Operativos de arrestos y hasta desmayos que han cobrado notoriedad en los medios de comunicación no han logrado detener las irregularidades en los Centro de Servicios al Conductor (CESCO) durante el proceso para otorgar licencias de conducir.

Una investigación realizada por la Oficina del Inspector General (OIG) al CESCO de Bayamón, adscrito a la Directoría de Servicios al Conductor del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), reveló irregularidades en la otorgación de licencias de conducir y un posible patrón directamente vinculado a un operador, con utilización de documentos falsos.

En comunicado de prensa, la OIG reveló que la pesquisa apunta a las irregularidades que principalmente están asociadas a que un médico que no está licenciado y firmó los documentos que se requieren en el proceso sin autorización. Además, señala a un operador por supuestamente cometer fallas en el procesamiento de documentos.

Como reacción a los señalamientos, la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, afirmó que se ha iniciado un proceso administrativo para atender los señalamientos, que según alegó fueron referidos por la propia agencia al ente investigador.

“Estamos tomando acción sobre el referido que hiciéramos a la OIG ante irregularidades que detectamos en la expedición y validación de licencias en una de las oficinas de CESCO. El fiel cumplimiento de las leyes protege a los ciudadanos que utilizan nuestros servicios y particularmente a aquellos que transitan por las carreteras en la Isla. La expedición de permisos y licencias debe ser siempre un trámite abierto al escrutinio y apegado a las leyes vigentes. No vamos a tolerar que se falte a la ley y el orden”, indicó en declaraciones escritas.

Entre otras cosas, el informe de la OIG detalla que “se identificó el procesamiento de licencias de conducir a inmigrantes con posible información y licencia falsa de médico en el formulario DTOP-DIS-260, Certificación Médica para Certificado de Licencia de Conducir”.

Específicamente, se indica que, “de unas 125 transacciones evaluadas, en sesenta y cuatro (64) instancias el formulario provisto, fueron completados bajo la firma de un alegado médico autorizado a ejercer la profesión médica en Puerto Rico. No obstante, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, certificó a la OIG que la firma que aparece en los formularios no posee ni ha poseído licencia alguna que le autorice a ejercer la medicina y cirugía en Puerto Rico y que el número de licencia que se incluye no pertenece a ningún otro profesional de la salud, porque no existe en sus registros”.

La OIG identificó, además, unas 22 transacciones que fueron procesadas con la licencia de aprendizaje vencida por más de 30 días, previo a que la persona tomara el examen práctico. De éstas, 16 transacciones, igualmente fueron procesadas con información y licencia médica falsa en el formulario DTOP-DIS-260.

“La investigación realizada reveló que, existe un patrón de irregularidades en los documentos procesados, por parte un operador particular desde un terminal ubicado en el CESCO Bayamón. Durante el proceso investigativo se examinaron un total de 157 transacciones y los documentos relacionados, según fueron ingresadas y registradas en el Sistema DAVID+”.

Asimismo, los inspectores identificaron deficiencias de control relacionadas con el registro de documentos requisitos para procesar las licencias a través del Sistema DAVID+, entre otros mecanismos de control, para documentar las transacciones realizadas por cada uno de los operadores y examinar la producción realizada por éstos en el sistema.

“Ello denota las serias deficiencias en controles internos, en torno a la validación de la información provista por parte de los solicitantes de expedición de licencias de conducir en el CESCO- Bayamón. Cabe destacar que, las transacciones determinadas pudieron ser mayor, toda vez que, aparenta haber incurrido en un patrón de expedición de licencias de conducir sin cumplir con los requisitos y las normativas aplicables, que se pudo haber extendido mucho antes del periodo investigado”, se indicó en el parte de prensa.

La OIG realizó los correspondientes referidos para que las entidades que pueden procesar por las posibles violaciones identificadas evalúen los hallazgos y tomen las determinaciones que procedan en derecho.

De tener información sobre irregularidades en el uso de fondos públicos, puede comunicarse con la OIG a nuestra línea confidencial, 787-679-7979, o a través del correo electrónico a informa@oig.pr.gov.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se hacen señalamientos contra los CESCO. En el 2014, las autoridades realizaron una redada en el que detuvieron a cinco empleados y cinco gestores por irregularidades. Este operativo llamó la atención, porque una de las detenidas se desmayó.

Un año más tarde, ocurrió otro operativo del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en la que se ejecutaron 38 órdenes de arresto.

El año pasado también se procesó a un exdirector de un CESCO de Utuado, pero los cargos no prosperaron. Además, el NIE allanó la oficina del CESCO de Manatí. El resultado no se ha dado a conocer.