Sustituir el sistema actual por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con salvaguardas que protejan a sectores vulnerables como las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y someter al Departamento de Hacienda (DH) a una reestructuración profunda encabezan las recomendaciones que este domingo hizo la Cámara de Representantes al Ejecutivo como anticipo de lo que será la reforma contributiva. 

A días de que el Ejecutivo presente el proyecto con los cambios al sistema tributario y luego de cuatro vistas públicas alrededor de la Isla, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, presentó el informe de la Comisión Especial para el Estudio del Sistema Contributivo, que aunque no recomienda una tasa específica para el IVA, sí sugiere que los medicamentos recetados y los alimentos no preparados estén exentos del gravamen. 

Al detallar el contenido del documento en presencia del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, Perelló, quien también encabezó la comisión especial, insistió en que existe un consenso en que Puerto Rico debe implantar el IVA en sustitución del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU), aunque reconoció que hay preocupación sobre la transición de un modelo al otro y la facultad fiscalizadora del Gobierno.

“Si el Departamento de Hacienda (DH) tiene los elementos, tiene la tecnología, tiene la gente adiestrada, puede funcionar el IVA como está diseñado. Si eso no funciona en un punto de la cadena, sí, el resultado puede ser contrario a lo queremos. Por eso, hemos dicho que no vamos a aprobar parchos o cosas a medias”, sentenció el líder cameral durante una conferencia de prensa. 

Enfatizó en la reestructuración del DH, y como parte de ese objetivo, dijo que se debe crear una nueva división en la agencia con facultades autónomas para recolectar y cobrar los impuestos de manera similar a lo que es el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) en Estados Unidos.

Además, indicó que será necesario reforzar la plantilla del DH trasladando personal de otras agencias hacia el área de fiscalización según permiten algunas leyes especiales de reciente creación, y recabó que el sistema que se implemente con el IVA utilice tecnología cuya efectividad haya sido comprobada en alguno de los 160 países que, según dijo, ya cuentan con ese modelo contributivo.

Según Perelló, el cambio del IVU hacia el IVA podría tomar entre 18 y 24 meses. Mientras, Zaragoza estimó que reestructurar el DH también podría extenderse por casi dos años.

“El informe tiene dos grandes beneficios para nosotros, uno, nos da el insumo de diferentes sectores, y eso para nosotros es crítico porque este tipo de legislación tan significativa no se puede hacer en el vacío, y dos, me parece que hay un consenso de que el pueblo necesita y reclama una transformación, no solamente del sistema, sino del DH, y eso me da tranquilidad porque a medida que la gente reconozca eso, ese es el primer paso para aceptar el cambio”, enfatizó el titular del DH. 

Aún se desconoce qué recomendaciones, si alguna, acogerá el Ejecutivo de la propuesta cameral, pues Zaragoza dijo que recibió copia del reporte momentos antes de la rueda de prensa. El secretario comentó, sin embargo, que tras revisar su contenido brevemente, confirmó que muchas de las preocupaciones a las que alude fueron contempladas durante el análisis del Gobierno.

Calculó que la transición al nuevo sistema contributivo costaría entre $25 millones y $50 millones, que tendrían que asignarse en el próximo presupuesto.

Además de las Pymes, el informe de la comisión especial, que toma como modelo el sistema contributivo chileno, señala a las personas de edad avanzada, la industria de servicios educativos, los medicamentos, alimentos y las personas de escasos recursos como sectores que generan preocupación respecto al impacto que podría tener el IVA en ellos.

Sobre los comercios más pequeños, el documento recomienda que se elimine la contribución sobre la propiedad mueble sobre los inventarios debido al efecto que tiene en los productos de reventa, e incluso plantea la posibilidad de que se permita a este sector postergar por determinado tiempo el pago del IVA mientras el sistema opera por completo y que se exima del pago de ese cargo a las microempresas.

“Si la Pyme no logra vender el bien antes de tener que cumplir su obligación con el fisco de remitir el IVA, ve reducido su margen de ganancias en general porque, de su liquidez, si la posee, debe satisfacer la obligación”, señala el informe al referirse al modelo del IVA en el que cada miembro de la cadena de distribución tiene que pagar el impuesto primero y luego recupera su aportación a manera de crédito o con la venta del producto. 

“En el supuesto de que la Pyme no haya podido vender los bienes y no disponga del dinero para pagar al fisco el IVA, tendría que optar por una línea de crédito o incluso cerrar su negocio”, reconoce el escrito firmado por Perelló.

Como parte del trámite legislativo que concluyó con la radicación del informe, la comisión especial de la Cámara de Representantes celebró vistas públicas y ejecutivas en San Juan, Hatillo, Aguada, Humacao y Ponce, en las que participaron sobre 24 deponentes, que incluyó al economista José Alameda, el presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós, y representantes de la Asociación de Agricultores, del Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Hoteles y Turismo, la Asociación de Farmacias, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, entre otros. 

El gobernador Alejandro García Padilla ha anticipado que presentará el proyecto sobre la reforma contributiva a más tardar el 15 de febrero, y entonces la Comisión cameral de Hacienda, que encabeza el representante Rafael Hernández Montañez, comenzaría el análisis formal de la propuesta legislativa.