al presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz González y otros legisladores populares que alegan que la abogada trabajó hasta hace unas semanas como asesora legal en una oficina en el Capitolio.

Rivera Madera fue arrestado mientras protestaba junto a otros manifestantes en el sector San Germán del barrio guayanillense por, presuntamente, intentar detener el paso de camiones de la empresa Elite Tower al área de construcción de la torre de telecomunicaciones.

El legislador se reafirmó en que la madrugada del 10 de mayo se personó al área de construcción de la antena tras ser alertado por residentes del sector sobre la presencia de camiones y maquinaria pesada que realizaba trabajos de depósito de hormigón en el lugar. Dijo que cuando llegó al área de la construcción había un contingente de policías estatales y que uno de los oficiales le indicó que la compañía tenía los permisos para trabajar.

“Creo que por decirle que para trabajar a las tres de la madrugada debían presentar un permiso especial y solicitar que me mostraran copia del permiso, procedieron a arrestarme”, reclamó Rivera Madera en conferencia de prensa en la sede del PPD, en San Juan. Además, de Ortiz González, le acompañaban los legisladores Héctor Ferrer Santiago y José “Cony” Varela Fernández, así como otros funcionarios de la colectividad.

Rivera Madera dijo que contestará “uno a uno lo señalamientos que hace la parte querellante y demostraremos en el transcurso del tiempo que no contaban con la autorización para trabajar a las 3:00 de la madrugada con camiones gigantes de cemento, que nunca hubo falta de respeto alguna o violación de ley”.

Sostuvo que el incidente se produjo la madrugada del 10 de mayo y al día siguiente, la Comisión para el Desarrollo del Suroeste, que preside el representante Ángel “Tito” Fourquet Cordero, había convocado a una vista pública en la que se evaluaba los permisos de la compañía para construir la antena.

El representante Ferrer Santiago dijo que en las redes sociales ha surgido que la fiscal Agudo Calderón “hasta hace unos meses” estuvo destaque en una oficina legislativa.

Agudo Calderón trabajó en destaque en la oficina del senador William Villafañe Ramos desde 2021 hasta el pasado 31 de julio, confirmó el oficial de prensa del Senado, Ángel Rául Matos.

“¿El OPFEI no es una oficina independiente?, ¿cuáles son las evaluaciones que hace? No quiero pensar que se esté utilizando al Estado para perseguir a un representante por hacer su trabajo y que se utilice como maquinaria de un partido político”, cuestionó el representante Ferrer Santiago, quien ha sido un crítico del desempeño del OPFEI y ha propuesto legislación para reestructurar el organismo creado por ley en 1988 para encausar a funcionarios públicos entre ellos, gobernadores, jefes de agencias, legisladores y alcaldes.

Ortiz González dijo por su parte, que sobre la construcción de la antena pesan señalamientos sobre el otorgamiento de permisos, de que se podría afectar un humedal y del rol de la agencias fiscalizadoras. “Aquí hay que mirar la actuación del gobierno, sobre quién están poniendo el peso”, indicó.

Según la investigación del Departamento de Justicia el teniente Edgardo Irizarry Velázquez se movilizó con su equipo de agentes hacia el lugar de la protesta para acordonar el área, les indicó a los manifestantes que los constructores contaban con los permisos para la construcción y que les apercibió de que podrían infringir el artículo 200 del Código Penal, que tipifica la obstrucción o paralización de obras de construcción. A Rivera Madera se le imputa traspasar el área acordonada sin autorización.