La oficina de la Contraloría de Puerto Rico dio a conocer los hallazgos de un informe que señala deudas por más de $23 millones con pagos atrasados en el municipio de Ponce por concepto del plan médico, seguro de desempleo y el retiro de los empleados, así como de servicios ofrecidos por consumo de energía eléctrica y agua del ayuntamiento.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que para el 21 de marzo de 2022 el municipio adeudaba $2,890,806 a una aseguradora del plan médico de los empleados municipales. Mientras, para el 30 de junio de 2021, el ayuntamiento tenía deudas de $13.7 millones con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y $2.4 millones con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El documento detalla también que se dejó de remesar más de $2 millones por concepto de Pay-Go a la Junta de Retiro y $1.9 millones al seguro del desempleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Aparentemente, el cúmulo de impagos o transferencias ocurrió bajo la incumbencia de María “Mayita” Meléndez.

“Esta situación causó que el Municipio tuviese que pagar $683,626 en intereses y recargos, hecho que agravó aún más su situación fiscal y la posibilidad de que por las deudas, los empleados no tuvieran acceso a los beneficios que tienen derecho”, reza el informe.

Tras la auditoría y los señalamientos hechos al municipio, se firmó un acuerdo de pago con la aseguradora de plan médico por el balance de la deuda acumulada.

“Se estableció un primer pago de $243,447 (10% del balance adeudado) y 27 pagos de $81,149 mensuales hasta el 30 de octubre de 2024. Además, debe realizar mensualmente el pago total de la factura corriente vencida”, dispone el documento público.

De otra parte, el Informe revela el hallazgo de una guagua de pasajeros que costó $187,777 en el 2012 y un trolley que costó $116,000 en el 2006, abandonados en un taller privado desde el 2014.

El Municipio cuenta con una flota de 556 unidades de vehículos de motor y 35 de equipo pesado.

“Además, el Municipio no mantenía los expedientes de las reparaciones y los gastos de mantenimiento de los vehículos. Estas situaciones propician el deterioro de los vehículos y que se cometan errores en los servicios de reparaciones”, se subraya en el informe.

Además, los auditores develaron que el Reglamento de Transportación no había sido actualizado con las disposiciones de la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico y con el Reglamento Municipal en los incisos sobre el uso y control de los vehículos de motor, servicios de mecánica y reparación de vehículos y sobre los cambios organizacionales y administrativos del Municipio.

El Informe publica también que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal, no ejerció su función fiscalizadora. En las tres reuniones celebradas del 2019 al 2020, no evaluaron dos informes de auditoría de la Oficina del Contralor, ni los estados financieros auditados del 2017-18 y 2018-19, y tampoco los siete informes emitidos por la Oficina de Auditoría Interna del Municipio. El expresidente de la Legislatura Municipal indicó que no se evaluaban los informes que no tenían hallazgos dirigidos a la Legislatura Municipal.

De otra parte, la auditoría emite un comentario especial sobre el proceso judicial contra el actual alcalde Luis Pabón Irizarry.

En particular, el 11 de abril de 2023 el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) emitió una resolución en la cual indica que la Contralora de Puerto Rico refirió al secretario de Justicia una comunicación que establece alegada asignación de dos funcionarios para solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza y otros empleados.

Se alega que esta acción tenía el propósito de realizar los pagos de un préstamo personal de la campaña electoral, así como otros gastos de carácter personal.

Además, se aduce la existencia de un esquema de kick back mediante el cual el alcalde asignó a otros funcionarios solicitar dinero a los empleados nombrados en el Municipio. El PFEI determinó asignar un fiscal especial independiente y un fiscal delegado para realizar la investigación de los hechos establecidos.

El Informe recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Ponce cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este primer informe de Ponce, cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.