Aunque en los pasados días mostró resistencia a medidas más restrictas para frenar el azote de contagios que hay con un repunte sin precedentes de coronavirus, finalmente, el gobernador Pedro Pierluisi tomó acciones contundentes, en particular, al suspender la presencia de unas 10,000 personas a un evento de Despedida de Año en el Distrito T-Mobile que ahora se celebrará virtual y al hacer obligatoria la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 a toda persona que labore en los sectores de salud y educación en Puerto Rico.

Este último mandato por decreto del Primer Ejecutivo entrará en vigor el 27 de diciembre y coloca a la isla a ser la primera jurisdicción de Estados Unidos en aplicar una medida que cambiaría para algunos grupos la definición de persona “completamente vacunada”, un término que por disposición de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aplica a las personas que han recibido dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna o la unidosis de la vacuna de Johnson & Johnson (J&J). En los CDC han sido tímidos para establecer un nuevo estándar en el estatus de vacunación, aunque la doctora Rochelle Walensky, directora del organismo, ha dicho que “con el tiempo” podría actualizarse la definición.

Desde la comunidad científica en Puerto Rico aplaudieron la decisión de Pierluisi, precisamente, porque estudios a nivel local e internacional señalan que el llamado “booster” de la vacuna no es opcional, sino más bien una acción trascendental para proteger a la población de infecciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas del “COVID prolongado”. Asimismo, es una pieza clave para proteger a las personas de la nueva variante circulante y predominante en Estados Unidos y otros países: la Ómicron.

“Es una decisión basada en la ciencia. Estudios cientificos de la Coalición y la comunidad científica internacional demuestran que los refuerzos protegen de infecciones, hospitalizaciones y muertes y esto es importante en el contexto de Ómicron. Ahora más que nunca tenemos que tomar decisiones para evitar que las personas enfermen porque la mayor incertidumbre con este repunte histórico es que no sabemos cómo se verá reflejado en hospitalizaciones y letalidad. Esto es tan nuevo, tenemos que recordar que llevamos con Ómicron en el mundo apenas unas semanas, entonces no sabemos cuáles son sus manifestaciones clínicas. Y en salud pública uno anticipa y es precavido. Es mejor ser conservadores a ser liberal y percatarse tarde que se subestimó una emergencia de salud pública”, sostuvo Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica que asesora al gobernador para enfrentar la pandemia del COVID-19 y profesor de Neurociencia y Biología Celular en la Universidad de Yale.

No es opcional

Según el comunicado emitido por Pierluisi, el decreto de obligatoriedad de refuerzo aplica a personas que trabajen en instalaciones del sector de la salud -independientemente de sus funciones- así como a personal docente, personal no docente y contratistas de escuelas, centros educativos y universidades, ya sean públicas o privadas. Para el 15 de enero -en menos de un mes- las personas aptas para recibir la “tercera dosis” deben estar inoculadas. La misma es una primera etapa de un esfuerzo en el que se le requerirá el “booster”, posteriormente, a trabajadores de otros sectores.

“Esto es un gran paso si tenemos interés de mantener las escuelas abiertas en enero. Y si queremos mantener a los maestros protegidos y a nuestros niños protegidos, el momento de acudir a buscar ese refuerzo es ahora. Sin embargo, todavía es muy pronto para saber si la educación debe permanecer presencial o virtual porque con Ómicron todo puede ocurrir y ya vimos esta subida vertiginosa. Es cuestión de estar pendiente a muchos factores y estaremos emitiendo recomendaciones. Pero siempre para nosotros la educación será primero”, acotó Colón Ramos.

Según datos del Departamento de la Salud, en Puerto Rico se vacunaron en la fase primaria contra el COVID-19 (dos dosis) sobre 55,000 empleados de escuelas públicas y colegios. Mientras, el estimado de profesionales de la salud en la Isla es 140,000 que corresponden a 40,000 trabajadores de hospitales y 100,000 trabajando en oficinas, clínicas, Centros de Diagnóstico y Tratamientos (CDT) y otras oficinas de atención médica.

“Tras una encuesta que se realizó en marzo de este año, demostró que el 90 por ciento de los profesionales de la salud se habían vacunado. Hay que destacar que son números estimados”, explicó a este diario Lisdián Acevedo, portavoz de prensa de Salud.

“Debido a la naturaleza de su trabajo y porque fueron quienes primero tuvieron acceso a las vacunas, he tomado la decisión de comenzar con estos dos sectores. En la etapa de contagios que enfrentamos actualmente, es imperativo reforzar nuestro sistema de salud para permitir la continuidad de estos servicios y que su personal esté disponible para atender cualquier emergencia”, señaló en un comunicado de prensa Pierluisi, quien había sido abordado recientemente y en varias instancias por Primera Hora sobre el tema y siempre respondía que “por el momento” no consideraba hacer obligatorio el refuerzo.

Seguirían los primeros respondedores

A juicio de Colón Ramos los próximos en turno serían los policías, bomberos, manejadores de emergencia y otros empleados que caen en el grupo de los llamados “primeros respondedores”.

Actualmente, en Puerto Rico hay 1.2 millones de personas aptas para ponerse el booster. “De estos tenemos un 60% que necesitan esa dosis adicional ya sea porque nunca se pusieron la segunda dosis o porque necesitan el refuerzo”, acotó Colón Ramos.

“Empezaron por los maestros y los profesionales de la salud, pero eventualmene la gente tiene que entender que esto debe ocurrir en todos los grupos de edad y profesiones. De hecho, ya la gente de 16 años en adelante puede acudir a ponerse el refuerzo si pasaron más de seis meses desde que se pusieron las primeras dos dosis. Otra cosa es que estamos planteando desde la Coalición que la dosis de refuerzo se exija en eventos multitudinarios. Al momento el gobernador no ha dicho nada sobre eso, pero poco a poco ha ido escuchándonos y acogiendo las recomendaciones y eso es bueno”, expresó por su parte el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos.

De presencial a virtual

De hecho, sorpresivamente ayer el gobernador anunció que el evento de Despedida de Año en el Distrito T- Mobile, el cual reuniría unas 10,000 personas, será virtual debido al repunte de contagios provocados por Ómicron, una variante que ha disparado los casos en la isla donde la noche del miércoles la tasa de positividad era 17.3%. Para el 8 de diciembre la cifra porcentual era de un 2.1%.

En un comunicado Pierluisi explico que el evento se llevaría a cabo sin público y que no se afectaría la tranmisión desde del especial Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve de la cadena ABC y en la que participará el exponente urbano Daddy Yankee.

Profesionales de la salud, incluyendo a la Epidemióloga del Estado, Melissa Marzán, habían advertido sobre el riesgo de la actividad. De hecho, el secretario de Salud, Carlos Mellado, propuso que la actividad fuera virtual o se buscaran otras alternativas para evitar la aglomeración. Pierluisi había sido cuestionado sobre el particular en los pasados días, pero defendió el evento diciendo que se habían tomado otras medidas para minimizar riesgos de contagios. Hizo referencia a que la actividad estaba destinada a personas vacunadas, a las que también se les requeriría una prueba negativa de COVID-19 tomada 48 horas o menos antes del evento.

“Tomando en cuenta toda la situación actual, y actuando de manera prudente, he tomado la decisión de que el evento de fin de año en el Distrito de Convenciones se lleve a cabo de manera virtual para que todos en Puerto Rico y en el resto del mundo puedan disfrutarlo de manera segura. Esta decisión juiciosa y razonable no afectará la participación de artistas, ni la transmisión por televisión a más de 18 millones de espectadores a nivel nacional y mundial”, señaló Pierluisi en declaraciones escritas sobre el evento que requirió una inversión de $4.4 millones provenientes de fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA), dirigidos a estimular la economía afectada por la pandemia.

A inicios de semana el Primer Ejecutivo había firmado otro decreto, que entra en vigor hoy, miércoles 22 de diciembre, en la que establece que todos los establecimientos cerrados o abiertos que lleven a cabo actividades multitudinarias deberán requerir que todo aquel que asista a dicha actividad esté completamente vacunado y además que presente prueba negativa (PCR o antígenos) realizada 48 horas o menos antes del evento. Esto aplicaría a teatros, anfiteatros, estadios, coliseos, centros de convenciones y de actividades— y cualquier otro local en el que se celebren actividades que propicien la aglomeración de personas. Asimismo, se establece que los eventos con más de 500 invitados deben coordinarse con el Departamento de Salud.

“Se hizo lo correcto pues hay que minimizar riesgos y agradecemos que nos hayan escuchado. Este es momento además de que a nivel individual, en las familias, se reconsideren esas actividades sociales. Es una gran tragedia ver que la gente que está muriendo hoy, aquí o a nivel mundial, estaba bien hace tres semanas. En ese sentido queremos evitar que las personas que hoy están planificando una fiesta de Navidad o preparando pasteles, se encuentren en una situación penosa en un hospital dentro de tres semanas. Estas son cosas que se pueden evitar”, dijo el presidente de la Coalición.

Para aquellos que de todos modos se inclinen a festejar en grupos les recomendó minimizar los riesgos de contagios utilizando mascarillas, exigiendo a los invitados pruebas de detección y la vacuna de refuerzo y propiciando reuniones al aire libre.

Empiezan los cambios

Cabe mencionar que el 27 de diciembre entra en vigor otra orden ejecutiva vinculada al COVID-19 en la que se le exigirá a todo viajero doméstico -vacunado no vacunado- presentar una prueba negativa de coronavirus realizada 48 horas antes de llegar a la isla. Aquellos que no lleguen con prueba negativa tendrán dos días para realizarse el análisis en Puerto Rico o serán multados.

Asimismo, las personas no vacunadas que viajen a Puerto rico en vuelos domésticos también deberán ahcer cuarentena de siete días, independientemente de que entreguen o no una prueba negativa de detección del virus.

De otra parte, a partir del 27 de diciembre todos los restaurantes, barras, chinchorros, así como otros establecimientos de consumo de bebida y comida deberán requerir prueba de vacunación contra el COVID-19 o una prueba negativa realizada 48 horas o antes de acceder al comercio. De esta manera, se eliminó la alternativa de 50 por ciento de aforo para establecimientos que no requerían evidencia de vacunación o prueba negativa.